Ataviado con chaqueta verde oliva y boina calada, el veterano de guerra Carlos Hernández ora ante la tumba del asesinado arzobispo Oscar Arnulfo Romero, en la Catedral Metropolitana de El Salvador, que una veintena de excombatientes mantienen tomada en reivindicación de sus exigencias.
"Aquí estamos hasta el tope, no nos vamos de la catedral hasta que cumplan nuestras demandas", dijo Hernández a IPS, después que la protesta se radicalizó cuando los ocupantes se declararon en huelga de hambre el sábado 11, un mes después de comenzar su acción.
El 10 de enero él y sus compañeros ocuparon la iglesia para exigir el aumento de las pensiones para los lisiados de guerra, la inclusión de los padres de los combatientes muertos en acción en el fondo de pensiones y otras de tipo político, como el cese de despidos de sindicalistas de instituciones estatales.
Las demandas de mejores prestaciones socioeconómicas para salir de la pobreza en la que se encuentran los excombatientes del ejército y de la otrora guerrilla del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), han sido recurrentes desde que, en 1992, se firmó la paz que puso fin a 12 años de guerra, que dejó 70.000 muertos y unos 8.000 desaparecidos.
Un censo gubernamental estableció en enero que 87 por ciento de los 25.000 veteranos del FMLN vive en condiciones de pobreza y su tasa de analfabetismo es de 36 por ciento.
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Un censo similar de los veteranos del ejército está aún pendiente. Pero el 9 de enero, ellos establecieron una mesa de negociación con el gobierno para que escuchara sus exigencias, tal como se hizo con los veteranos de la exguerrilla desde mayo del 2010.
Los exmilitares piden que se les incluya en programas como el Plan de Agricultura Familiar, que impulsa el gobierno, y por medio del cual otorga herramientas e insumos agrícolas para trabajar la tierra. También solicitan el aumento de sus pensiones.
El presidente Mauricio Funes anunció durante la celebración del 20 aniversario de la firma de los Acuerdos de Paz, el 16 de enero, la inversión de unos 25 millones de dólares en programas sociales para los excombatientes guerrilleros, como acceso a cobertura médica.
Además, se incluirá a 3.400 padres y madres de combatientes muertos en acción en el sistema del Fondo de Protección de Lisiados, lo cual les hace beneficiarios de una pensión mensual.
Esos progenitores habían recibido, por un decreto de 1997, una indemnización única, pero quedaron fuera de los beneficios de una pensión permanente y de asistencia de salud integral.
"Las madres y padres fueron injustamente excluidos ( ) Les dieron ínfimas indemnizaciones que solo les han permitido vivir en una situación de precariedad", dijo Funes durante el 20 aniversario de los acuerdos. El presidente llegó al poder en 2009 respaldado por el ahora partido FMLN y ello puso fin a dos décadas de gobiernos de la Alianza Republicana Nacionalista, de derecha extrema.
Funes también anunció la entrega de una pensión de 50 dólares a más de 2.700 excombatientes con más de 70 años.
"¿Quién puede sobrevivir en estos días con 50 dólares? Ese ofrecimiento es una burla, además, debería ser para todos, no solo para los mayores de 70", planteó a IPS otro de los ocupantes de la catedral, Luis Ortega.
La canasta básica alimentaria de este país de 6,7 millones de habitantes ronda los 180 dólares.
En los Acuerdos de Paz se estableció que los guerrilleros desmovilizados recibirían parcelas de tierra para que las cultivaran, como un mecanismo para su reinserción en la vida civil. Pero el sector agropecuario, al igual que el resto de la economía, se encuentra sumido en una aguda crisis que dificulta la sobrevivencia de los excombatientes.
Otros obtuvieron becas y cursos de capacitación en áreas como informática, con la idea de que pudieran dedicarse a la programación o reparación de computadoras. Pero dos décadas después pocos han logrado hacerse un hueco en el sector, debido a la competencia de los egresados de las universidades.
También se creó el estatal Fondo de Protección de Lisiados y Discapacitados a Consecuencia del Conflicto, destinado a otorgar una pensión mensual a los lisiados de guerra, cuyo monto varía según la gravedad de la lesión y que actualmente oscila entre 98 y 233 dólares.
Ortega afirmó que se han incumplido los Acuerdos de Paz en materia de atención a los veteranos de guerra, pues las medidas para que pudiesen reinsertarse en la sociedad "han fracasado".
El gobierno también se comprometió a pagar una deuda de unos 40 millones de dólares con unos 36.000 lisiados por pensiones sin cancelar desde 1993.
Al finalizar la guerra, el FMLN se convirtió en partido político y, tras una serie de derrotas electorales, finalmente alcanzó la Presidencia con el periodista Funes. El partido se ha desligado de la toma del templo y duda de que los ocupantes sean realmente veteranos de guerra del Frente.
Olga Serrano, directora ejecutiva de la Asociación de Lisiados de Guerra de El Salvador Héroes de Noviembre del 89 (Alges), que aglutina a los discapacitados de la exguerrilla, también se desmarcó de la toma de la catedral.
Pero sí coincidió en que a dos décadas de la firma de los Acuerdos de Paz, todavía hay mucho por hacer para que los veteranos de guerra puedan realmente reinsertarse productivamente en la sociedad.
"Queremos que nos den oportunidades, programas reales de apoyo que permitan que el lisiado de guerra sea productivo al país", dijo a IPS.
Serrano agregó que actualmente en el Congreso legislativo están estancadas dos reformas de ley que permitirían duplicar el monto de las pensiones y tener acceso a la salud integral.
El derecho a la salud integral es un reclamo que los lisiados de guerra han venido sosteniendo por años, porque tienen acceso médica gratuita limitada a las dolencias estrictamente vinculadas a las afecciones producto de la guerra.
En 2001, Alges y otras organizaciones de veteranos lograron que el parlamento modificara la legislación para permitir la incorporación de muchos lisiados de guerra que por distintas razones habían quedado fuera del sistema de pensiones para veteranos, entre otros beneficios.
Juan Pablo Bonilla, vicepresidente de la Asociación de Lisiados de Guerra de la Fuerza Armada de El Salvador, dijo a IPS que en 2008 lograron una reforma legal que impide la suspensión o reducción abrupta de las pensiones, una práctica aplicada hasta entonces por parte del personal del Fondo de Protección de Lisiados.
Resultaba muy frecuente que los funcionarios dictaminasen que la dolencia había desaparecido y tomasen medidas inconsultas con esa base.
Actualmente, varias organizaciones de excombatientes preparan el texto de una Ley de Apoyo Integral a los Veteranos de Guerra, que pretenden presentar pronto al Congreso para su discusión y que incluirá temas por los cuales han venido luchando, como el aumento de las pensiones y la salud integral.
Mientras, Hernández sigue recluido y en huelga en la catedral y busca reconforte ante la tumba del arzobispo católico Romero, símbolo de la defensa de los derechos humanos durante la guerra, y asesinado mientras celebraba misa en el lugar, en 1980, un día después de pedir a los militares que dejasen de matar y volviesen a los cuarteles.
Daniel Hernández, presidente de una de las 14 organizaciones de veteranos, aseguró que la toma, a la que se han sumado algunos sindicalistas, así como la huelga de hambre, se mantendrán mientras el gobierno "no acepte hacer una negociación seria. Dejamos las reuniones porque han jugado con nosotros".
