Con base en el principio de justicia universal, se consolida en Argentina la causa por crímenes cometidos durante la guerra civil en España (1936-1939) y la consecutiva dictadura del general Francisco Franco, que culminó con su muerte en 1975.
La inhabilitación del juez español Baltasar Garzón tras investigar las desapariciones durante esas casi cuatro décadas, delitos presuntamente prescritos por la ley de amnistía de 1977, allanó el camino para que la justicia argentina siguiera la causa por estos crímenes, mientras crecen las denuncias y avanzan los procedimientos.
"Para nosotros, en España, las puertas están cerradas porque allí dicen que son delitos comunes, amnistiados y prescritos", dijo a IPS una de las querellantes del proceso que comenzó en Argentina en diciembre de 2011, Inés García Holgado.
Dos tíos abuelos de García, Luis y Elías García Holgado, fueron fusilados en 1936 y 1937 respectivamente, y un tío, Vicente García Holgado, está desaparecido. "Para España esto es para los libros de historia, no lo van a investigar ni a juzgar", añadió.
Elías era alcalde y diputado provincial en Salamanca y, tras ser sometido a un proceso sumarísimo por presunta rebelión, fue fusilado. Luis era administrador del correo en Hervás, de donde fue secuestrado tras el golpe militar para ser fusilado.
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García Holgado, que es argentina, confía en que por el principio de justicia universal, la acción prospere en este país. "Tengo mucha esperanza. Si lo logramos, Argentina será el primer país latinoamericano que aplica este principio", adelantó.
El principio de justicia universal establece la aplicación extraterritorial de la ley penal cuando se trata de crímenes de terrorismo, lesa humanidad y genocidio que, según la legislación penal internacional, no prescriben ni pueden ser amnistiados.
Bajo este principio los tribunales penales nacionales pueden encausar a extranjeros por delitos de ese tipo cometidos en el exterior, aunque muchas legislaciones locales requieren que exista una conexión explicita de las víctimas y los querellantes con el país que abre la causa.
Al presentar la denuncia, en abril de 2010, García Holgado lo hizo junto a Darío Rivas, un español de 91 años que desde los nueve vive en Argentina. Rivas denunció el fusilamiento de su padre, Severino Rivas, en 1936. Sus restos fueron hallados en 2005 en una fosa común.
Enseguida se sumaron otros cuatro familiares de víctimas del régimen de Franco, algunos sobrevivientes ellos mismos de la represión de la dictadura franquista, que dio paso a un periodo de transición, las primeras elecciones libres en España en 1977 y la redacción de una Constitución democrática, vigente desde el año siguiente.
Pero fue a partir de la decisión judicial argentina de solicitar un pedido de información a los tribunales de España, en diciembre, que el número de denunciantes comenzó a multiplicarse.
El abogado argentino Carlos Slepoy, representante de algunos de los familiares, informó a IPS que "ya son 20 los casos denunciados en Argentina y esperamos 55 más, pero con el tiempo pueden ser cientos", vaticinó.
Slepoy explicó que algunas de las víctimas directas de la etapa final del régimen, detenidos por ser militantes de partidos políticos o sindicalistas, comenzaron a llegar a Buenos Aires este mes para declarar ante la justicia y consigo traen poderes de representación de otras víctimas por los mismos u otros casos.
En este sentido, García Holgado comentó que desde Argentina brindan asesoramiento a sobrevivientes y familiares de víctimas para que sepan dónde y cómo obtener documentos que prueben los delitos y puedan así presentar la querella.
La jueza federal María Servini, a cargo del caso García Holgado, envió en diciembre un exhorto a España para que respondan si allí se investigan esos crímenes, y para que envíen nombres de militares involucrados, de fusilados, desaparecidos, niños apropiados y de empresas que utilizaron a detenidos como mano de obra forzada.
Organismos de derechos humanos en España aportaron al ahora suspendido juez Garzón, pruebas de que se produjeron al menos 114.000 desapariciones forzadas durante el régimen franquista y hubo 30.000 casos de menores apropiados.
Servini pidió saber "si efectivamente se está investigando la existencia de un plan sistemático, generalizado y deliberado de aterrorizar a los españoles partidarios de la forma representativa de gobierno a través de su eliminación física" entre 1936 y 1977.
España aún no respondió a ese exhorto, explicó Slepoy, pero esperan que lo haga pronto. "Probablemente va a dar una respuesta dilatoria, que es lo que hacen los gobiernos cuando no quieren contestar", denunció el abogado.
El principio de justicia universal fue aplicado en España por Garzón cuando indagó los crímenes impunes de las dictaduras de Argentina (1976-1983) y Chile (1973-1990), en acciones que contaron con el apoyo del abogado Slepoy.
Ahora, la justicia universal se intenta aplicar a la inversa: desde Argentina contra los delitos de lesa humanidad amnistiados en España.
Argentina declaró inconstitucionales las leyes e indultos que permitieron liberar de proceso a militares que habrían hecho desaparecer a unos 30.000 opositores durante la dictadura, luego de un gran movimiento para que esos delitos fuesen juzgados en España.
Removidas esas trabas judiciales, comenzaron decenas de juicios contra excomandantes y militares de menor graduación que actuaron en la represión, y también contra civiles que intervinieron en secuestros, torturas y desapariciones.
Algo similar ocurrió en Chile. En 1998, Garzón pidió la detención en Londres del exdictador Augusto Pinochet (1915-2006) y dio inicio así a un proceso que derivó en su enjuiciamiento en Chile, si bien el militar no llegó a ser condenado en vida.
Pero cuando Garzón comenzó a investigar los delitos del régimen de Franco, la organización ultraderechista Manos Limpias lo denunció por prevaricación, bajo el argumento de que se trataba de delitos amnistiados desde 1977, en la primera de las tres causas acogidas casi en paralelo contra él por el Tribunal Supremo de Justicia.
El 27 de febrero, ese tribunal lo absolvió en esta causa de haber incurrido en prevaricación, el delito consistente en tomar una decisión errada a sabiendas, si bien lo cuestionó por haber interpretado erróneamente la ley.
Pero 18 días antes, el máximo tribunal ya había expulsado de la carrera judicial al incomodo Garzón, al inhabilitarlo por 11 años por un caso de escuchas en uno de los mayores procesos de corrupción de la democracia española, protagonizado por dirigentes del derechista Partido Popular, en el poder desde diciembre.
Para Slepoy los argumentos que se esgrimen en España acerca de que las personas involucradas en estos crímenes ya murieron, no es cierto. "Son trabas de los gobiernos para mostrar una presunta imposibilidad de juzgar esos delitos", sentenció.
"La cultura de la impunidad es tan grande que hace aparecer a la ley de amnistía como algo inamovible, como ocurría en Argentina, pero yo confío en que España va hacia un proceso similar al que vivió este país", adelantó el letrado.
El abogado también confirmó que se están preparando listados de nombres de declarantes en España, para que la jueza entreviste en la embajada argentina cuando viaje en junio a ese país, para sumar nuevos casos a la pesquisa.
