El veredicto de la Corte Penal Internacional (CPI) que encontró a Thomas Lubanga Dyilo culpable de reclutar a menores de 15 años para convertirlos en soldados en el este de República Democrática del Congo (RDC), resulta insuficiente para las víctimas de sus vejámenes.
La CPI, con sede en La Haya, dictaminó el miércoles 13 que Lubanga obligó a los niños a desempeñar un papel activo en la violencia que dominó la oriental región de Ituri, entre septiembre de 2002 y agosto de 2003.
El fallo se basa en que el condenado era líder de la Unión de Patriotas Congoleños y de su brazo militar, las Fuerzas Patrióticas para la Liberación del Congo, y en ese carácter forzó a los niños reclutados a ejercer como guardaespaldas de él y de otros miembros de ambas organizaciones.
Todavía no hay sentencia, pero los abogados señalaron que Lubanga podría ser condenado a 30 años de prisión o a cadena perpetua.
Franck Luetete, representante de varias víctimas en el caso de Lubanga, dijo a IPS que "la sentencia y la indemnización de las víctimas será determinada en la próxima sesión de la Cámara (primera instancia)" del tribunal internacional. Precisó que el procedimiento sigue "las disposiciones del artículo 76 del Estatuto de Roma (que creó la CPI en 1998) y el pedido del propio imputado".
[related_articles]
Raphaël Wakenge, presidente de la Coalición Congoleña para la Justicia de Transición, que asistió a las víctimas durante el largo proceso judicial, dijo a IPS que la organización "está complacida con la decisión, que es instructiva respecto de todos los delitos cometidos en RDC desde que comenzó el trabajo de la CPI".
"Por desgracia", añadió Wakenge, "las víctimas de violación y esclavitud sexual, así como de otros delitos sexuales perpetrados por Lubanga y sus milicias, se sentirán frustrados, pues sus casos no fueron incluidos en el proceso por el fiscal de la CPI".
Faïda Sady, activista de la organización de derechos humanos Espoir pour tous (Esperanza para todos), con sede en el distrito de Irumu, en la región de Ituri, contó a IPS cómo los reclutamientos afectaron dramáticamente a su familia.
"Uno de mis hermanos mayores no quiso incorporarse en la milicia de Lubanga y sus combatientes le cortaron ambos brazos, murió varios meses después. A dos de mis hermanas las violaron reiteradas veces, y una de ellas murió a causa de la agresión", relató.
Sady aseguró que el veredicto no significa nada para ella ni para su entorno. "Las víctimas de mi familia no fueron citadas como testigos en el juicio. Pero las organizaciones no gubernamentales de Ituri seguirán presionando a la CPI para que abra un segundo caso contra Lubanga por las víctimas y los delitos que todavía no han sido considerados", añadió.
"El impacto del veredicto es muy débil", señaló Guy Mushiata, responsable legal en Kinshasa del estadounidense Centro Internacional para la Justicia de Transición. "El propio fallo no es definitivo", apuntó.
Mushiata siguió de cerca el caso y envió varias opiniones a la oficinal del fiscal de la CPI, en relación con la reparación de las víctimas. "La decisión en sí misma no es satisfactoria pues puede ser derogada en una instancia de apelación. No es un fallo con el que las víctimas puedan sentirse satisfechas", remarcó.
Al observar la decisión, los fiscales militares de RDC sienten que el veredicto de la CPI no hizo más que demostrar la falta de efectividad del tribunal. Uno de ellos, Penza Ishay, dijo a IPS: "Los enromes recursos económicos y materiales disponibles no han logrado que produzca un veredicto en un tiempo razonable".
Lubanga fue trasladado a La Haya el 17 de marzo de 2006, en cumplimiento de la orden de detención emitida por la CPI. El pedido siguió a una solicitud enviada por el presidente de RDC, Joseph Kabila, al fiscal del tribunal para que investigara las graves violaciones de derechos humanos cometidas en este país, y que abriera casos que entraran dentro de las competencias de la CPI.
Ishay arguyó que la mayoría de los casos de graves violaciones de derechos humanos en Ituri ya habrían sido procesados, si la justicia congoleña hubiera contado con los mismos recursos.
"La CPI no está bien vista en Ituri", señaló el fiscal militar.
"En vez de hacer justicia, trató de caminar por la cuerda floja entre los dos grupos étnicos mayoritarios (balendu y bahema), acusando a dos personas de cada bando", explicó. Ello "pese a que la gravedad de los delitos no necesariamente era la misma; y los miembros de esos grupos no son los únicos responsables, ni los más culpables de las violaciones cometidas en Ituri", criticó.
El mayor Innocent Mayembe, abogado del ejército congoleño, señaló que los tribunales militares son los más efectivos para luchar contra la impunidad de graves violaciones de derechos humanos en esta nación del centro de África.
"Muchas víctimas de esas violaciones experimentaron la satisfacción moral de ver a sus agresores condenados en el propio Ituri, donde una vez se sintieron intocables", añadió.
