Innovar y redoblar la presión sobre los gobiernos es la consigna de la sociedad civil de cara a la conferencia Río+20, que tiene la ambiciosa meta de cambiar la forma en que la humanidad se relaciona con el planeta.
Río+20 es la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que se llevará a cabo entre el 20 y el 22 de junio en la ciudad brasileña de Río de Janeiro, el mismo escenario que en 1992 enmarcó la histórica Cumbre de la Tierra.
Allí se discutirá la economía verde en el contexto del desarrollo sostenible y la erradicación de la pobreza y el marco institucional para lograr ese desarrollo.
"Hay mucha preocupación por lo que va a pasar, hay escepticismo", dijo a Tierramérica el coordinador ejecutivo del no gubernamental Instituto Vitae Civilis, Marcelo Cardoso. "Para nosotros, será una oportunidad para que la sociedad civil internacional busque en conjunto agendas de convergencia" con las autoridades y el sector privado para alcanzar consenso.
En la Agenda 21, un plan de acción adoptado en la Cumbre de la Tierra, se previó la participación social, organizada en nueve grupos principales para influir en las negociaciones intergubernamentales: pueblos indígenas; agricultores; trabajadores y sindicatos; autoridades locales, empresas e industrias; comunidad científica y tecnológica; mujeres, niños y jóvenes y organizaciones no gubernamentales.
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Esos nueve grupos intentan incidir en las discusiones formales y organizan campañas y actividades paralelas en el Foro de Sectores Interesados para un Futuro Sustentable.
"La sociedad civil organizada tiene que asumir un rol planetario", dijo Cardoso. Se trata de un colectivo fundamental para "los procesos decisorios", pero "complejo" y "muy fragmentado", reconoció.
"Queremos aglutinar a las organizaciones que trabajan el tema de la economía verde e integrar programas", dijo Cardoso. En 1992, la sociedad civil tuvo un papel de marco. "Hoy se necesita actuar en conjunto con el sector privado y gubernamental", remarcó.
El Instituto Vitae Civilis fue un actor civil destacado en 1992, cuando se adoptaron las definiciones sobre desarrollo sostenible. Desde 2008 participa de las discusiones en la Organización de las Naciones Unidas para redactar el documento final de Río+20, conocido como "zero draft" (borrador cero), integrando el grupo de organizaciones no gubernamentales.
Además de ese documento, de Río+20 debería emerger un programa de metas de sostenibilidad que abarque desde la erradicación de la pobreza hasta la estabilización del clima planetario, aunque lo más probable es que no se adopten compromisos obligatorios.
También se deberían sentar las bases de instituciones globales con poder para implementar y hacer cumplir lo acordado.
Según su definición tradicional, el desarrollo sostenible satisface las necesidades humanas del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de hacer lo propio. Como principio orientador a largo plazo se compone de tres pilares: el avance económico, el social y la protección ambiental.
Pero las últimas décadas atestiguan pocos avances de ese modelo, y hoy el mundo enfrenta una crisis económica y financiera que afecta sobre todo al Norte industrial y crisis más profundas y duraderas, como la climática, la pérdida de biodiversidad y de recursos naturales y la persistencia de la pobreza.
Río+20 corre riesgo de acabar en un gran retroceso para la naturaleza, advirtieron 18 expertos en ambiente, exministros y legisladores de Brasil en un documento divulgado el 18 de este mes.
Los autores del documento entre ellos la exministra de Ambiente, Marina Silva consideran que la agenda de la cumbre esta muy "diluida", pues no ha puesto lo ambiental como principal eje.
Para Carlos Henrique Painel, coordinador del Foro Brasileño de ONG y Movimientos Sociales para el Medio Ambiente y el Desarrollo, el desafío social es presentar las "verdaderas soluciones".
Painel es uno de los organizadores de la Cumbre de los Pueblos sobre Río+20 por la Justicia Social y Ambiental, que entre el 15 y el 23 de junio buscará ser contrapunto de la conferencia oficial.
Muchas organizaciones critican el concepto de economía verde como una "monetización de la naturaleza y de los bienes comunes", dijo a Tierramérica. Lo que se necesita es un "nuevo pacto para una agenda global".
"Queremos apuntar a las causas de las crisis estructurales que vivimos, mostrar las verdaderas soluciones que practican los pueblos, como la agroecología y la permacultura", explicó Painel.
El negociador jefe de la delegación brasileña en Río+20, embajador André Corrêa do Lago, sostuvo que la sociedad civil no solo podrá hacer sugerencias, sino influenciar los rumbos y opciones que tomen muchos países.
A partir del 16 de este mes, una plataforma virtual, Río+20 Diálogos https://www.riodialogues.org/es/, aspira a mejorar esa participación, dijo el diplomático en un seminario para periodistas.
La herramienta, que puede soportar hasta 400.000 personas conectadas al mismo tiempo, busca reunir expertos mundiales del sector académico, la sociedad civil, las empresas y los medios de comunicación que definan recomendaciones prácticas "que se comunicarán directamente a los jefes de Estado y de gobierno durante las sesiones de alto nivel".
Los diálogos, dijo Corrêa do Lago, están organizados en 10 tópicos: agua; bosques; ecociudades e innovación; desarrollo sostenible como respuesta a las crisis económicas; desempleo, trabajo decente y migraciones; economía del desarrollo sostenible; energía sostenible para todos; erradicación de la pobreza; océanos y seguridad alimentaria y nutrición.
A través de la tecnología se puede asegurar una "participación grande e innovadora", estimó. Aunque no sea ideal, "es una contribución importante".
* Este artículo fue publicado originalmente el 21 de abril por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
