Las organizaciones de la sociedad civil (OSC) no deben ser «meras ejecutoras» de los proyectos de desarrollo, sino partícipes de todo el ciclo de políticas públicas, y especialmente garantes en la tríada que forman con los gobiernos nacionales y los organismos internacionales.
En la región, "muchas veces se utiliza a las OSC como mero brazo ejecutor de políticas públicas diseñadas por otros actores, y por ende no se reconoce su experiencia acumulada", afirmó Teresa Herrera, de la Red contra la Violencia Doméstica e integrante del Grupo Consultivo de la Sociedad Civil (ConSOC) de Uruguay.
Al marginar a las OSC de la fase de diseño y de supervisión de las políticas, "no se dan las condiciones para aprovechar "las buenas prácticas que tienen, y que podrían contribuir a un mejor desempeño", agregó.
Los ConSOCs son instancias nacionales en los que el BID interactúa con la sociedad civil organizada, y en los que participan grupos de ciudadanos con intereses y reclamos diversos.
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El BID ha colocado como una de sus prioridades el promover una mayor convergencia con los gobiernos nacionales y las organizaciones no gubernamentales.
Para buscar caminos hacia este objetivo se realizó este viernes 16 el seminario "El BID, la sociedad civil y los gobiernos: abriendo nuevas oportunidades de colaboración", con la participación de representantes gubernamentales, de la sociedad civil y del organismo multilateral.
El propio presidente del organismo, el colombiano Luis Alberto Moreno, destacó en esta actividad que, a partir de 2010, el BID ha venido incrementando el diálogo con la sociedad civil, especialmente a través de los ConSOCs.
"Existen aproximadamente 170 cooperaciones técnicas no reembolsables siendo ejecutadas por diferentes OSC que operan en los 26 países que trabaja el banco. Esta cartera de proyectos representa una inversión no reembolsable de aproximadamente 93 millones de dólares", subrayó.
Además, indicó que, en 2011, hubo más de 100 reuniones de estos grupos consultivos, referidas a temas tan diversos como seguridad ciudadana, cambio climático, igualdad de género y acceso a información.
"Nuestro planteo es que la sociedad civil integre desde el inicio el proceso de construcción del contenido, y no solo la ejecución, de los programas de los gobiernos", dijo a IPS el presidente del instituto no gubernamental uruguayo para el desarrollo de tierras y aguas INDRA, Aler Donadio.
Pero Donadio reconoció que los ConSOCs constituían el espacio ideal y el primer paso para un mayor involucramiento de la sociedad civil. "Son una gran pantalla que refleja las pensamientos diversos y muchas veces adversos de cada uno, pero también el paraguas para que trabajemos juntos", añadió.
Con esta opinión coincidió el director nacional de Política Social del Ministerio de Desarrollo Social de Uruguay, Andrés Scagliola.
Las OSC "deberían incorporarse al conjunto de este ciclo de la política pública, desde el diseño, la implementación, y también en el contralor, en la auditoría" de las iniciativas, afirmó.
"La sociedad civil tiene un papel fundamental que jugar porque partimos de la base que las personas no deben ser objeto de asistencia sino sujetos de derechos", agregó.
Scagliola insistió en que las políticas públicas podrían beneficiarse de "los recursos, las capacidades y los conocimientos que hay en esas organizaciones".
El funcionario gubernamental explicó a IPS que, para asegurar esa participación, se deberían "protocolizar" los vínculos.
"Esto significa que se paute claramente cómo deberían participar las OSC, por ejemplo, a la hora de elaboración o diseño de una política, a la hora de la implementación y a la hora de la evaluación. Hoy depende de la administración de turno que haya instancias de participación o no", indicó.
Esa protocolización puede concretarse a través de distintas normativas, que pueden ir desde el rango legal hasta el orden de las resoluciones ministeriales, pero "sí consideramos que debe estar reglada y que no debe depender de cada uno de los decisores", dijo a IPS.
Durante su intervención en el seminario, Moreno destacó que entre los proyectos a favor de una triada OSC-gobiernos-BID en noviembre el banco realizó una convocatoria a proyectos comunitarios y de reducción de la pobreza, apoyados con fondos del gobierno de Japón.
"La respuesta fue contundente: se presentaron más de 4.000 organizaciones con interés en participar, y recibimos cerca de 1.900 propuestas de los 26 países prestatarios", indicó.
Pero, mientras tanto, el organismo nota debilidad en el relacionamiento entre las OSC y sus propios gobiernos nacionales.
El vicepresidente de países del BID, el brasileño Roberto Vellutini, ironizó que esto debía mejorarse para lograr que la tríada se pareciera más a la "Santísima Trinidad" y menos al "Triángulo de las Bermudas".
"Nosotros notamos que la relación BID-sociedad civil es muy fuerte. Vamos aprendiendo, damos algunos tropiezos, pero es una relación muy fuerte. También la relación BID-gobiernos. Lo que está más débil aquí es la relación gobierno-sociedad civil", sostuvo.
Citó, sin embargo, algunos ejemplos de gobiernos latinoamericanos que han dado pasos para mejorar sus vínculos con las OSC.
El gobierno de México creó una dirección especial para relacionarse con la sociedad civil, y Honduras solicitó al BID cooperación técnica para diseñar un plan de relacionamiento con organizaciones no gubernamentales.
Pero Scagliola sostuvo que no se podía generalizar.
"No se puede hacer un análisis simple, sino que hay diversidad de experiencias. En las políticas de seguridad social, en las políticas de salud y en las políticas de trabajo de Uruguay, las OSC participan de la elaboración y forman parte de los órganos colectivos", destacó.
