En el sureño departamento de Chiapas, en México, las violaciones sexuales a mujeres son pan de cada día y a las víctimas se les niega la justicia. Si resulta un embarazo, también se les impide el aborto legal.
En un caso de flagrante impunidad, Celestino López Hernández, quien violó en diversas ocasiones a una mujer indígena con síndrome de Down, sigue en libertad a pesar de que el hecho fue denunciado ante las autoridades judiciales del estado y hubo orden de aprehensión.
Hilda Álvarez Hernández, indígena de 26 años, fue violada por vez primera cuando tenía 16 en el municipio de Huixtán, de mayoría indígena y lengua tzotzil. Chiapas es el estado que tiene el mayor porcentaje de población que habla solo una lengua indígena: 36 por ciento.
Desde hace 10 años, su madre, Celia Hernández, clama justicia y de manera constante viaja a San Cristóbal de las Casas, la tercera ciudad del estado, distante 35 kilómetros, para preguntar si ya fue detenido el agresor de su hija.
Además de la impunidad judicial, Hernández y su hija padecieron la negligencia de las autoridades sanitarias, las cuales impidieron la interrupción legal del embarazo de la menor de edad, producto de la violación sexual.
[related_articles]
La historia
«Yo no me di cuenta que a mi hija la violaban, hasta que ella dejó de reglar; me di cuenta que estaba embarazada y supe de la violación», relató Hernández, quien tiene 70 años.
Pese a cumplir con las tres causales por las que se permite el aborto en Chiapas (violación, peligro de muerte para la madre y malformaciones congénitas graves), las instituciones de justicia y de salud en el estado le negaron la práctica del aborto.
«El trabajo en el campo es duro, el día no te alcanza para desgranar maíz, molerlo, hacer las tortillas (tortas de maíz), hacer la comida, cuidar a los hijos, ayudar en la milpa (labranza), lavar la ropa, y apenas sale para comer, no hay para doctores, ni medicina», desgranó la madre.
«Ya estoy vieja, yo no quería que Hilda tuviera un hijo, a duras penas puedo cuidarla a ella, que en realidad es una niña de cuatro años, hay que cambiarla, bañarla, darle de comer. ¿Quién los va a cuidar cuando yo me muera?», se preguntó.
En 2003, Hernández acudió a diferentes instituciones de salud entre ellas el Centro «Los Pinos» de la Secretaría de Salud estadal para que le ayudaran a interrumpir el embarazo de su hija.
Las respuestas fueron desde «no la podemos atender», hasta «aquí no tenemos orden para matar sino para dar vida, aquí no matamos gente». «Yo les expliqué que me interesaba la vida de mi hija de 16 años, pero por las respuestas que nos dieron parece que para ellos primero muerta antes que abortar», lamentó la indígena.
Siguiendo los procedimientos legales, Hernández levantó la denuncia ante la Subprocuraduría indígena en enero de 2003, reporta el Colectivo Feminista Mercedes Olivera (Cofemo) de San Cristóbal de las Casas, que lleva el caso de Hilda Álvarez.
«Cuando Celia habló del embarazo y la posibilidad de interrumpirlo la licenciada que levantó la denuncia le dijo: No se puede interrumpir. ¿Acaso quieres irte a la cárcel? Además si lo hacen no van a haber pruebas de la violación», informa Cofemo.
A los tres meses de puesta la denuncia, en marzo de 2003 las autoridades giraron la orden de aprehensión contra López, el violador. Para ese entonces Álvarez tenía ya cinco meses de embarazo.
Al sexto mes de gestación la indígena tuvo un sangrado mientras era trasladada a San Cristóbal de las Casas. El producto nació muerto. Álvarez fue atendida en el Hospital Regional, donde le realizaron una limpieza uterina.
El médico que la trató le dijo a su madre que era necesario realizarle una salpingoplastia (ligadura de trompas) para que de acuerdo con sus palabras «si le vuelve a pasar lo mismo (la violación) ya no quede embarazada».
Hernández se indignó por el comentario del médico. «Mi hija no tiene porque volver a ser violada; si realmente hay justicia para las mujeres, ella no tiene porque pasar por lo mismo nunca más», afirmó.
Vía crucis
Aunque se giró la orden de aprehensión, esta nunca se ejecutó pues la policía puso de pretexto que no quería entrar a Huixtán por la existencia de grupos armados, en uno de los municipios en que irrumpió el Ejército Zapatista de Liberación Nacional en 1994.
Así, el expediente penal 79/2003 del Juzgado del Ramo Penal, Distrito Judicial Las Casas, quedó archivado con todo y la orden de aprehensión contra López.
El colmo se produjo cuando el agresor volvió a violar a la joven indígena en 2007. Ella quedó otra vez embarazada y tuvo a una niña, también con síndrome de Down.
Ahora Hernández tiene que hacerse cargo de todas las tareas de la casa, velar por la manutención de su familia y cuidar a su hija y su nieta.
En Chiapas, las violaciones sexuales denunciadas ante el Ministerio Público (fiscalía) se han más que duplicado, al pasar de una tasa de 14,8 por cada 100 mil mujeres en 2005 a 34 en 2009.
Como resultado, el estado pasó del lugar 25 al décimo en la escala nacional en incidencia de este delito, entre las 32 entidades del país, según la Comisión Especial de Feminicidio de la Cámara de Diputados.
En diciembre de 2009 el parlamento regional reformó el artículo cuarto de la Constitución del estado, para «proteger la vida desde el momento de la concepción».
*Una versión de este artículo fue publicada originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
