Dirigentes sociales de Sudán del Sur siguen de cerca la batalla legal que se desarrolla en Suecia, donde fiscales investigan a una empresa petrolera acusada de participar en crímenes de derechos humanos.
"Utilizaron helicópteros de combate para bombardear las casas", relató Ninrew, pastor protestante y dirigente social, sobre el ataque cometido en enero de 2000 en la localidad de Koch, en el estado sursudanés de Unidad.
Un anciano y su esposa, entre otras personas, perecieron en el ataque. "Cuando las casas se estaban incendiando, los helicópteros aterrizaron, los soldados bajaron y les dispararon", dijo Ninrew a IPS.
Esas y otras acusaciones forman parte del informe que llevó al fiscal sueco Magnus Elving a abrir una investigación que podría derivar en un juicio penal contra Lundin Oil.
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El informe elaborado en 2010 por la organización European Coalition on Oil in Sudan (Coalición Europea sobre el Petróleo de Sudán, ECOS, por sus siglas en inglés) alega que Lundin puede ser culpable de atrocidades cometidas contra civiles por el ejército y combatientes armados en zonas en las que operaba la empresa.
Lundin encabezaba un consorcio integrado por firmas petroleras de Malasia, Sudán y Austria, que suscribió un contrato con Jartum en 1997.
"El comienzo de la explotación petrolera desató una lucha despiadada en la zona", según el informe, que señala que casi 200.000 personas fueron obligadas a abandonar sus tierras y miles más asesinadas. Otros crímenes incluyen incendios provocados, saqueos, violaciones y torturas.
"El desplazamiento forzoso obedeció al deseo de asegurarse campos petroleros para su explotación", señala ECOS.
La organización llamó a Suecia, Austria y Malasia a investigar si las empresas de esos países "pueden haber sido cómplices de los crímenes de guerra y contra la humanidad perpetrados" entonces.
El fiscal no mencionó a Lundin como objeto de investigación, pero sí declaró que esta partió del informe de ECOS. Los fiscales comenzaron por interrogar a 40 personas cuya identidad no fue revelada.
En el momento en que ocurrieron los hechos, la junta directiva de Lundin estaba integrada por el actual ministro de Relaciones Exteriores, Carl Bildt. Elving declaró a la prensa sueca que el canciller no se encuentra entre las 40 personas interrogadas, pero se negó a dar información sobre las posibilidades de que lo sea en un futuro.
Lundin rechazó en varias oportunidades las acusaciones de ECOS.
"No hay pruebas nuevas en el informe. Esencialmente reitera inferencias, insinuaciones y falsas acusaciones basadas sobre información parcial y engañosa", señaló Ian Lundin, presidente de la junta directiva, en una carta enviada a los accionistas tras la divulgación del documento de ECOS.
Lundin encargó en 2003 un informe para refutar las acusaciones sobre su participación en violaciones de derechos humanos.
El documento señala que la compañía consultó a líderes de la comunidad y a funcionarios del gobierno local y central antes de comenzar las operaciones. La compañía concluyó que la industria petrolera beneficiaría a la población e invirtió 1,7 millones de dólares en tres años para proyectos de desarrollo.
Kathelijne Schenkel, de ECOS, dijo en una entrevista que la mayoría de las personas consultadas por Lundin eran, de hecho, "importantes dirigentes político-militares de la zona, entonces aliados al gobierno de Jartum". Además, señaló que los 1,7 millones de dólares destinados por la compañía a proyectos de desarrollo era una "suma ridícula" comparada con los daños dejados en el área.
"Lundin vendió sus acciones en 2003 por 142,5 millones de dólares, embolsándose un beneficio neto de 100 millones de dólares", indicó Schenkel.
Lundin arguyó que operó bajo la premisa de que la riqueza petrolera llevaría paz a un país que estaba en medio de una guerra civil que duró dos décadas y que terminó en 2005. Sudán del Sur declaró su independencia del norte en julio de este año.
"En el periodo en que la compañía estuvo activa en Sudán operó con el convencimiento de que el petróleo podría favorecer el desarrollo económico de la zona y del país en general, y que oficiaría de catalizador del proceso de paz", escribió Christine Batruch en el informe elaborado de 2003 por la Lundin.
ECOS rechazó el argumento de que la compañía ignoraba las violaciones de derechos humanos generalizadas que acompañaron el comienzo de las operaciones.
El informe de ECOS señala que Lundin hacía seis años que estaba en Sudán cuando suscribió el acuerdo con Jartum para explorar el área conocida como Bloque 5A. Entonces el gobierno ya era conocido por reprimir a civiles "como forma de asegurar las operaciones petroleras".
El sursudanés Ninrew sostiene que la naturaleza brutal y sistemática de las operaciones del gobierno antes de la llegada de la industria petrolera era evidente para todo el mundo en la zona. Las autoridades comenzaban bombardeando de forma indiscriminada el área para que la gente abandonara sus viviendas. Luego, helicópteros de combate volaban a poca altura para atacar a quienes se hubieran quedado.
"El tercer paso era enviar efectivos de tierra en vehículos y a pie para asegurarse de que no quedara nadie", apuntó.
Los soldados montaban puestos de control alrededor del área que querían dominar, indicó. Luego llegaba la maquinaria y los técnicos. Una vez terminado este trabajo, se repetía el mismo patrón a medida que la empresa avanzaba en el territorio concesionado.
Ninrew espera que la investigación sueca conduzca a un proceso penal, pero advierte que eso no necesariamente entraña una compensación. El gobierno sueco debería obligar a Lundin a que indemnice a las comunidades perjudicadas mediante la construcción de escuelas, centros de salud y caminos.
Aun si la indemnización no llega, un juicio penal contra Lundin contribuirá a evitar futuras violaciones de derechos humanos.
Además, "puede servir de lección a otras empresas que quieran venir a Sudán del Sur y a otros países de África", remarcó. "Queremos terminar con la práctica de las compañías petroleras que llegan a un lugar y hacen lo que quieren sin el consentimiento de la población local", añadió.
