El estado de Río de Janeiro, en el sudeste de Brasil, iniciará en marzo una política pionera para reducir el subregistro de crímenes contra travestis y transexuales, permitiendo que estos se identifiquen con sus nombres sociales cuando denuncien esos delitos a la policía.
Los nombres sociales son los que las travestis eligen y utilizan en lugar de los que figuran en sus documentos de identidad.
Estas minorías sexuales son las que sufren más por los prejuicios y la discriminación, en especial de las fuerzas policiales, dijo a IPS el coordinador del gubernamental Programa Río Sin Homofobia, Cláudio Nascimento.
Brasil está en los primeros lugares del mundo en cuanto a cantidad de crímenes de odio a las minorías sexuales.
"Hay un aspecto simbólico. Por muchas décadas, travestis y transexuales tenían una relación con la policía en el marco del castigo y la condena. Las travestis aún son rechazadas, perseguidas por el odio y un estigma delictivo", dijo Nascimento.
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"La negación de una persona por no poder asumir otra identidad de género puede traer una serie de daños", agregó este activista por los derechos de las minorías sexuales que ahora actúa en la Superintendencia de Derechos Individuales Colectivos y Difusos de la Secretaría de Estado de Asistencia Social y Derechos Humanos de Río de Janeiro.
Si se siguen los procedimientos habituales, "no hay cómo identificar las incidencias que afectan a esa población". Como la denuncia policial no contempla el uso del nombre social, "se genera una situación de coacción en las comisarías y también un subregistro de casos de violencia contra travestis y transexuales", afirmó.
En 2011, los tres Centros de Referencia en Derechos Humanos de Prevención y Combate a la Homofobia contra LGBT (lesbianas, gays, bisexuales y transgéneros) del estado registraron 5.000 consultas y 2.000 denuncias de crímenes, 20 por ciento de los cuales afectaban directamente a travestis y transexuales.
"Si pensamos que esta población (travestis y transexuales) constituye el menor segmento de la comunidad LGBT, en números proporcionales ellos siguen siendo los más perseguidos", dijo Nascimento.
En las próximas dos semanas, el personal policial recibirá entrenamiento y capacitación para atender este tipo de denuncias y registrarlas correctamente. Y desde marzo, travestis y transexuales podrán usar sus nombres sociales cuando denuncien delitos contra la población gay en las 164 comisarías de la policía civil estadual.
El programa Río Sin Homofobia ya capacitó a más de 5.000 policías militares y 1.200 civiles.
Se trata de una población que "ya está victimizada, no queremos que lo sea por segunda vez en una comisaría. Los que busquen las comisarías en condición de víctimas, testigos o autores podrán utilizar su nombre social", anunció la jefa de la policía civil estadual, Martha Rocha.
Según Rocha, esta política hace de Río de Janeiro pionero en Brasil.
"Esperamos que sirva de inspiración para que otros estados" la consideren, dijo Nascimento. "No implica costos adicionales, genera un tratamiento humanitario e incluye la gestión pública en el marco civilizador de la dignidad. La manera de medir el grado de civilización de un país es saber cómo trata a sus minorías sexuales", argumentó.
Según estadísticas del no gubernamental Grupo Gay da Bahia, con sede en la capital de ese nororiental estado, en 2010 se registraron 250 asesinatos homofóbicos en este país de 192 millones de habitantes. Cada 36 horas se comete un crimen de este tipo, estima la entidad.
El nuevo mecanismo de denuncia en Río de Janeiro quedó habilitado el 8 de julio de 2011, cuando el gobernador Sérgio Cabral firmó el decreto 43.065.
Si los agentes limitan de algún modo este derecho, se podrá denunciar ante la Corregiduría de la Policía, órgano que fiscaliza la actuación de las fuerzas de seguridad.
"Esto genera un cambio en la estructura de la seguridad. La identidad de género posibilitará que tengamos datos efectivos sobre la situación de violencia contra esa población, y acciones concretas de asistencia", agregó Nascimento.
Rocha afirmó que, en previsión de la fiesta de Carnaval que se celebra este mes, se organizaron encuentros con autoridades policiales de las zonas de festejos y más concentración de público gay para garantizar un mejor trato.
La cantante transformista Jane Di Castro ve en la nueva política una victoria de la comunidad LGBT.
"Soy activista desde los años 60 y nunca pensé llegar a este siglo con este cambio. Hoy somos de hecho respetadas. En aquella época no teníamos ningún derecho, solo a ser golpeadas. No había derecho a reclamar porque éramos homosexuales, gays y travestis. Era más fácil ir a la policía a denunciar y acabar presa" que conseguir justicia, dijo Di Castro a IPS.
Ella recuerda muchas situaciones de menosprecio policial y su miedo a denunciar, que la llevaba a callarse.
La representante de la Asociación de Travestis y Transexuales de Río de Janeiro, Marjorie Marshi, de 37 años, teme que la nueva medida no sea respetada.
"Como toda política recién implementada, la gente siempre tiene el recelo de si va a ser aplicada tal como fue creada. Ese es el primer paso de formación y construcción colectiva. Ningún decreto modifica una realidad por sí solo", subrayó Marshi.
La iniciativa obedece a por lo menos siete años de lucha, que comenzaron con la fundación de la Asociación. "Es un reflejo del movimiento de travestis, que reivindicó y desarrolló la propuesta, y ahora llegó el momento de transformar una demanda en política de verdad", dijo.
