El sistema de jubilaciones de Argentina, nacionalizado en 2008, alcanza ahora a más de 90 por ciento de las personas en edad de retiro, constituyéndose en el mayor índice de cobertura de América Latina. Pero analistas temen por su sostenibilidad.
"Desde el punto de vista social, yo rescato fuertemente el impacto de la mayor cobertura, pero el reto será sostener el sistema a mediano plazo, con 35 por ciento de trabajadores en la economía informal", comentó a IPS el experto Fabián Repetto.
Repetto es director del Programa de Protección Social del Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) (http://www.cippec.org/Main.php?do=contentShow&id=56), una entidad que advierte sobre la necesidad de preservar la continuidad del sistema.
Diversos especialistas coinciden en señalar que la expansión de la cobertura no fue producto de la decisión de poner el sistema de nuevo bajo control del Estado, sino de una medida gubernamental paralela que permitió jubilarse a personas que nunca habían aportado al sistema en su etapa activa.
El plan, que en principio se pensó para trabajadoras en el hogar y para quienes se habían desempeñado en la economía informal, consistía en recibir una jubilación y pagar los aportes que habrían correspondido de haberse efectuado en tiempo de actividad, mediante un descuento mensual durante cinco años (moratoria).
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El programa comenzó tímidamente en 2005, durante el gobierno centroizquierdista del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), y se aceleró en 2007 tras asumir su sucesora y esposa Cristina Fernández. Esto permitió que 2,4 millones de personas mayores de 60 años que nunca habían hecho aportes se incorporaran al sistema y recibieran una jubilación mensual.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó a fines del año pasado que Argentina había pasado a tener la tasa de cobertura de jubilaciones más alta de la región, con nueve de cada 10 de sus habitantes en edad de retiro percibiendo un ingreso mensual. "Mientras en 1996 se encontraban en esta situación el 69 por ciento de los adultos mayores del país, actualmente la cobertura es superior a 90 por ciento", señala el informe.
La amplitud de la cobertura es elogiada por los expertos, que consideran que los adultos mayores tienen derecho a un ingreso, pero plantea numerosas dudas de cara al futuro, cuando sean más los beneficiarios y los aportes se mantengan o mermen.
La economista Luciana Díaz Frers, directora del Programa Fiscal del Cippec, reconoce "logros valiosos" al régimen renacionalizado, pero advierte que si tiene superávit no es por los aportes de los trabajadores activos sino porque el Estado deriva una parte sustancial de la recaudación impositiva para sostenerlo.
El sistema no se autofinancia con aportes de empleados y empleadores, como cuando se creó el sistema de reparto. Según Díaz, en la actualidad 42 por ciento de los fondos para pagar jubilaciones provienen de las arcas de impuestos generales.
Además, hay otros retos que ponen en riesgo la continuidad del sistema, como la informalidad, el envejecimiento de la población y los "pasivos contingentes" por juicios que los jubilados hacen al sistema, explicó Díaz a IPS.
Cada mes son más de 1.500 las sentencias judiciales en contra del Estado a retirados por liquidaciones mal realizadas y su consecuente necesidad de actualizar los ingresos mensuales, un problema que podría subsanarse ahora que se aprobó una ley que obliga a mantener el poder adquisitivo de las jubilaciones.
Respecto del factor poblacional, un estudio realizado por Díaz subraya que en 1950, cuando se creó el sistema estatal solidario, había un jubilado por cada 10 activos que aportaban, pero ahora esa relación cayó a 4,3. El sistema tuvo "mejoras importantes" respecto del período en que era administrado por privados, aseguró la economista Mariana González, del Centro de Investigación y Formación de la República Argentina (Cifra), vinculado a la Central de Trabajadores de Argentina (CTA), de tendencia centroizquierdista y una de las dos agrupaciones que representan a los asalariados del país.
González consideró "acertada" la decisión de devolver el régimen a la órbita del Estado porque le permite a este "tener control de los recursos, garantizar estabilidad en el pago de haberes e invertir el fondo en sectores productivos, no solo financieros". No obstante, advirtió en entreivsta con IPS que para que se mantenga y se puedan mejorar las jubilaciones será necesario incrementar el fondo mediante un mayor aporte estatal o a través del aumento de las contribuciones que hacen las empresas por cada uno de sus empleados.
El sistema previsional argentino nació a mediados del siglo XX como un régimen solidario estatal de reparto mediante el cual los trabajadores activos y las empresas aportaban obligatoriamente a un fondo que se destinaba a pagar jubilaciones.
A fines de los años 80 comenzó a aumentar el desempleo y a crecer el trabajo informal que no aporta a la seguridad social- y los recursos propios ya no alcanzaban. Fue necesario entonces recurrir a parte de los impuestos generales para sostener el fondo.
Ante este panorama y en medio de la febril política privatizadora del gobierno neoliberal de Carlos Menem (1989-1999), se creó en 1994 un sistema mixto por el que los trabajadores podían optar entre seguir aportando al sistema estatal de reparto o afiliarse a una administradora de fondos de jubilaciones y pensiones (AFJP) privada.
Las AFJP, vinculadas casi siempre a bancos y financieras, cobraban al trabajador comisiones superiores a 30 por ciento de sus ingresos para crear una cuenta de capitalización y administrar los fondos de manera de hacerlos rendir de cara al futuro.
Pero en 2008, la crisis financiera internacional amenazó esos ahorros y forzó al Estado a garantizar de todos modos un haber mínimo de por vida a los adherentes del sistema privado. En ese contexto, el gobierno de Fernández impulsó la ley que eliminó el sistema privado y mantuvo solo el estatal.
Desde entonces, la estatal Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) se encarga de recaudar aportes, sumar impuestos e invertir el llamado Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) en títulos públicos, acciones, plazos fijos financieros, obligaciones negociables, fideicomisos y financiamiento de infraestructura.
En 2011, el rendimiento anual promedio de las inversiones del FGS fue de 21,6 por ciento, informó la Anses, un resultado "moderado", según Díaz. Sobre todo frente a mediciones de inflación anual privadas que se ubican por encima de ese porcentaje, apuntó.
Datos de la Anses indican que, desde la reestatización, el FGS pasó de 98.224 millones de pesos a 209.042 millones (de 22.323 millones de dólares a 47.509 millones). A diferencia de las AFJP, el nuevo fondo administrado por el Estado invierte más en sectores productivos y en acciones de empresas privadas. El fondo también permite al Estado solventar proyectos de largo aliento, como la construcción de centrales de energía, o entregar computadoras portátiles a estudiantes de escuelas públicas, pero no como gasto sino como fuente de financiamiento.
De esa manera se busca inyectar recursos en la expansión de la economía, no solo para obtener rentabilidad sino para contribuir a la creación de empleos registrados que redunden, a su vez, en mayores aportes a la seguridad social, argumentan en Anses.
Actualmente el fondo tiene acciones en 41 empresas, lo cual le permitió designar a 50 representantes en directorios de firmas como Telecom Argentina, donde el Estado tiene 27 por ciento del paquete accionario, o en la siderúrgica Siderar, con 25,9 por ciento de las acciones.
Con su mayor participación en esas compañías, los directores estatales inciden en las decisiones de la empresa. Por ejemplo, en el último año lograron que una mayor proporción de utilidades se reinvirtieran para aumentar la capacidad productiva.
