El asesinato de la nepalesa Rosy Maharjan sacudió a la sociedad civil de este país del Himalaya. Cuando la policía detuvo a su novio de 21 años y a las otras personas que contrató para matarla por celos, mucha gente abrió cuentas en redes sociales para reclamar justicia.
El homicidio de Maharjan en agosto fue seguido de un doble asesinato. En el occidental distrito de Parbat, un padre borracho tiró a sus dos hijas, de seis y ocho años, al río y trató de que pareciera que habían sido secuestradas y matadas por los delincuentes.
Siyadevi Mandal, de 45 años, sobrevivió a 13 intentos de asesinato. Originaria de la aldea de Mahadeva, en el meridional distrito de Saptari, la mujer llora sin consuelo al describir cómo fue tildada de bruja. Si alguien se enferma, la cosecha no es buena o las vacas dan menos leche la acusan de hacer magia negra.
El mes pasado debió ser ingresada al hospital por graves heridas que le provocaron vecinos que la acusaron de la enfermedad de su hija. Hace ocho años, su suegra, Durgadevi, murió a raíz de un ataque perpetrado por aldeanos tras un percance con el ganado.
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Defensores de derechos humanos denuncian que la violencia contra las mujeres se disparó tras el fin de la guerra civil en 2006.
El anuario Anbeshi-2011, lanzado por el Centro de Rehabilitación de Mujeres, una organización con sede en Katmandú, registra casos de violencia de género y documentó 1.569 incidentes entre julio de 2010 y junio de 2011.
La violencia doméstica ocupa los primeros puestos de la lista con 64 por ciento de los ataques. Le sigue la violencia social, 17 por ciento, violación, ocho por ciento, y asesinato, cuatro por ciento. Los agresores son los maridos en 74 por ciento de los casos y otros familiares en 26 por ciento.
En los casos de asesinato, la responsabilidad del marido se eleva a 85 por ciento.
El anuario también registra 293 violaciones y 54 incidentes en que las mujeres fueron acusadas de practicar brujería y golpeadas, desnudadas, obligadas a comer excrementos humanos y víctimas de otro tipo de torturas.
La escalada de ataques ocurre a pesar de una campaña del gobierno realizada el año pasado para frenar la violencia contra la mujer. La iniciativa incluyó una línea telefónica en la oficina del primer ministro para denuncias.
Sarada Pokhrel, miembro fundadora del Grupo de Presión por la Seguridad de las Mujeres, que integra el movimiento "Podemos terminar con toda la violencia contra la mujer" de Asia meridional, atribuyó el problema a la continua confusión política en Nepal.
"Estamos en una etapa de transición desde las elecciones de 2008, esperando una nueva Constitución y un nuevo gobierno elegido", explicó. "Con la sucesión de gobiernos débiles, hay un creciente sentimiento de frustración y una cultura de impunidad. Las mujeres son víctimas de ambas", añadió.
Activistas de derechos humanos señalan con consternación que la edad de las víctimas de violación disminuye. Además, en muchos casos, los agresores son adolescentes.
El Centro de Servicio para el Sector Informal (Insec, por sus siglas en inglés), la mayor organización de derechos humanos de Nepal, señaló que 190 víctimas de violación tenían menos de 18 años y seis, menos de 10. Veinte fueron asesinadas.
El anuario de derechos humanos del Insec también registra el asesinato de 68 mujeres por violencia doméstica. Algunas murieron porque sus padres no pudieron ofrecer una dote significativa, dinero, oro u otros regalos caros como motocicletas. Otras porque no dieron a luz un niño y, otras más, sencillamente porque el marido llegó borracho.
"Muchos episodios de violencia doméstica no son denunciados y muchos de estos llegan a un acuerdo a instancias de la policía o de la propia sociedad", indicó Bijay Raj Gautam, directora ejecutiva del Insec.
"Muy pocos casos de violación toman estado público porque es un delito secreto. Las víctimas sufren discriminación social", añadió.
Gautam mencionó dos episodios a modo de ilustración. Dos hermanas de 10 y 8 años fueron violadas por un adolescente en el distrito de Syangja. La familia decidió mantener el secreto tras ser amenazada de ser condenada al ostracismo.
En Khotang, en el este de Nepal, una mujer fue quemada por su esposo. Sus hijos hicieron la denuncia policial, pero ella decidió retirar los cargos alegando que había tenido un accidente.
Nepal supera a Bangladesh y Filipinas en materia de emigración de trabajadores de cuello azul (obreros), con el consiguiente resquebrajamiento familiar y aumento de la violencia doméstica.
"Cuando el marido se va a trabajar al extranjero, la esposa sufren violencia", indicó Mohana Ansari, integrante de la Comisión Nacional de Mujeres. "Los vecinos o parientes políticos las acusan de tener relaciones extramatrimoniales y las obligan a abandonar el hogar. Tenemos una nueva categoría de víctimas desplazadas", apuntó.
Al término de los 10 años de insurgencia maoísta en 2006, el Estado y los rebeldes acordaron formar una comisión para procesar los crímenes de guerra.
Ya pasaron seis años y no se ha formado ninguna comisión. Al contrario, los sucesivos gobiernos retiraron casos de la justicia contra poderosos dirigentes políticos nutriendo así una cultura de impunidad que alimenta la delincuencia.
Mandira Sharma, directora ejecutiva de Advocacy Forum, una organización que libra batallas legales en defensa de víctimas de violencia, relacionó los ataques con el estatus inferior que tienen las mujeres en la sociedad feudal de Nepal.
"En muchos casos de violencia contra la mujer, los responsables tienen un mayor peso social, económico y político que las víctimas", indicó Sharma, cuya campaña de ocho años contra un grupo de militares que mataron a una niña de 15 años ha resultado infructuosa. "Además hay un creciente nexo entre políticos y delincuentes, que permite que estos últimos salgan en libertad", añadió.
Además, hay cada vez más corrupción en la policía, apuntó. "Mira sino el incidente de Suntali Dhami", añadió.
El caso se hizo conocido, pese a que la identidad de la víctima de violación debe ser confidencial, según la ley. Dhami, una agente de policía de 25 años, fue violada por seis compañeros en una comisaría.
Pese a los reiterados llamados de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, solo tres de los violadores, en cargos inferiores, fueron acusados y condenados. Tres policías de rango permanecen impunes.
El gobierno, además, ignoró la recomendación de la Comisión de castigar a dos jerarcas más, que trataron de obstaculizar la investigación y trataron de hacer parecer la violación como relación sexual consentida.
