La multimillonaria ayuda estatal dispuesta en España para bancos y otras entidades financieras privadas, mientras se recortan presupuestos de servicios básicos como salud y educación, fue condenada con grandes protestas en más de una veintena de ciudades.
Coreando lemas como "la banca siempre gana y no me da la gana" y "esta crisis no la pagamos", manifestantes recorrieron las calles céntricas de la sureña ciudad de Málaga en un ambiente festivo y entraron en una oficina financiera para tratar de cobrar cheques simbólicos, argumentando "falta de liquidez tras los recortes del gobierno" que afectan especialmente a las capas media y baja.
La denominada "Acción contra el rescate a bancos con dinero público" fue impulsada a través de las redes sociales por Democracia Real Ya (DRY), plataforma que convocó y dio origen al movimiento 15M o de indignados.
Esta convocatoria "pretende evidenciar de forma pacífica en multitud de oficinas bancarias de nuestro país la enorme responsabilidad de estas entidades en la dura situación que estamos atravesando", dijo a IPS el portavoz de DRY en Madrid, Fabio Gándara.
"Criticamos que se rescate con dinero público a entidades de crédito privadas", explicó a IPS, a su vez, Santiago R, uno de los portavoces de DRY en Málaga que prefiere no dar su apellido.
[related_articles]
El manifiesto difundido por la plataforma critica que, por un lado, se pida a los ciudadanos que en aras de la estabilidad del sistema financiero, acudan a salvar entidades arruinadas por una gestión ineficaz y, por otro, que asuman la pérdida de servicios públicos.
"No hay dinero para la calefacción en los institutos públicos de Valencia, pero se inyectan millones de euros a los bancos", advirtió R, tomando en cuenta el crudo invierno boreal en curso.
Durante esta semana, miles de estudiantes, familiares y profesores, apoyados por sindicatos y partidos opositores salieron a la calle en muchas ciudades españolas para protestar contra los recortes en educación y condenar la carga policial del lunes 20 contra un grupo de alumnos durante una concentración pacífica en Valencia, en el sudeste del país.
"La situación raya con el delirio. Falta sentido común", opinó el portavoz malagueño de DRY, quien consideró que el destino del dinero del Estado debe ser mejorar la vida de todos los ciudadanos.
La plataforma reclama "el cese inmediato de los rescates a los bancos con dinero público", así como "la depuración de todas las responsabilidades económicas o penales derivadas de la mala gestión de las entidades rescatadas".
Desde que estalló la llamada burbuja inmobiliaria en 2008, sentenciada por la crisis global nacida ese año en Estados Unidos, los bancos españoles están debilitados, porque poseen numerosos créditos que corren el riesgo de no ser devueltos y un stock de inmuebles y terrenos embargados.
Datos de la Comisión Europea, el órgano ejecutivo de la Unión Europea, indican que en España se utilizó entre 2008 y 2011 una suma equivalente a alrededor de ocho por ciento del producto interno bruto para ayudar a más de una decena de entidades financieras en apuros y se han estatizado otras para sanearlas y venderlas a empresas privadas.
Los manifestantes argumentan que los ejecutivos de esos bancos con problemas severos son los mismos que autorizaban préstamos por montos mayores al valor real de las viviendas a financiar y asumían riesgos mayúsculos para continuar su negocio, lucrativo entonces, pero de corto plazo.
Son ellos los que deben responder a las pérdidas de su gestión, y no los ciudadanos los que soporten el peso del rescate, agregan.
"Nadie acude al rescate de un ciudadano ahogado por la crisis" que no puede pagar su hipoteca, sino que este pierde el derecho básico a la vivienda reconocido en la Constitución y "se le persigue después de haberla perdido", reza el manifiesto de DRY titulado "Yo pago, tú pagas y a los bancos los rescatan".
El ministro de Economía de España, Luis de Guindos, dijo el miércoles 22 que el gobierno propondrá una serie de medidas para intentar aliviar el problema de los desalojos por falta de pago de la hipoteca mediante un "código de buenas prácticas" bancarias no vinculante.
El beneficio incluiría la posibilidad de aplazar en dos años los juicios por atraso en las cuotas de pago de hipotecas a personas incluidas en un "umbral de exclusión social".
Mientras, Alberto Garzón, diputado nacional de Izquierda Unida por Málaga, calificó las protestas de este viernes 24 como una acción "muy adecuada, a la que deberían sumarse muchos actores políticos para perseguir la transformación del sistema".
Garzón, un economista de 26 años y también integrante del movimiento 15M desde su origen, se mostró partidario, ante la consulta de IPS, de recuperar una "banca pública gestionada de forma democrática".
"Tenemos que ayudar a las familias y no a los bancos", dijo el diputado el 16 de febrero durante una intervención en el Parlamento ante el ministro De Guindos.
Por su parte, Jordi Calvo, economista e investigador sobre movimientos sociales, cultura de paz y armamentismo, reconoció en declaraciones a IPS que la intervención pública en todos los bancos con problemas "es necesaria", pero advirtió que "esta ayuda no puede ser a cambio de nada".
"Si un banco recibe dinero público debe pasar a ser público y gestionado en función de los intereses generales", aseveró.
Calvo sugirió que "se debe también ayudar a salir de situaciones de falta de liquidez a pequeñas cooperativas, que cuando se encuentran en problemas no reciben el mismo trato que los grandes bancos".
La reforma financiera aprobada por el gobierno español del centroderechista Mariano Rajoy el 3 de febrero impone un fuerte recorte a los salarios de los ejecutivos de entidades bancarias que fueron intervenidas y de aquellas que recurrieron a fondos públicos.
El real decreto de saneamiento del sector financiero obliga a los bancos a aumentar su cobertura de riesgos en unos 52.000 millones de euros (70.000 millones de dólares) para cubrir su exposición a los activos "tóxicos" (bonos de difícil recuperación) vinculados con la burbuja inmobiliaria.
De Guindos advirtió que este dinero debe salir de las utilidades que producirá este año la venta de dichos activos, porque "no se empleará ni un euro de dinero público en este saneamiento".
"La banca ha actuado de forma irresponsable y criminal provocando su propia ruina", dijo Gándara, tras señalar "la macabra paradoja que supone que los culpables de la crisis sean rescatados con dinero público mientras los ciudadanos de a pie tienen que asumir el coste de la crisis".
En dos meses de gobierno y en medio de una severa crisis económica, común al resto de países de la Unión Europea, Rajoy ha anunciado una marea de reformas en materia laboral, financiera, educativa y legislativa, y prevé presentar los presupuestos generales el próximo 30 de marzo.
