En vísperas del Día Internacional de los Trabajadores, organizaciones de derechos humanos de Pakistán redoblan esfuerzos para lograr la liberación de seis sindicalistas en Faisalabad, centro textil de este país, condenados a 590 años de cárcel por violar leyes antiterroristas.
Akbar Ali Kamboh, Babar Shafiq Randhawa, Fazal Elahi, Rana Riaz, Mohammad Aslam Malik y Asghar Ansari fueron acusados de atacar una fábrica, lastimar a sus propietarios e incendiar las instalaciones el 20 de julio de 2010, pero ellos niegan los cargos.
El tribunal falló en base a pruebas y testigos presentados por la parte demandante. La Alta Corte de Justicia de Lahore aceptó un recurso de apelación, pero todavía no ha fijado la fecha de la audiencia.
El Partido del Trabajo de Pakistán (LPP, por sus siglas en inglés) organizó el 16 de este mes una conferencia en la prestigiosa Universidad de Ciencias de la Administración, en la oriental ciudad de Lahore, para dar detalles del caso a un público más amplio.
Por su parte, el Movimiento Qaumi de Trabajadores (LQM, por sus siglas en inglés), al que pertenecen los seis sindicalistas, prepara una manifestación masiva el 1 de mayo en Faisalabad, la mayor ciudad de la provincia de Punyab después de Lahore, exigiendo la revocación del caso.
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Todo comenzó en 2010, cuando unos 100.000 trabajadores del sector textil organizaron una huelga en reclamo de un aumento salarial de 17 por ciento, explicó Farooq Tariq, portavoz del LPP.
Tariq señaló que solo un sitio de la fábrica fue deliberadamente incendiado, según varias denuncias, por los propios dueños para incriminar a los huelguistas.
Los sindicalistas fueron acusados de instalar el miedo, destruir la propiedad pública, secuestrar personas por un rescate, todos actos condenados por las leyes antiterroristas de Pakistán.
"El mensaje fue claro: si esto puede pasar con líderes del LQM, cualquiera que pretenda defender sus derechos deberá prepararse para un trato similar", observó Tariq.
También se lamentó de que dictadores, la elite gobernante, los señores feudales y varios actores más manipulen con impunidad las leyes antiterroristas para silenciar a la oposición y a las organizaciones que defienden sus derechos, así como para castigar a rivales políticos.
Miles de abogados fueron detenidos y acusados de terrorismo durante el gobierno de Pervez Musharraf (2001-2008) por participar de un movimiento que llamaba a reformar el sistema judicial, recordó Tariq.
"Yo mismo fui acusado de terrorismo cuatro veces por organizar manifestaciones. Actualmente estoy libre de cargos", apuntó.
Las familias de los líderes presos sufren dificultades económicas, por lo cual el LPP reúne 5.000 rupias (unos 55 dólares) que les entrega todos los meses.
Sin derechos laborales
El sector textil de Faisalabad, también conocida como "la Manchester de Pakistán", es la columna vertebral de la economía del país.
Se estima que hay 300.000 telares mecánicos, de los cuales 200.000 están en esa ciudad, y la mayoría son pequeñas unidades domésticas.
El salario de los trabajadores se establece por "pick", unidad para medir la producción de vestimenta. No tienen ingresos fijos, explicó Anis-ul-Haq, portavoz de la organización All Pakistan Textile Mills Association (APTMA, por sus siglas en inglés), que reúne a varias actividades del sector textil.
La situación empeora con los cortes de electricidad de 14 a 16 horas al día, pues los operarios se quedan sin ingresos, remarcó.
El sector no puede pagar fuentes alternativas de energía, como centrales eléctricas para uso interno o generadores, por la simple razón de que un propietario suele disponer de entre cuatro y ocho máquinas.
Los prolongados cortes de electricidad por sobrecarga y la inflación tuvieron mucho que ver con las protestas de los trabajadores, arguyó Rana Tahir, presidente del LQM en Faisalabad.
También condenó las duras sentencias contra los sindicalistas, y acusó a los propietarios de las máquinas y a algunos dirigentes políticos de preparar el ardid para debilitar al LQM, que apoyó a un candidato del LPP en las elecciones de la asamblea provincial en abril de 2010.
Tahir cuestionó el primer informe de la policía contra los sindicalistas, y señaló que, de hecho, los guardias de la fábrica dispararon primero contra los manifestantes.
Una bala impactó contra una motocicleta que "se incendió y el fuego alcanzó la ropa que estaba en el suelo", sostuvo.
La policía tardó tres días en añadir las cláusulas antiterroristas a la demanda legal, mientras que la fábrica incendiada demoró casi el mismo tiempo en volver a estar totalmente operativa, dijo Tahir a IPS. "¿No es al menos dudoso?", preguntó.
Akram Ghauri, presidente de la organización All Pakistan Cotton Power Looms Association, cuestiona esa versión de los hechos.
"Lo que le hicieron debe ser condenado", declaró. También acusó a los sindicalistas presos de mantener de rehén a los dueños y a los trabajadores al negarse a aceptar las propuestas de conciliación.
Según él, el LQM incluso amenazó a los operarios dispuestos a trabajar los fines de semana por un salario 50 por ciento superior al de los días hábiles.
"Ahora estamos en paz y tenemos diálogo con un órgano genuino, el Sindicato de Trabajadores de Faisalabad", añadió.
Zulfiqar Shah, director del instituto de investigación Pakistan Institute for Labour Education and Research (PILER, por sus siglas en inglés), señaló que las disputas comerciales e industriales deben decidirse en los ámbitos previstos.
El director de la Comisión de Derechos Humanos de Pakistán, I. A. Rehman, también condenó el mal uso de las leyes antiterroristas contra los trabajadores, así como la dureza de la condena.
Ni siquiera delincuentes responsables de horribles crímenes recibieron un castigo tan duro, afirmó.
