Un bono anual que apenas alcanza para una porción de pan y una taza de café diarias, fue lo que obtuvo un grupo de personas con discapacidad en Bolivia, después de recorrer 1.520 kilómetros en sillas de ruedas en una marcha de 100 días, a la que siguió una huelga de hambre de decenas de ellas.
La magra recompensa de un subsidio provisional para este año de 146 dólares fue decida por el gobierno tras la protesta y solo beneficiará, además, a 13.500 personas consideradas con discapacidad grave o muy grave, mientras que otras 26.500 afectadas por minusvalías deberán esperar un reglamento sin fecha, para que se determine alguna ayuda.
Pero aun así, Carlos Mariaca, promotor de la movilización, dijo a IPS que esta tuvo consecuencias sociales positivas. "La protesta tuvo un efecto muy fuerte en la sociedad porque, antes de la caravana, la problemática era conocida en las clases empobrecidas, pero ahora alcanza a las clases altas, donde se toma conciencia de la discapacidad", dijo.
Un sondeo especial estableció que 60 por ciento de los 10,6 millones de habitantes de este país altiplánico respalda un bono general y otros beneficios para las personas con discapacidades, tras la movilización y la huelga de hambre.
El activista encabeza desde 2002 las acciones en defensa de los derechos del colectivo y actualmente es secretario general de la Confederación Boliviana de Personas con Discapacidad, a pesar de una parálisis casi total que lo mantiene en una silla de ruedas, a consecuencia de una mala práctica médica.
La caravana de unas 150 personas que atravesaron cinco de los nueve departamentos en sillas de ruedas, apoyadas en muletas o asistidas por sus familiares cuando su movilidad era imposible, terminó el 23 de febrero en forma violenta, cuando la policía reprimió duramente a los manifestantes, para impedir su acceso al Palacio Quemado, sede de la Presidencia.
En Bolivia, unas 40.000 personas sufren diferentes discapacidades, según un censo realizado con apoyo de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón. De ese número, unas 13.500 presentan niveles grave y muy grave, no tienen capacidad de transportarse por medios propios y tienen grado parcial o total de dependencia.
"Existe el compromiso del gobierno para ampliar el beneficio del bono de manera progresiva, pero quedan en agenda la atención a las demandas del ejercicio de derechos para acceder a la salud y fuentes de trabajo", expresó a IPS la representante adjunta de la Defensoría del Pueblo, Griselda Sillerico.
El 2 de este mes, el presidente Evo Morales promulgó la Ley General de Trato Preferente para Personas con Capacidades Diferentes, lo que puso fin a la huelga de hambre de decenas de personas, iniciada al concluir la caravana de 100 días.
Los huelguistas, instalados en las cercanías de la sede presidencial, mantuvieron la exigencia de la caravana de un bono anual equivalente a 437 dólares anuales, un monto inferior en casi 400 dólares al ya asignado a personas con ceguera total.
La nueva ley para los discapacitados promueve, protege y asegura todos los derechos humanos y libertades fundamentales en condiciones de igualdad a todas las personas con discapacidad y proyecta incluirlas en las entidades estatales, en sus diferentes niveles.
En opinión de Mariaca, las personas con niveles moderados de discapacidad, que al menos por ahora están excluidas del beneficio económico, como el caso de los niños y adultos con discapacidad intelectual y mental, requieren el apoyo del Estado porque dependen de sus familias.
La extensión del bono a todas las personas discapacitadas debe incluirse en el reglamento complementario de la ley, plantean los afectados y Mariaca anticipó a IPS nuevas protestas para presionar al gobierno, a fin de que cumpla los compromisos incluidos en la ley y satisfaga algunas demandas importantes que quedaron pendientes.
Sobre las demandas de las personas discapacitadas planea un caso de posible corrupción.
Amparo Carvajal, presidenta de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos de La Paz, explicó a IPS que el gobierno no supo justificar el destino de unos 5,8 millones de dólares, que fueron asignados en 2011 a la creación de un fondo para personas con discapacidad.
"No se sabe dónde ha ido ese dinero. El gobierno asegura que 20 millones de bolivianos (2,8 millones de dólares) fueron invertidos en actividades de formación", declaró Carvajal, pero ello no consta a las organizaciones involucradas.
Sillerico aseguró en la fase de consultas y redacción del reglamento que se abre ahora, la Defensoría del Pueblo tendrá la tarea de realizar consultas con la confederación que agrupa a las personas discapacitadas.
La representante de la defensoría considera que las personas beneficiarias de esta legislación no deben ser consideradas parte de un tema de salud pública, sino como sujetos de derechos, más aún por el respaldo de 60 por ciento de la población a sus demandas.
El representante en Bolivia del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), Jaime Nadal, pidió al gobierno aplicar políticas reales de inclusión de las personas con discapacidad, en particular para las mujeres.
Una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo reveló que 84 por ciento de las mujeres con limitaciones físicas se sienten discriminadas en empresas públicas y privadas, mientras 59 por ciento de este grupo están excluidas del mercado laboral.
La violencia afecta a 86 por ciento de las mujeres con discapacidad, mientras que el ámbito familiar se convierte en el espacio de mayor maltrato, seguido de las calles y las escuelas, según el estudio.
