El gobierno centroderechista de España se mantuvo firme y anunció que no modificará la flamante norma laboral que decenas de miles de personas rechazaron este jueves 29 en una huelga general convocada por las dos principales centrales sindicales.
El presidente del gobierno español desde el 21 de diciembre, Mariano Rajoy, aprobó por decreto en febrero una normativa que aún puede sufrir cambios en el Parlamento. La reforma abarata las condiciones del despido con el argumento de que, al haber más movilidad, se podrá reducir el desempleo, que hoy alcanza a 22,8 por ciento de la población activa, la más alta entre los 27 miembros de la Unión Europea.
"La (reforma) laboral me va a costar una huelga (general)", comentó Rajoy en diciembre, de forma premonitoria, al primer ministro de Finlandia, Jyrki Katainen, en una charla informal captada por un micrófono durante el Consejo Europeo en Bruselas.
Más de cinco millones de personas en España no tienen trabajo y casi la mitad de ellas son jóvenes, según estadísticas oficiales. Además, la brecha entre ricos y pobres se agranda, advierte el último informe de la organización no gubernamental Caritas Española, que asegura que ya hay 580.000 de hogares sin ningún tipo de ingreso.
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La flamante normativa limita a dos años la vigencia de los contratos laborales y, en caso de despido, sustituye la indemnización de 45 días por año trabajado por una de 33.
También se modificó el llamado despido objetivo, de forma que las empresas que registren pérdidas o tres trimestres consecutivos de caídas de ingresos podrán rescindir de contratos con solo una compensación de 20 días por año trabajado.
El Parlamento, con mayoría del gobernante Partido Popular (PP), convalidó el 8 de este mes el texto de la norma, que se debatirá y puede ser objeto de enmiendas en los próximos meses.
"La parte troncal de la reforma no cambiará", advirtió este jueves la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez.
Por su parte, el ministro de Economía, Luís de Guindos, aseguró en la víspera que, independientemente del éxito o fracaso de la huelga, el gobierno no modificará "ni un ápice" la reforma laboral.
Las centrales Unión General de Trabajadores (UGT) y Comisiones Obreras consideran que esta reforma perjudica al empleado y favorece el despido masivo, mientras que el opositor Partido Socialista Obrero Español (PSOE) la tacha de injusta e ineficaz cuando España acaba de entrar en una nueva recesión, como confirmó esta semana el Banco Central.
Al caer la tarde de este jueves 29, las organizaciones sindicales calificaron de exitosa la convocatoria, mientras que el gobierno consideró su seguimiento "limitado" en todos los sectores y destacó "la absoluta normalidad" de la jornada.
También se registraron algunos incidentes, que dejaron como saldo 116 personas heridas, 70 de las cuales son efectivos policiales encargado de reprimir desbordes, según datos del Ministerio del Interior.
Los socialistas "entienden las razones" de la convocatoria y expresan su "solidaridad" con los trabajadores, dijo este jueves Soraya Rodríguez, portavoz de los socialistas en el Congreso, antes del comienzo de una sesión plenaria de ese cuerpo.
El producto interno bruto (PIB) español se contrajo 0,3 por ciento en el último trimestre de 2011, según datos del Instituto Nacional de Estadística, y el Banco Central proyecta entre 1,5 y 1,7 la caída para el primer trimestre de este año.
"La huelga no va a servir para solucionar los problemas de España", declaró Rajoy el martes 28 en Seúl, en un alto en su participación en la Cumbre de Seguridad Nuclear.
El Poder Ejecutivo acomete un plan de austeridad con duros recortes para encarar los problemas de deuda y asegura que la reforma laboral es necesaria para salir de la crisis y crear empleo, apuntan las autoridades.
Pero el secretario general de UGT en la región de Andalucía, Manuel Pastrana, dijo a la prensa que "el gobierno miente" cuando afirma que la reforma creará empleo, y advirtió que esta norma supone "la destrucción del conjunto de los derechos laborales construidos durante tres décadas a través de la negociación colectiva".
Para la diputada oficialista Carmen Álvarez, en cambio, "es una reforma absolutamente imprescindible para que el empresario pueda animarse a crear empleo", como indicó el miércoles 28 a la radio estatal.
La nueva ley laboral prevé la introducción de los llamados contratos de trabajo permanentes para las pequeñas y medianas empresas con menos de 50 personas, que representan en España más de 90 por ciento de la actividad del sector.
Los sindicatos denunciaron "coacciones" por parte de empresas, que advirtieron a los empleados de las consecuencias de faltar al trabajo, y tacharon de "excesivo" e "intimidatorio" el número de policías desplegados en la jornada de huelga de este jueves.
Algunos trabajadores contaron a IPS que acudieron a su empleo para que no se les restara el salario correspondiente al día, mientras otros reconocieron haber recibido amenazas de represalias de parte de sus patrones.
El diputado Alberto Garzón, de la opositora Izquierda Unida, dijo a IPS que esta huelga general, la octava desde la implantación en 1975 de la democracia en España, es necesaria porque la reforma "ataca al corazón de las relaciones laborales".
Los empresarios defienden la reforma porque, además de abaratar el despido, flexibiliza los contratos e incluye otras disposiciones como la limitación de los convenios colectivos, que la patronal demanda desde hace años en este país.
Esta ley persigue rebajar los salarios por "medios indirectos" como el deterioro de la capacidad de negociación entre el trabajador y el empresario, por lo cual "está en juego el empobrecimiento de una sociedad", subrayó Garzón, quien fue miembro de la plataforma Democracia Real Ya, origen del movimiento ciudadano de "indignados" 15M por el la fecha de 15 de mayo de 2011 que se lanzó a las calles por primera vez.
"Esto no se va quedar en una huelga", pronosticó a IPS el profesor Javier Cruche, miembro del 15M durante la manifestación malagueña, una de las 111 convocadas este jueves en toda España, y a la concurrieron miles de personas.
Los sindicatos emplazaron al gobierno a negociar cambios en la norma antes del 1 de mayo bajo amenaza de incrementar la protesta social.
Rajoy dispuso un aumento de los impuestos en diciembre, apenas asumió y pese a reiterar durante la campaña electoral que no lo haría. Argumentó que se encontró con un "déficit (fiscal) superior al previsto" de manos del gobierno saliente del socialista José Luis Rodríguez Zapatero (2004-2011).
El Poder Ejecutivo tiene previsto aprobar este viernes 30 el anteproyecto de presupuesto nacional, que anunció será "muy austero" e incluye un recorte de entre el 14 y 15 por ciento en todos los ministerios.
El último paro de actividades convocado en todo el país por las centrales sindicales fue el 29 de septiembre de 2010 contra la reforma laboral llevada adelante por el gobierno socialista.
