La Ley Forestal, de Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras, en vigor desde 2008, no se aplica efectivamente ni ha detenido la tala ilegal. Operadores de justicia, activistas y gobiernos locales afinan estrategias para su real vigencia. Existe conciencia en los actores convocados de que se necesita “ser más efectivos” en las estrategias de protección ambiental, pues el desconocimiento de la ley permite mucha impunidad, dijo a Tierramérica el comisionado nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, que encabeza la iniciativa.
Uno de los terrenos de mayor impunidad es la deforestación ilegal, que prosigue sin mayores controles estatales, así como los incendios forestales provocados, señaló.
Se estima que Honduras pierde cada año cerca de 58.000 hectáreas de bosque, la mayor parte por tala ilegal. Esta práctica causa al país pérdidas de unos 55 millones de dólares anuales, según el estatal Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre.
