Impactada por la desaceleración de la economía mundial, Argentina, la segunda nación latinoamericana que más creció en 2011, se prepara para enfrentar este año un progreso modesto y diversos retos.
Según datos oficiales, el año pasado su producto interno bruto (PIB) creció 9,2 por ciento a pesar del escenario internacional desfavorable. En la región, ese ritmo de crecimiento solo fue superado por Panamá, que logró 10,5 por ciento.
Para 2012, el gobierno de Cristina Fernández prevé un crecimiento de 5,1 por ciento, un pronóstico que revela que la retracción económica global tendrá un impacto en la economía.
Pese a que se trata de una desaceleración importante respecto de 2011, especialistas privados califican esta previsión de optimista.
Si se mide el comportamiento de la industria, en 2011 el crecimiento del sector fue de 6,5 por ciento, un promedio inferior al de 8,7 por ciento de 2010, y con un fuerte retroceso en el sector automotriz en el último bimestre.
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La menor demanda de Brasil, principal cliente de esta industria argentina, hizo retroceder más de 20 por ciento la producción automotriz de diciembre, respecto a igual mes de 2010.
"Si la locomotora se frena, Argentina no puede desacoplarse. Brasil y China se desaceleran, Europa está estancada. El mayor reto este año aquí será consolidar un crecimiento de tres por ciento", dijo a IPS el economista Ramiro Castiñeira.
El experto, de la consultora Econométrica, advirtió que la economía global "se desacelera" y frente a ello, este país tiene dificultades propias como la sequía, que afectará la determinante producción agropecuaria, y una mayor debilidad financiera.
"Argentina ya no tiene la fortaleza fiscal de 2008", dijo. Y entonces, pese a la menor vulnerabilidad, la crisis financiera internacional provocó a esta cuarta economía latinoamericana una desaceleración abrupta en su crecimiento de 2009.
El gobierno informó este mes que, a pesar de las dificultades provenientes del frente internacional, en 2011 las cuentas públicas arrojaron superávit fiscal y comercial. Pero el análisis detallado de esos resultados revela una realidad diferente.
Argentina ya reestructuró su deuda externa, declarada en cese de pagos en 2001, y amortiza regularmente sus compromisos, cada vez menos gravosos en relación a su PIB y a sus exportaciones.
Pero desde aquella declaración de bancarrota, el país quedó fuera del mercado de deuda, donde se le exigen tasas de interés calificadas aquí como de usura.
Por eso, es clave para el financiamiento de su economía la obtención de superávit fiscal y comercial.
En materia fiscal, el saldo oficial de 2011 fue positivo en 1.144 millones de dólares, al sumar aportes del Banco Central y de la Administración Nacional de la Seguridad Social.
Pero si se añaden las obligaciones de amortización de intereses de la deuda externa, las cuentas muestran un déficit de unos 7.200 millones de dólares. Este desequilibrio sólo se había registrado una vez en nueve años, en 2009, cuando la economía creció apenas 0,9 por ciento.
Incluso si se parte de la interpretación oficial de saldo positivo, su cifra es cinco veces inferior al superávit de 2010. Esta brusca caída responde a un creciente gasto, que el gobierno procura frenar desde los últimos meses de 2011.
Para ello, el gobierno anunció una reducción selectiva de los millonarios subsidios al transporte y a las tarifas de servicios públicos, que ahora se concentrarán en los sectores que más los necesiten.
En la balanza comercial, el gobierno presentó un superávit de 10.347 millones de dólares para 2011, que es 11 por ciento más bajo que el de 2010 y se apuntala en un incremento de medidas proteccionistas.
La administración de Fernández apela ahora con mayor frecuencia a reglamentaciones tales como las licencias no automáticas o las declaraciones juradas anticipadas de importaciones, que actúan como frenos a las compras en el exterior y causan malestar entre sectores industriales.
El gobierno insiste en que sus medidas no responden a una necesidad de "ajuste" de la economía sino a una "sintonía fina", basada en la idea de que los recursos públicos deben llegar a quienes más los necesitan.
Pero no todos coinciden con esa mirada.
"Las medidas que está tomando el gobierno muestran que está preocupado por el tema fiscal y que procura un ajuste", dijo a IPS el economista Ruben Lo Vuolo, del Centro Interdisciplinario para el Estudio de Políticas Públicas.
"Todo indica que tendremos un año complicado", vaticinó este experto, autor del libro "Distribución y crecimiento"."La situación social va a empeorar con la baja de subsidios, el alza de tarifas y el freno a los salarios", apuntó.
En los gobiernos de las provincias ya se manifestaron síntomas en ese sentido. En algunos hubo despidos de funcionarios, en otros se intentó aumentar la edad de jubilación de empleados públicos, y en otros se anunciaron reducciones fuertes en los gastos.
El especialista valoró la creación en 2007 de la Asignación Universal por Hijo, un programa que transfiere ingresos a hijos de desocupados o personas con empleos precarios, pero alertó sobre el riesgo social de rezagos en el valor de esos montos.
Lo Vuolo, al igual que otros analistas independientes, descreen de las estadísticas oficiales desde que el gobierno del antecesor y esposo de Fernández, el fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), intervino el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).
Mientras el Indec, todavía intervenido y desacreditado, informó de un crecimiento del PIB de 9,2 por ciento en 2011, varios análisis privados sitúan el aumento de la economía entre seis y siete por ciento, coincidieron en citar Lo Vuolo y Castiñeira a modo de ejemplo.
En este marco, los analistas ponen en duda el dato sobre el desempleo durante el último trimestre de 2011, que según cifras adelantadas por la Presidencia fue de 6,7 por ciento, frente a 7,2 por ciento del trimestre anterior.
Para Lo Vuolo, otro tema inquietante es la apreciación del tipo de cambio. La economía argentina comenzó su recuperación en 2002, con base en una brusca devaluación de su moneda, el peso.
En los últimos meses, el Banco Central tiene que actuar para frenar una tendencia a su depreciación forzada por un alza en la compra de divisas.
Mediante una fuerte venta, la autoridad monetaria impidió lo que consideró una "corrida cambiaria", tras el triunfo en los comicios de octubre de la presidenta, que fue reelecta con 54 por ciento de los votos para un segundo mandato quinquenal.
Lo Vuolo reconoce que el gobierno apela a esta estrategia para evitar que la depreciación impacte en la tasa de inflación, pero sostiene que por esa vía la economía pierde competitividad y el Banco Central reservas.
"Se perdió esa relación virtuosa posterior a 2002, con un tipo de cambio alto del peso que fomentaba exportaciones, aumentaba la recaudación y no impactaba en los precios internos. Parece que ya no sirve para empujar la economía", alertó.
Castiñeira acotó que actualmente Argentina está menos expuesta que en la década de los 90, cuando la economía convivía con un elevado déficit fiscal y un creciente endeudamiento.
Pero sí está más vulnerable que en 2008, y en ese sentido señaló el déficit fiscal, la desaceleración y el hecho de que el valor del peso frente al dólar se sostiene artificialmente. Si bien el tipo de cambio fluctúa, las intervenciones del Banco Central permiten una devaluación progresiva, que va por detrás del ritmo de crecimiento de los precios internos, apuntó.
