Tres días después de la muerte de 360 reclusos en un incendio en la granja penal de Comayagua, en la región central de Honduras, el fuego en cinco mercados de la capital dejó en la calle a 5.000 vendedores y pérdidas estimadas en siete millones de dólares.
El sábado 18, mientras la atención se centraba en los malos olores que se desprenden de la morgue capitalina, atestada con los cuerpos de los calcinados o muertos por asfixia el día 15 en el incendio del penal de Comayagua, sonaron las sirenas de los bomberos que se dirigían a apagar un fuego en uno de los mercados.
En cuestión de horas, las llamas se propagaron al resto de los mercados, creando el peor incendio de Tegucigalpa.
El hecho se produjo en horas del mediodía, cuando se concentran los clientes que hacen sus compras semanales. Las columnas de humo se veían desde toda la ciudad. La intervención de las autoridades y la solidaridad de la gente evitaron las muertes, si bien 11 personas resultaron heridas.
Con refuerzos de bomberos de cinco municipios aledaños, el incendio logró aplacarse en seis horas, pero el desastre que dejó es impresionante. Las causas todavía se desconocen. El alcalde capitalino Ricardo Álvarez sostuvo que "aquí hay algo raro" y pidió una investigación a fondo.
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"Nos quedamos en la calle, hoy todo es cenizas, y nos llama la atención que los incendios en los mercados siempre han sido de noche, y este fue a plena luz del día, cuando la aglomeración de gente es fuerte", dijo a IPS la comerciante Francisca Canales, quien desde hace cuatro décadas tiene un puesto en el mercado.
Según Álvarez, los bomberos descartan un cortocircuito como origen del fuego. Un equipo de la estadounidense Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF, por sus siglas en inglés), llegó el domingo 19 a la escena del siniestro para comenzar las pesquisas preliminares.
Ese grupo es el mismo que, desde el viernes 17, trabaja a petición de Honduras en la granja penal de Comayagua conduciendo la investigación del incendio del miércoles 15. Cuenta con equipamiento de última generación y perros entrenados para detectar si el fuego se originó por explosiones o derrames de combustible.
La presencia estadounidense en Comayagua es notoria desde la tragedia. Soldados de ese país, asentados en la base militar de Palmerola, a cinco kilómetros del penal, vigilan entradas y salidas y la escena del siniestro, vital para la investigación.
En la base aérea Coronel Soto Cano, de Palmerola, están destacados desde la década de 1980 unos 1.000 efectivos estadounidenses como parte de un convenio de cooperación militar entre ambos países.
"Gracias a ellos es que no se limpió la escena del crimen en el sitio de los módulos de los reos, porque algunas autoridades querían lavar y echar cloro, pero los militares estadounidenses tienen asegurada esa zona", dijo a IPS un activista humanitario que trabaja en las investigaciones y pidió no revelar su nombre.
Todo indica que el incendio carcelario fue provocado, "y la forma en que aparecen algunos de los cadáveres, apiñados, podría obedecer a disparos desde afuera de las celdas para evitar que salieran, pero todo eso saldrá en la investigación", añadió la fuente.
"Lo cierto es que la autoridad policial responsable de los presidios no actuó diligentemente; muchos se salvaron porque un reo que es auxiliar de enfermería fue quien tomó las llaves, que dejó botadas el responsable, y comenzó a abrir las celdas", acotó.
La comunidad internacional está enviando médicos forenses, antropólogos, psicólogos y otros profesionales que trabajan en la identificación y autopsia de los cuerpos, la mayoría irreconocibles.
El Salvador, México, Guatemala, Chile y Perú son algunos de los países que enviaron personal. La embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubiske, fue explícita respecto de la voluntad internacional: "No queremos más impunidad, queremos transparencia".
Honduras ya carga con denuncias internacionales por masacres o incendios en penales.
Los dos incendios tienen un hilo en común, "la ineficacia terrible del Estado en resolver los problemas, porque aquí solo se resuelve lo inmediato", dijo a IPS la socióloga y catedrática universitaria Mirna Flores.
Aún no se puede conjeturar que detrás de ambos hechos esté la mano de la delincuencia organizada en busca de desestabilizar, pero son dos eventos con rasgos comunes que parten de poblaciones pobres, que viven en espacios confinados y con precarias instalaciones sanitarias y de infraestructura básica, apuntó el politólogo Miguel Cálix.
Lo evidente, señalan estos analistas, es la ausencia del Estado, incapaz de garantizar la seguridad de espacios que se encuentran bajo su control, como las cárceles y los mercados, por citar dos ejemplos.
Estos hechos se producen cuando el gobierno se apresta a dar una respuesta de "mano dura" a la delincuencia.
En enero se aprobaron una ley que autoriza las escuchas telefónicas y la reforma a un artículo de la Constitución que permitirá extraditar a todo hondureño requerido por delitos de narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.
El Poder Ejecutivo podrá a partir de ahora negociar y firmar tratados internacionales de extradición.
Además, el gobierno pondrá en funciones a una comisión interventora de la policía, integrada por personalidades nacionales y extranjeras, para investigar nexos de esa fuerza de seguridad con diversos delitos.
"Todo se reduce al problema de la seguridad, y me asusta pensar que se estuviera ante una tendencia de querer desestabilizar", dijo Flores. "Ha llegado el momento en que el Estado reenfoque la seguridad".
Mientras continúan los análisis y las conjeturas, en improvisados albergues en Tegucigalpa las familias de las víctimas del penal alimentan su angustia por la lentitud para entregarles los cuerpos.
De los 852 reclusos que había en Comayagua, 492 salvaron la vida. Honduras tiene 24 cárceles con capacidad para 8.000 personas, pero en esos centros están presas más de 13.000.
