Agnes Torres, transexual, psicóloga y activista por los derechos de la comunidad homosexual, salió de su casa en el central estado mexicano de Puebla para ir a una fiesta. Al día siguiente, fue encontrada muerta en una barranca. Estaba desnuda de la cintura para abajo. Le habían cortado la garganta.
Tres semanas después de hallado su cuerpo, las autoridades cerraron el caso con la conclusión de que no fue un crimen por homofobia, sino por robo.
La policía presentó 160 pruebas de sus investigaciones, entre ellas las confesiones de cuatro detenidos por el asesinato. Para el gobierno poblano, solo queda un cabo suelto: dar con su compañero sentimental, quien está prófugo.
Torres tenía 28 años y estaba en trámites para obtener su cambio de identidad en la ciudad de México, la única jurisdicción que ha impulsado leyes progresistas, como la despenalización del aborto, el casamiento entre homosexuales y la legalización del cambio de sexo. También gestionaba su título en la Universidad Veracruzana, que rechazó avalar la nueva identidad.
"Pudo haber un móvil de robo, pero agravado por un claro perfil de transfobia, que tiene un elemento extra de la homofobia y es la misoginia", dijo Gloria Hazel Davenport, compañera de Torres en el proyecto "Humana, Nación Trans", que impulsa la dignificación de las personas que cambian de género.
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"La condición transexual nos hace más elegibles como víctimas, porque no existimos, pues el hecho de no tener documentos (con el nuevo nombre elegido) nos hace invisibles ante la ley", señaló Davenport, también directora de la asociación civil Género, Ética y Salud Sexual (GESS), con sede en la norteña ciudad de Monterrey.
"El caso de Agnes alcanzó gran repercusión porque era una activista que peleaba con fuerza, pero hay muchos otros que se desconocen", aseguró a IPS esta activista, quien, junto con otras 17, presentó el miércoles 4 el grupo de autoayuda Grupo Agnes Torres por la Dignificación Trans.
A pesar de la conclusión de que no fue un crimen de odio, el asesinato de Torres, perpetrado a comienzos de marzo, encendió una alerta sobre el recrudecimiento de la homofobia en el país.
Solo entre el 10 y el 12 de marzo se conocieron otros dos homicidios de personas homosexuales en el mismo estado en el que fue asesinada Agnes Torres. Los cuerpos de Jorge Roberto Merchant, empleado público de 47 años, y César González Martínez, comerciante de 35 años, fueron localizados en sus respectivos domicilios, con huellas de tortura.
Con esos tres asesinatos, la cuenta de crímenes de odio que lleva en Puebla la organización No Dejarse es Incluirse llegó a siete en lo que va de este año y 21 desde 2005. Solo en uno, el de Torres, hay detenidos.
El resto del país no está mejor. El "Informe de crímenes de odio por homofobia (1995-2008)", presentado el año pasado por la organización civil Letra S, señala que México, con 628 asesinatos en esos 13 años, es el segundo país con mayor índice de ese tipo de homicidios en América Latina, sólo superado por Brasil.
Los expertos creen que, incluso, pueden ser más. Por cada crimen denunciado, se cometen otros dos, apuntan.
"Hay un problema institucional, porque quienes mandan mensajes a la sociedad, los políticos, y más ahora que están en campaña electoral, deberían ser los primeros en condenar estos crímenes e impulsar la tolerancia a la diversidad sexual", dijo a IPS el responsable del área de Incidencia en Políticas Públicas de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Gerardo Sauri.
"No lo están haciendo, porque en las propias estructuras de gobierno prevalecen patrones de maltrato, misoginia y homofobia", opinó. Las reformas legales en favor de la comunidad LGBTTTI (Lésbica, Gay, Transgénero, Transexual, Travesti e Intersexual) impulsadas en la ciudad de México han enfrentado no solo a la sociedad, sino a las propias instituciones del estado.
Hace dos años, la Procuraduría General de la República (fiscalía) llevó a la Corte Suprema de Justicia la petición de invalidar las reformas al Código Civil del Distrito Federal, que permitieron los matrimonios entre parejas del mismo sexo, con el argumento de que violaban los preceptos de la Constitución de proteger a la familia.
En marzo de 2011, el Senado aprobó la inclusión del término "preferencias sexuales" en el artículo 1 de la Constitución como motivo para no discriminar a una persona. Pero cuando el documento fue enviado a los estados para su ratificación, varios parlamentos locales lo rechazaron.
En Puebla, los legisladores consideraron que elevar a rango constitucional el respeto a la libertad sexual era excesivo y únicamente aprobaron incluir el término "diferencias".
Dos meses después, el presidente de México, el conservador Felipe Calderón, modificó el decreto que había aprobado en diciembre de 2009 para instaurar el Día de la Lucha contra la Homofobia el 17 de mayo, y en su lugar declaró el Día de la Tolerancia y el Respeto a las Diferencias.
"La responsabilidad gubernamental en estos crímenes tendría dos o tres capas que observar. La primera es la estructura jurídica, porque la invisibilidad jurídica genera de entrada un problema estructural: las dependencias (del gobierno) no se sienten convocadas al respeto a los derechos de la diversidad sexual", explicó Sauri.
"Otra capa tiene que ver con las percepciones de los altos funcionarios. Si desde ellos no se mandan mensajes de equidad, respeto y combate a la homofobia, evidentemente va a dificultarse la implementación del marco jurídico", dijo.
Días antes del asesinato de Torres, se realizó en la ciudad de México el Parlamento Juvenil, una suerte de simulacro de sesión legislativa que busca promover la participación política de los jóvenes. En el encuentro se desató un escándalo con la exposición de Juan Pablo Castro, estudiante de Derecho en una universidad privada e identificado con el gobernante Partido Acción Nacional.
"¿A qué se han dedicado los gobiernos del PRD (Partido de la Revolución Democrática) en el DF (Distrito Federal de México)? A destruir las instituciones, permitiendo el matrimonio de jotos (localismo despectivo contra los homosexuales) y permitiendo el aborto. No podemos permitir que esa gente nos gobierne", dijo el joven, quien luego tuvo que pedir disculpas públicamente por sus expresiones homofóbicas.
De acuerdo con Sauri, la cultura homofóbica prevalece incluso en las estructuras de gobierno del Distrito Federal, y entre los políticos de izquierda. "Prevalece la percepción de que son personas enfermas, pervertidas, con desviaciones sociales, que representan un riesgo para la comunidad y sobre todo, para los hijos", señaló.
Tras la muerte de Agnes Torres, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó a las autoridades mexicanas a abrir líneas de investigación "que tengan en cuenta si el asesinato de la señora Torres fue cometido en razón de su identidad de género y/o en razón de su labor de defensa de los derechos humanos de las personas" LGBTTTI.
El congreso de Puebla, por su parte, se vio forzado a aceptar la reforma constitucional que había rechazado el año pasado.
Sin embargo, la muerte de la activista dejó muchas tareas pendientes en un país en el que cuatro de cada 10 personas no estarían dispuestas a vivir con alguien homosexual, según la última Encuesta Nacional de Discriminación. Un estudio que, por cierto, no incluyó a la comunidad transexual.
"El problema es que estamos en un país muy atorado por la hipocresía, y donde, a medida que aumenta la violencia, se hace una gran burbuja que va a reventar con quienes somos más vulnerables a ser víctimas de crímenes", concluyó Gloria Davenpot.
