En el conflicto territorial entre los estados de Oaxaca y Chiapas en la selva de los Chimalapas, en México, las indígenas zoques juegan un papel fundamental en la defensa de las propiedades comunales en este municipio oaxaqueño.
María García, presidenta de la Coordinación en Defensa del Territorio y los Recursos Naturales en la Zona Oriente de Oaxaca, ha destacado por su activa participación en la resistencia pacífica en las comunidades de San Antonio y Benito Juárez, contra la creación del municipio chiapaneco de Belisario Domínguez en su territorio comunal.
La lideresa encabeza, junto con otras indígenas zoques, la exigencia al gobernador de Oaxaca, Gabino Cué, para que presente ante la Suprema Corte de Justicia de México una controversia contra la instauración del ayuntamiento Belisario Domínguez.
Se trata de un conflicto agrario de más de 50 años por la posesión de 47 mil hectáreas de selvas y bosques con ganaderos y taladores de montes chiapanecos.
Los zoques, que se denominan a sí mismos o’ de püt (personas de palabra o auténticas), habitan en Chiapas y Oaxaca, dos estados del extremo sur de México caracterizados por la persistencia de altos índices de población indígena, pertenecientes a pueblos que se asentaron en esas tierras en épocas prehispánicas.
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García reprochó el desinterés del gobierno estadal de Oaxaca para intervenir en la solución de la crisis, y respaldar la lucha de comuneras y comuneros ante las invasiones de supuestos ejidatarios y pequeños propietarios chiapanecos que destruyen la reserva ecológica.
En la reciente asamblea comunitaria celebrada en el corazón de la selva de los Chimalapas, la indígena zoque exigió que se inicie cuanto antes un juicio federal para determinar de una vez por todas los límites territoriales entre Oaxaca y Chiapas.
García advirtió además que mujeres y hombres mantendrán el bloqueo que desde hace un mes sostienen en el camino al ejido Gustavo Díaz Ordaz, reconocido como comunidad por el municipio de Cintalapa, en Chiapas.
«Nuestros antepasados legaron la madre tierra; entonces nosotros tenemos que salvaguardarla también para heredarla a nuestros hijos, a nuestros nietos, a quienes vendrán después», dijo la indígena.
«Jícara de Oro»
La selva de los Chimalapas, con bosques de pino y encino, bosques de niebla y selva alta, fue comprada por el indígena zoque Domingo Pintado al virrey de la Nueva España Antonio Juan Mancera, el 24 de marzo de 1867.
Las tierras pasaron a perpetuidad al control de los ahora municipios de Santa María y San Miguel Chimalapa, en mancomunidad con todos sus descendientes y sucesores.
En las escrituras coloniales de tres pliegos se fijaron linderos y extensiones, y se amparó la propiedad de más de 900 mil hectáreas. Domingo Pintado compró las tierras en 25 mil pesos oro.
Según la historia, el indígena zoque llevó las monedas de oro para pagar a los españoles en unas jícaras (vasijas pequeñas). De ahí surgió el nombre de esta región: «chima» significa jícara y «lapa» quiere decir oro. Chimalapa es «jícara de oro».
Resistencia
La asesora jurídica de la autoridad comunal de San Miguel Chimalapa, Seyla Cruz, destacó la participación de las indígenas zoques en la lucha por su territorio a través de la integración de las comisiones ordenadas por la asamblea comunal.
Son ellas comentó quienes se han quedado al frente de las familias cuando sus compañeros se enfrentan a los taladores de montes chiapanecos, que ilegalmente hurtan las maderas preciosas de la selva.
Las familias están disgustadas porque los chiapanecos les retuvieron en agosto pasado un camión lleno de tambos (toneles) de resina, comprometido para su venta en la ciudad de Oaxaca, y que representa la manutención de una decena de hogares de la comunidad de San Antonio Chimalapa.
«Por eso la comunidad determinó taparles el paso a los poco habitantes de dos ejidos chiapanecos asentados en tierra oaxaqueña», explicó Cruz.
La abogada propuso que se reactive de manera inmediata la comisión interinstitucional coordinada y presidida por la Secretaría de Gobernación, los gobiernos estadales y las autoridades agrarias de los Chimalapas.
Exigió la salida inmediata de la policía estadal de Chiapas destacada en los ejidos Rodulfo Figueroa y Díaz Ordaz, por el riesgo que corren las mujeres de la comunidad ante el hostigamiento del que son víctimas cuando cruzan a pie y en vehículo la zona comunal correspondiente a Oaxaca.
Cruz reprobó el uso excesivo de la fuerza pública el 9 de noviembre, cuando la Secretaría de Seguridad Pública de Oaxaca rescató de la comunidad de San Antonio a un ganadero chiapaneco.
También denunció que las y los indígenas zoques fueron excluidos de la Comisión Ejecutiva para la Atención de los Chimalapas.
La asesora jurídica y María García coincidieron en exigirle al gobernador Cué que defienda la soberanía del estado y no se preste al «chantaje» de su homólogo chiapaneco, Juan Sabines.
Cué pertenece al partido Convergencia y gobierna al frente de una alianza conservadora que incluye al gobernante Partido Acción Nacional, del presidente Felipe Calderón. Sabines renunció al tradicional Partido Revolucionario Institucional para postularse a la gobernación por una coalición de centro-izquierda en que participa Convergencia.
*Una versión de este artículo fue publicada originalmente por la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
