El carpintero chino Zhang Daliu, de 46 años, nunca se imaginó encerrado en los tenebrosos calabozos de una pestilente prisión hacinada de Zambia, donde las condiciones de reclusión lo enfermaron a poco de llegar.
Pero de ese lado cayó la moneda para Zhang y otros tres compatriotas: Hong Pin Liu, un carpintero de 46 años, Yang Gang Qiang, un soldador de 36, y Zhu Xiang, un albañil de 51.
Los cuatro hombres podrían ser condenados a cadena perpetua si los declaran culpables de asalto sexual indecente a menores de edad, el delito que les imputa la fiscalía de Luanshya, un pueblo en el límite sur de la provincia de Copperbelt, rica en minerales, como lo indica su nombre inglés que significa "cinturón de cobre".
La pena mínima por ese delito es de 15 años de prisión con trabajos forzados y la máxima, cadena perpetua.
Los cuatro trabajadores chinos están acusados de pagar por mantener relaciones sexuales con adolescentes menores de 16 años, la edad legal de consentimiento en este país del centro-sur del continente africano.
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El escándalo sexual dio pie a un acalorado debate con visos de xenofobia. Hay quienes acusan a las adolescentes de avergonzar al país por prostituirse tan jóvenes.
Otras voces apuntan a que la pobreza y la desesperación generalizada en Luanshya, a las que se atribuye la prostitución de las jóvenes, datan del régimen corrupto del expresidente Frederick Chiluba, de 1991 a 2002.
El mandatario vendió en 1997 la mina de cobre de Luanshya a la compañía india Binani Industries por solo 35 millones de dólares en la etapa de privatizaciones mineras que vivió este país.
Apenas tres años después de la venta, la empresa se declaró en quiebra y más de 6.000 mineros perdieron su trabajo. La población se empobreció y comenzó un período de penurias.
En los siguientes seis años, muy pocas personas lograron ingresos para alimentar a sus familias.
Cuando el grupo estatal China Nonferrous Metals Mining (CNMC), compró el yacimiento en 2009, buena parte de la población de Luanshya vivía en extrema pobreza. Si bien la operación creó empleos, también acarreó la llegada de trabajadores chinos.
Los trabajadores chinos, contratados por Luanshya Copper Mine, subsidiaria de CNMC, para recuperar la mina de la antigua empresa estatal Roan Antelope Mining Corporation y desarrollar la nueva, Muliashi, a cielo abierto, llegaron al municipio en un contingente de 270 hombres, y ninguna mujer.
Más de 80.000 chinos viven en Zambia, de los 925.000 que se estima residen en África. La mayoría son trabajadores que, en tiempos de crisis económica, son vistos como los únicos que tienen dinero para gastar.
Mary Mumba vive desde hace más de 20 años en el municipio de Roan, el suburbio minero de gran densidad poblacional de Luanshya. Fue testigo de su deterioro, devenido en paraíso de prostitutas, ladrones de cobre y vagabundos borrachos.
Sin embargo, ella dice comprender las razones de las adolescentes para prostituirse.
"Muchas familias de aquí son pobres y suelen pasar días sin comer. Como padres pobres comprendemos por qué las jóvenes llegaron al punto de entregarse a los chinos. Son las únicas personas del pueblo con dinero en el bolsillo", se lamentó Mumba.
Otra residente, Rhoyda Musonda, atribuyó el hecho a la pobreza y culpó a los padres de las adolescentes involucradas en el escándalo.
"Es nuestra culpa. Esas jóvenes no fueron obligadas por los chinos a mantener relaciones sexuales. Estoy segura de que los padres vieron que las muchachas compraban cosas raras que no podían pagar. Debió llamarles la atención", arguyó.
El minero Gift Mulenga es indiferente al escándalo. La mayoría de las jóvenes pobres se prostituyen con cualquiera que tenga dinero para gastar, sin importar su nacionalidad. "Lo que pasó con los chinos es que tenían la nacionalidad equivocada, es todo", se burló.
Mulenga parece tener razón. Las relaciones sexuales y abusos a menores en Zambia están en aumento en los últimos años y hay muchos zambianos condenados.
Oficiales de la Unidad de Apoyo a las Víctimas del Servicio de Policía de Zambia, dijeron que los casos registrados de violaciones de menores pasaron de 1.676 en 2009, a 2.028 en 2010.
Entre los imputados hay maestros, agricultores, médicos tradicionales y hasta policías.
Tres profesores fueron suspendidos el año pasado en la Escuela Secundaria Técnica Ndola para Mujeres, en la provincia de Copperbelt, por tener relaciones sexuales con sus alumnas menores.
En el distrito de Milenge, en el norte de la provincia de Luapula, un hombre de 75 años fue acusado de violar a una niña de ocho.
El aumento de casos de violación llevó a la coalición de activistas de género, el Consejo de Coordinación de Organizaciones No Gubernamentales de Zambia, a convocar a una reunión nacional consultiva a fines de este año.
El encuentro permitirá diseñar nuevas estrategias para hacer frente al problema, señaló Engwase Mwale, directora ejecutiva del Consejo.
"No son para nada buenas noticias. Por eso queremos reunirnos con nuestros miembros y estudiar una forma de controlar la situación", indicó Mwale, que prefirió no especular sobre las causas del aumento de violaciones.