En vísperas del Carnaval, la mayor fiesta popular de Brasil, la huelga de policías que afecta desde hace días la seguridad en el nororiental estado de Bahia se expandió hacia el sur, mientras crece el debate sobre el derecho de los uniformados a recurrir a este tipo de protesta.
La asamblea realizada este viernes 10 en la sudoriental ciudad de Río de Janeiro, a la cual concurrieron unos 3.000 miembros de Bomberos y de las policías Militar y Civil, decidió imitar a sus colegas bahianos y comenzar una huelga en reclamo de mejoras salariales, con un ingreso mínimo de 3.500 reales (2.000 dólares), y de condiciones de trabajo, como trabajar un máximo de 40 horas semanales y el pago de horas extras.
Simultáneamente, la Asamblea Legislativa del estado de Río de Janeiro había aprobado un aumento gradual de 37 por ciento del salario actual hasta 2013. Pero no fue considerado suficiente por los huelguistas, que representan a un fuerza conjunta de 70.000 integrantes.
Los uniformados piden, además, la libertad del cabo Benvenuto Daciolo, del cuerpo de bomberos de Río de Janeiro, acusado de incitar al delito de motín y de coordinar con sus iguales de Bahia para conformar un movimiento huelguista nacional.
"No estoy de acuerdo con que los policías hagan huelgas, así como la inmensa mayoría de los policías no quiere hacer huelga", declaró a IPS el capitán de la Policía Militar de Río de Janeiro, Melquisedec Nascimento, presidente de la Asociación de Militares Auxiliares y Especialistas.
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Pero "la falta de una política salarial seria para los policías los llevó a la desesperación, porque siempre en época de elecciones los políticos prometen aumentar salarios, pero cuando asumen no cumplen su promesa, llevando a la clase policial a la irritación, con el resultado de esta lamentable situación de enfrentamiento", justificó.
La paralización de las fuerzas de seguridad cariocas se suma a la iniciada el 31 de enero por los policías militares del estado de Bahia.
Uno de los portavoces del movimiento de Río de Janeiro, el cabo de la Policía Militar, Wellington Machado, dijo que "a partir de ahora la seguridad es responsabilidad de la Guardia Nacional o del ejército". Mientras, los bomberos aseguraron que 30 por ciento de sus efectivos estarán a disposición para emergencias con el fin de "no dejar a la deriva a la población".
Pero el momento de la huelga no es casual. Tiene lugar en medio de los festejos previos del Carnaval, que lleva a millones de brasileños y turistas extranjeros a las calles cariocas y, con ello, aumenta sustancialmente el registro de casos de violencia y accidentes.
Con miedo a que la paralización se extienda a otros estados, el gobierno brasileño de Dilma Rousseff, y de sus estados aliados, fueron duros desde el inicio. Las autoridades dispusieron, como medida de presión para las negociaciones, la prisión para 12 de los líderes del movimiento policial rebelde de Bahia, a los que acusaron de incitar a delitos como quema de vehículos y saqueos.
El riesgo es que Brasil se convierta en "un país sin reglas", declaró Rousseff, al aclarar que, aunque considera justas las reivindicaciones en una democracia, condena los rumbos violentos que tomó la huelga, que "atentan" contra este sistema de derecho.
Tanto en Bahia como en Río de Janeiro ya fueron movilizados miles de efectivos del ejército, para garantizar la seguridad.
Durante la huelga de Bahia se registraron más de 150 muertes violentas, inclusive de personas en situación de calle, algo que llamó la atención de autoridades y analistas.
"Me parece extraño ese aumento absurdo de homicidios. No me parece que sea por falta de policías en las calles", cuestionó en entrevista con IPS el coordinador del Laboratorio de Análisis de la Violencia de la Universidad Estadual de Río de Janeiro (UERJ), João Trajano Sento-Sé.
El analista político recordó que en otros movimientos semejantes hubo "una tendencia a crear situaciones para asustar a la población".
"Parece haber un movimiento intimidatorio y eso es decididamente inadmisible", opinó.
Mientras, Nascimento indicó que el actual salario de los policías militares de su estado, que al inicio de su carrera ganan 1.200 reales (650 dólares), no alcanza para suplir las necesidades básicas de una familia. Por eso más de 80 por ciento tienen un segundo empleo, "sobrecargando a los policías de estrés", puntualizó.
Un cabo de policía, que no se identificó, avaló lo dicho por su jefe. "Estoy harto de tener que trabajar en seguridad en tres empleos", se desahogó en una red social de Internet.
Además del exceso de trabajo, los efectivos se quejan de que deben enfrentar una violencia ciudadana con mayor poder de fuego que ellos: "Constantemente somos obligados a enfrentar a delincuentes portando fusiles de asalto, que es un arma de guerra, en Río de Janeiro".
Nascimento precisó también que la policía carioca tiene "una carga de trabajo enorme que aumentará con el campeonato mundial de fútbol en 2014 y con los Juegos Olímpicos en 2016", inaceptable "en un estado que es el segundo en recaudación y que paga el peor salario" del país.
Para muchos analistas el problema mayor pasa por la herramienta -la huelga- utilizada por los policías para defender sus derechos laborales. Un dilema entre ese derecho y la función pública que no tuvo en su tiempo de dirigente sindical el líder del gobernante Partido de los Trabajadores, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva (2003-2011).
Como recordó en su columna en el diario O Globo el comentarista político Merval Pereira, Lula defendió el derecho de huelga de la Policía Militar si sus efectivos no recibían "un salario esencial".
Precisamente la necesidad de un "salario esencial" para los policías se considera relevante, aunque no determinante, para el combate a la corrupción interna de la fuerza.
"No estoy de acuerdo con esas tesis de que la corrupción policial y su mal funcionamiento se deben exclusivamente al salario", acotó Trajano Sento-Sé, al referirse a otros requisitos, como cambios en el adoctrinamiento que "está muy militarizado", mejor entrenamiento, control externo de esos cuadros y más inversión en tecnología e inteligencia.
Sin embargo, una mejora en el salario y en las condiciones de trabajo contribuirían a otros factores como "atraer una mano de obra calificada", y estimular y valorizar el trabajo de los policías.
Antônio Carlos Costa, presidente de la asociación civil Rio da Paz, dijo a IPS que "es obvio que profesionales como los policías y los bomberos, que pagan un precio alto en el ejercicio de su tarea con serio riesgo de vida, tienen que estar bien pagados".
