En un aparente círculo perverso de injusticia, la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas de México debe ahora investigar y castigar a los militares responsables de la violación en 2002 de dos indígenas tlapanecas.
Esa fiscalía, cuyos orígenes se remontan al 2003, no logró esclarecer en su momento casos emblemáticos de violencia de género, como la violación en 2006 de 14 mujeres en las poblaciones de San Salvador Atenco y Texcoco, pertenecientes al central estado de México.
Lo mismo sucedió con el caso de las 14 bailarinas agredidas sexualmente, también por militares, en la población de Castaños, en el estado nororiental de Coahuila, en ese mismo año.
A la larga lista de investigaciones infructuosas por parte de la fiscalía especial, conocida por su acrónimo Fevimtra, se suman los casos de feminicidio en el predio conocido como Campo Algodonero, y el del cerro del Cristo Negro, ambos en la fronteriza y norteña Ciudad Juárez.
Son casos que llaman a la reflexión sobre la actuación del Estado mexicano cuando este viernes 25 se celebra el Día Mundial de la No Violencia contra la Mujer, que abre 16 jornadas de actividad internacional contra el maltrato y los crímenes por razón de género.
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Beneficio de la duda
Tras nueve años de litigio en México y ante el sistema de justicia interamericano, las indígenas Inés Fernández y Valentina Rosendo lograron que su caso pasara del fuero militar al civil.
En octubre de 2010, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorIDH) condenó al Estado mexicano por su responsabilidad en la agresión sexual contra las dos tlapanecas, en el estado suroccidental de Guerrero.
Al considerar que las indagaciones no fueron realizadas con la debida diligencia ni en el fuero adecuado, la Corte ordenó «conducir eficazmente la investigación penal» de ambos casos.
El 7 de abril de este año Fernández y Rosendo solicitaron formalmente a la Secretaría de Gobernación la instalación de una mesa de trabajo para abordar sus casos.
Tres meses después, el 28 de julio, ellas acudieron ante la Procuraduría General de Justicia Militar (PGJM) y la Procuraduría General de la República (PGR) para solicitar formalmente que sus expedientes se remitieran a una instancia civil, tal y como ordenó la CoIrDH.
El 12 de agosto la PGJM notificó formalmente que las averiguaciones fueron remitidas a la PGR, instancia que a su vez las remitió a la Fevimtra.
Santiago Aguirre, abogado del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, y quien da seguimiento a los casos, explica que el 15 de septiembre fue informado de que los expedientes se turnaron a la Fevimtra.
El defensor de Fernández y Rosendo señala que el coordinador general técnico de Fevimtra, José Antonio Pérez Bravo, dijo que la agente del Ministerio Público Lourdes Palacios estará a cargo de los casos.
«Nosotros lo que estamos enfatizando es que los casos serán una prueba idónea para que la Fevimtra demuestre si es cierto que efectivamente incorporó estándares de investigación adecuados y una perspectiva de género en la investigación de delitos sexuales», advierte Aguirre.
Historia de incumplimientos
La Fevimtra fue creada para investigar y perseguir los delitos federales cometidos contra las mujeres. Surgió a raíz de la demanda de organizaciones civiles para que se esclarecieran los asesinatos de mujeres en Ciudad Juárez, en el norcentral estado de Chihuahua.
Aunque toma su nombre como tal en 2008, desde 2003 se creó la Fiscalía Especial Mixta para la Atención de Homicidios de Mujeres, que al año siguiente se transformó en la Fiscalía Especial para la Atención de los Delitos relacionados con los Homicidios de Mujeres en Ciudad Juárez.
En 2005 la institución amplió su campo de trabajo y se transformó en la Fiscalía Especial en la Atención de Delitos Violentos Contra las Mujeres, misma que en 2006 se nombraría como Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos relacionados con actos violentos contra las mujeres (Fevim).
El 31 de enero de 2008 la Fevim se convirtió en Fevimtra, y ahora tiene la facultad de investigar el delito de trata de personas.
Como Fevim, la instancia de PGR atrajo el caso de la violación sexual de 14 mujeres de Atenco que fueron agredidas durante los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006.
Sin embargo la fiscalía tuvo durante tres años el caso en la congeladora, y ya como Fevimtra en 2009 declinó su competencia a favor dela estadal Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
El argumento fue que los probables responsables eran agentes de ese estado y por tanto correspondía a las autoridades locales investigar los hechos. La Fevimtra consideró que las mujeres de Atenco sí fueron víctimas de tortura sexual, pero no consignó a los responsables a pesar de contar con todas las pruebas. El expediente está ahora en manos de la PGJEM y sin avance alguno.
Este caso recientemente fue aceptado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que junto con la CorIDH conforman el sistema de protección humanitaria de la Organización de Estados Americanos (OEA).
Lo mismo pasó con el caso Castaños, referente a la violación por parte de militares de 14 bailarinas en condiciones de explotación sexual comercial, de los centros nocturnos El Pérsico y Las Playas, en esa localidad de Coahuila en 2006.
En ese asunto, la Secretaría de Defensa Nacional declinó su competencia en las investigaciones y la Fevimtra sólo ofreció terapias psicológicas y no atrajo el caso por considerar que era del ámbito estadal.
En los casos Campo Algodonero, donde fueron encontrados los cadáveres de ocho mujeres en 2001, y del Cristo Negro, donde seis mujeres fueron asesinadas entre 2002 y 2003, la Fevimtra declinó su competencia a la Procuraduría de Chihuahua.
Ello porque, aseguró, no había delitos del ámbito federal que perseguir.
Oportunidad para el Estado
Alda Facio, precursora de la perspectiva de género en el Estatuto de Roma y en la Corte Penal Internacional, sostuvo a Cimacnoticias /IPS que las sentencias de la CorIDH contra México son una oportunidad para fortalecer el acceso a la justicia.
La jurista costarricense y consultora en temas de género de diversos organismos de Naciones Unidas, explicó que las dos sentencias refuerzan lo que ya se sabe a nivel internacional: «Que las mujeres en México tiene poco acceso a la justicia».
Facio señala que hay otras muchas mujeres que están igual de desprotegidas y que enfrentan las mismas prácticas que las dictaminadas por la CorIDH, a pesar de que las leyes cambiaron.
«Llega la persona o el familiar a denunciar una desaparición y tiene que esperar 72 horas para que la policía la vaya a buscar, eso ya no está en la ley ni en ningún código. Pero los policías y los agentes fiscales siguen acatando una justicia androcéntrica», afirmó.
Pero la jurista reconoció que el Estado está haciendo un esfuerzo por implementar algunas partes de las sentencias, aunque esto sea mínimo.
«Es un país muy grande y lo que se hace es poco», reconoció la experta.
* Una versión de este artículo fue publicada originalmente por la agencia mexicana de noticias Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
