La liberación de 651 prisioneros en Birmania a partir de este mes es vista como una victoria por parte de activistas y familiares que luchan contra el infame sistema carcelario de ese país asiático.
Sin embargo, aún no se sabe si la amnistía está sometida algún tipo condiciones por parte del régimen militar de la nación asiática.
Al menos 300 de los presos en vías de liberación fueron detenidos por motivos políticos, incluyendo a figuras de alto perfil como Khun Tun Oo, líder de la etnia shan, U Gambira, líder de la Alianza de Todos los Monjes de Birmania, y el periodista Zaw Thet Htwe.
No obstante, Geraldine May, quien encabeza la campaña por la liberación de periodistas Free Burma VJ, dijo a IPS que su trabajo no estaría terminado hasta que tuviera pruebas de que el gobierno permitiría a los exprisioneros participar en la vida pública y en las próximas elecciones sin interferencias.
"La campaña no puede terminar ahora. Tenemos que garantizar que están seguros y reintegrarlos a sus vidas", dijo May.
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Añadió que las autoridades impusieron "condiciones" a los periodistas para su liberación, como el caso de Sithu Zeya, quien tendrá que cumplir una condena a 18 años si es atrapado cometiendo "cualquier crimen en el futuro".
Zeya trabajaba para la Voz Democrática de Birmania (DVB, por sus siglas en inglés), destacada organización de medios exiliada en Tailandia responsable de las imágenes transmitidas al mundo durante la Revolución del Azafrán en 2007, en la que miles de monjes protestaron pidiendo reformas democráticas.
En total, 13 periodistas vinculados a la DVB, encarcelados bajo las severas leyes de medios mientras cubrían la Revolución del Azafrán y los estragos causados por el ciclón Nargis en 2008, serían liberados como parte de la amnistía.
Con el apoyo de Reporteros Sin Fronteras, DVB lanzó la campaña Free Burma VJ en mayo de 2011, exigiendo la inmediata liberación de sus periodistas.
Hla Hla Win, reportera de 27 años, fue una de las primeras en recuperar libertad en la mañana del 13 de este mes.
Una amnistía anterior, en octubre de 2011, había sido otorgada bajo un artículo de la Constitución que permite indultos con la recomendación del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad, encabezado por el presidente. Pero la adoptada este mes se basó en otro artículo que no requiere el permiso del Consejo.
Aunque en primera instancia esto podría indicar una pérdida de influencia del Consejo en asuntos de importancia nacional, también podría significar que las liberaciones podrían estar condicionadas o ser revertidas.
Activistas tienen discrepancias con el número estimado de prisioneros políticos. Grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, han instado por años al régimen birmano a que permita la formación de un panel, liderado por la Organización de las Naciones Unidas, para comparar las diferentes listas.
"Esto no sería solo para encontrar un terreno común, o quizás identificar significativas diferencias, sino también para asegurar que ningún prisionero político sea olvidado", explicó el jefe investigador de Amnistía para Birmania, Benjamin Zawacki.
El número de prisioneros políticos sigue siendo asunto de controversia debido a la falta de acceso a la información en el sistema judicial.
La Asociación de Asistencia a Prisioneros Políticos, con sede en Tailandia, señala que hay aún 1.260 personas en cárceles de Birmania por motivos políticos, pero la Liga Nacional por la Democracia, principal partido opositor, afirma que son 300.
Oficialmente, el gobierno birmano niega la existencia de presos políticos, y señala que todos los encarcelados son delincuentes comunes.
Pero aun los grupos de oposición más acérrimos reconocen que la última amnistía tendrá implicaciones de largo alcance y la consideran una señal de que la nueva administración está más dispuesta a reconciliarse con sus críticos.
El régimen militar que gobierna ese país de Asia sudoriental desde 1962 convocó a elecciones en 2010 como parte de una "hoja de ruta hacia la democracia".
Los comicios, aunque considerados una farsa por la oposición, llevaron a la adopción de un nuevo sistema de gobierno encabezado por el presidente Thein Sein, del Partido Unión, Solidaridad y Desarrollo, favorable a la junta militar.
Aung San Suu Kyi, la más importante líder opositora y premio Nobel de la Paz, que se encuentra bajo arresto domiciliario desde hace 14 años consecutivos, dijo que la liberación de presos políticos era una "señal positiva", y anunció planes para postularse a una banca parlamentaria en las elecciones previstas para el 1 de abril.
Los perfiles de los prisioneros liberados también sugieren la disposición del gobierno a forjar mejores relaciones a nivel local e internacional.
"Muchos liberados en esta ocasión pueden ser considerados líderes de una forma u otra: líderes del grupo Generación 88 (movimiento estudiantil opositor de 1988), de la Revolución del Azafrán, de la etnia shan y de la Liga Nacional por la Democracia", indicó Zawacki.
La comunidad internacional también respondió positivamente a la amnistía.
Gobiernos que tradicionalmente han apoyado sanciones contra el régimen militar birmano comenzaron a abrir caminos de reconciliación en respuesta a los cambios que se producen en el país asiático desde el año pasado.
La secretaria de Estado (canciller) de Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton, prometió "responder con acciones a las acciones" del gobierno birmano en una conferencia de prensa el 13 de este mes, mientras que Noruega levantó sus embargos sobre Birmania con el objetivo de incentivar a compañías privadas a que inviertan en ese país.
No obstante, defensores de los derechos humanos siguen presionando para la liberación de todos los presos políticos.
Human Rights Watch, con sede en Nueva York, llamó al gobierno birmano a permitir que observadores internacionales constaten el paradero y el número exacto de los perseguidos políticos.
