El diálogo entre el gobierno de Chile y los habitantes de Aysén está estancado, a la espera de que una de las partes ceda en un conflicto por mejoras económicas, que mantiene paralizada a la región austral desde hace más de tres semanas.
El subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado, aseguró este martes 6 que existe un preacuerdo suscrito con el Movimiento Social por la Región de Aysén, cabeza de las protestas. Pero los dirigentes de este acusan al gobierno de "mentir" al anunciar una eventual solución.
Distintos sectores agrupados en ese movimiento reclaman un petitorio de 11 puntos para terminar con lo que consideran el "olvido" histórico que soporta Aysén, una región de clima frío, distante de zonas productoras y aislada por falta de infraestructura.
Entre esas demandas figuran construcción de caminos y subsidios al transporte, consulta obligatoria sobre proyectos previstos para la región, que los beneficios de la explotación de recursos naturales se distribuyan prioritariamente en ese distrito, mejoras en los servicios de salud y educación, y rebajas a los precios de combustibles petróleo, gasolina y leña y de alimentos.
"El gobierno sigue engañando a la gente, dejando mal a los dirigentes. Se sienta a conversar para tratar de dar una salida al conflicto y eso lo toma como que es un acuerdo", dijo a IPS el dirigente de los pescadores artesanales de Aysén, Henry Angulo, portavoz del movimiento.
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De los 11 puntos del petitorio entregado al gobierno, "solo uno se resolvió a medias", precisó, y es la demanda de mejor y mayor acceso a la salud. "De ahí no hemos avanzado en ningún tema", aseguró.
La protesta se manifiesta en el bloqueo de puentes y carreteras, considerado ilegal por el gobierno.
La intendenta (gobernadora) de Aysén, Pilar Cuevas, confirmó que era inminente la decisión de aplicar o no la Ley de Seguridad Interior del Estado, que endurece las penas, y el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sentenció que "con los intransigentes quedan pocas opciones".
En una región carente de políticas públicas para el desarrollo local, los ayseninos aseguran que su historia es soportar los embates de la naturaleza y el aislamiento.
Pese al ingreso a Coyhaique, capital regional, de seis camiones con alimentos provenientes de Argentina, los habitantes de Aysén viven con el temor del desabastecimiento y la suspensión de la vida cotidiana. Un ejemplo fue la suspensión gubernamental, en forma indefinida, del inicio del año escolar en la región.
El subsecretario presidencial Alvarado se reunió el lunes 5 con 19 dirigentes, en una cita de la que emanó un preacuerdo que fue rechazado luego por la asamblea del movimiento.
Los dirigentes permanecieron hasta la madrugada de este martes 6 dialogando sobre las diferencias entre quienes opinan que hay que ceder a la exigencia del gobierno de un desbloqueo total de vías, y los que defienden mantener ciertas barricadas en algunos lugares estratégicos.
Pero, pese a los rumores de quiebre del movimiento, Angulo enfatizó que "se está fortaleciendo".
"No hay ningún quiebre. Eso sí, hasta en el Congreso (legislativo) se ve cómo los parlamentarios se agarran a puñetazos. Acá eso no pasó, pero hay opiniones que son opuestas y que se discuten para lograr acuerdos; eso no quiere decir que haya enojo y salga uno de los miembros", dijo.
"Aquí se empezó con 10 dirigentes y ahora hay 24 que evalúan y desarrollan los problemas", amplió.
La mesa del Movimiento Social por la Región de Aysén continuaba las conversaciones para determinar si se retoma el diálogo con el gobierno, con una mayoría que se niega a ceder más espacios.
Alvarado, en tanto, espera que los dirigentes resuelvan sus diferencias.
"Si en las bases hay alguna diferencia, sus líderes tendrán la misión de explicar el porqué consensuamos una postura común. Y espero que logren hacerlo de buena manera y destrabar este tema", señaló.
El funcionario precisó que en la reunión del lunes 5 no se abordó la calidad ni el contenido de las propuestas del gobierno, pues estas se deben discutir en la mesa de trabajo, sino que "fue un debate respecto a cómo solucionar el tema de los bloqueos y poder volver a conversar".
Angulo cuestionó ese condicionamiento del gobierno para retomar el diálogo, pues los pasos ya dados, como liberar rutas claves para el abastecimiento de la zona, son suficientes, estimó.
"Lo que quiere el gobierno es que nos retiremos a nuestras casas y nos sentemos a esperar y mirar por la televisión cómo nos siguen mintiendo. No vamos a retirar ni una barricada más", dijo. "O lo aceptan así o que desbloqueen ellos la carretera mediante la fuerza, pero no daremos un paso atrás", sentenció.
El conflicto parece lejos de una solución. Otras organizaciones chilenas sumaron apoyo a las demandas de Aysén que, según analistas, son sentidas en muchos lugares de este país sudamericano: el fin de las desigualdades, mayor dignidad y calidad de vida.
Paradójicamente, el presidente derechista Sebastián Piñera obtuvo en Aysén una abrumadora votación favorable, con 58,5 por ciento de los sufragios, solo superada por la de Tarapacá, en el norte, en la segunda vuelta presidencial de enero de 2010.
"Este gobierno no entiende lo que está pasando en Chile, no entiende a los movimientos sociales, no entiende la implicancia de estos, ni el impacto del cambio que producen", dijo a IPS la socióloga Marta Lagos.
Ella es la directora de la no gubernamental corporación Latinobarómetro, responsable de un estudio de opinión pública que aplica anualmente alrededor de 19.000 entrevistas en 18 países de América Latina.
Con su conducta, la administración de Piñera, "incentiva la protesta y no se da cuenta de eso. Hay aquí una incomprensión de la política", opinó.
El conflicto en Aysén, cree Lagos, se resolverá mediante el uso de la fuerza para castigar a quienes protestan.
"Se trata del uso del poder brutal, sin contemplación, que no solo es autoritario, sino extemporáneo. Este gobierno será recordado por su manera insensible de responder a las demandas y el rigor del castigo a los culpables", aseguró.
Chile vive hoy un estado de movilización permanente, que se inició en 2011 con protestas estudiantiles sin precedentes, pero que no se sabe cuándo terminará, precisó la socióloga.
"Este país cambió, a la gente se le quitó el susto de salir a la calle, de decir lo que piensa y de tirarle piedras al poder. Mejor dicho, aprendieron a tirarle piedras al poder, a cualquier tipo de poder, en cualquier esfera", aseguró.
