El japonés Kazuya Tarukawa, de 36 años, dejó un trabajo seguro en la capital de este país para ocuparse de la granja orgánica de su familia, ubicada a 100 kilómetros del accidentado reactor nuclear de Daiichi, en Fukushima.
Aunque está fuera de la zona de exclusión establecida por el gobierno a una distancia de 60 kilómetros en torno de la central atómica, la granja de Tarukawa no es inmune a las sospechas de contaminación radiactiva. Y los consumidores son cada vez más cautos.
Diez días después del desastre del 11 de marzo de 2011 en la central de Fukushima, causado por un terremoto y un tsunami, la desesperación llevó al padre de Kazuya, Hisashi Tarukawa, de 74 años, al suicidio.
"Mi padre quedó devastado luego del colapso del reactor nuclear y los reportes de contaminación radiactiva. Perdió toda esperanza en su futuro y en el de la agricultura de Japón", dijo a IPS el hijo.
La huerta, que produce una amplia variedad de verduras en verano, fue cultivada con esmero por ocho generaciones. En la última década, el ahora difunto Tarukawa añadió la agricultura orgánica a esa herencia.
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"El accidente nuclear arrasó con todos nuestros esfuerzos", dijo el hijo y sucesor del fallecido Tarukawa. Él mismo siente una desesperación profunda.
Los agricultores de la zona todavía luchan por asumir que una de las peores consecuencias del desastre es el golpe a la industria alimentaria japonesa, otrora respetada en todo el mundo por su calidad.
"Los productos de mar y agrícolas reciben rechazo interno e internacional por el temor a la radiación", dijo Ryota Koyama, experto en seguridad alimentaria de la Universidad de Fukushima.
"Llegó el momento de desarrollar nuevas políticas de seguridad basadas en evidencias científicas y en preocupaciones sociales, paso crucial hacia el abordaje de este problema", señaló Koyama.
En los últimos meses, el gobierno ha intentado que la población vuelva a confiar en los alimentos cultivados en Fukushima y zonas vecinas y para eso emprendió la limpieza de los suelos contaminados de granjas y huertas.
Las autoridades también se comprometieron a realizar nuevos análisis para detectar cesio 137, un peligroso material radiactivo, en más de 25.000 establecimientos agrícolas, establecer medidas de seguridad más estrictas a partir de abril de este año, e intensificar las inspecciones en busca de radiación en las tiendas de alimentos.
El cesio 137 es carcinógeno y tiene una vida media de unos 30 años.
Este mes, el Ministerio de Salud propuso un límite especial de 50 becquereles (medida de actividad radiactiva por segundo) por kilogramo de alimento y leche para infantes, a fin de reducir la exposición a la radiación.
Un panel de científicos ya aprobó la propuesta y destacó en un comunicado que las nuevas medidas para todos los productos alimenticios "garantizan consideraciones especiales para los niños".
Pero activistas antinucleares y madres y padres que continúan presionando para que haya mejores normas de protección a la infancia de Fukushima insisten en que no estarán satisfechos hasta que el gobierno tome medidas para evacuar a toda la población infantil hacia áreas totalmente seguras.
Según estimaciones del influyente periódico Asahi Shimbun, en septiembre de 2011, un área de más de 8.000 kilómetros cuadrados había acumulado concentraciones de cesio 137 de 30.000 becquereles por metro cuadrado.
El área que se estima contaminada abarca casi la mitad de la prefectura de Fukushima, la tercera más grande de Japón, con 13.782 kilómetros cuadrados. También abarca prefecturas vecinas, 1.370 kilómetros cuadrados en Tochigi, 380 en Miyagi y 260 en Ibaraki.
El diario Asahi Shimbun calculó el tamaño del área contaminada en base a un mapa de distribución de los niveles de cesio 137 acumulado, medidos desde aviones, que el 8 de septiembre de 2011 divulgó el Ministerio de Ciencia.
Fukushima y el accidente de 1986 en la central ucraniana de Chernobyl fueron de nivel 7, el peor en la Escala Internacional de Eventos Nucleares, porque la cantidad de materiales radiactivos liberados superó las decenas de miles de terabecquereles.
"Las pruebas que indicaban un grado inseguro de contaminación fueron hechas inicialmente por los agricultores y no por el gobierno", observó Masai Shiina, portavoz de la Red de Madres de Fukushima para Proteger a los Niños.
"Se quebró la confianza hacia los funcionarios", agregó.
Según Koyama, la creciente indignación y desconfianza del público hacia el gobierno vuelve relevante el desarrollo de estándares de seguridad nuclear basados no solo en medidas científicas.
Es necesario "incluir el punto de vista social sobre la contaminación nuclear", destacó.
Koyama impulsa en su investigación sobre contaminación alimentaria el desarrollo de una gama de grados de seguridad para diferentes productos, que reemplace el límite actual de 100 becquereles.
Está en debate el desarrollo de estándares más estrictos sobre productos básicos como el arroz, mientras las frutas pueden seguir en los niveles actuales, en base a un sistema practicado en Ucrania.
Koyama promueve la divulgación de información clara sobre los peligros que implican diferentes tipos de contaminación radiactiva, como el hecho de que el cesio puede ser controlado en varias décadas, mientras la exposición al plutonio radiactivo de Chernobyl permanecerá por mucho más tiempo.
El agricultor Kitaburo Tanno, quien abandonó su granja de ocho hectáreas en Nihonmatsu, a 45 kilómetros del reactor dañado, cree que lo único que puede salvar la agricultura japonesa es que el gobierno dé información honesta.
"Decidí irme de mi granja poco después del accidente porque ya no podía confiar en la información que daba el gobierno. Yo hubiera apreciado una evaluación honesta para los agricultores que hubieran podido salir adelante con el apoyo de fondos públicos. (Pero) esto no ocurrió", explicó a IPS.
Más de 100.000 personas, principalmente jóvenes, abandonaron Fukushima.
Probablemente esas migraciones masivas afecten la producción de las ricas áreas agrícolas del nororiente, y el gobierno, entonces, tendrá que tomar decisiones difíciles.
