Legisladores de 10 países de América Latina y el Caribe avanzaron en la consolidación del Frente Parlamentario contra el Hambre (FPH), para impulsar leyes que estimulen la seguridad alimentaria.
Reunidos en la capital del nororiental estado brasileño de Bahía, los representantes de asambleas legislativas nacionales, regionales y provinciales expusieron avances en sus respectivas naciones en materia de leyes sobre el derecho a la alimentación y coincidieron en la necesidad de intercambiar experiencias para impulsarlas.
"Tenemos capacidad de legislar porque el problema del hambre no es técnico, sino político", dijo a IPS el diputado oficialista ecuatoriano Pedro de la Cruz.
La carestía de alimentos es parte de un proceso de "producción no amigable con la naturaleza", de falta de agua y tierra, de comercialización. Es político y, por lo tanto, tenemos que adoptar leyes que ayuden a inculcar el derecho a la alimentación", explicó.
En Ecuador, según destacó, la discusión es avanzada, pero al parlamento también le cabe la función de fiscalizar las leyes aprobadas.
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El FPH, que cuenta con ayuda técnica de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), a través de la Iniciativa América Latina y Caribe Sin Hambre, y con apoyo financiero de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, busca que los países de la región establezcan la seguridad alimentaria como asunto estratégico.
Los parlamentarios, que a su vez participan e impulsan frentes nacionales, fueron invitados a la IV Conferencia de Seguridad Alimentaria y Nutricional de Brasil, que se celebra en Salvador desde el 7 hasta el 10 de este mes para consolidar avances alcanzados en la lucha contra el hambre.
Los legisladores querían conocer la experiencia de un foro de ese tipo que une a autoridades gubernamentales federales, estaduales y municipales y a entidades civiles en la concepción de políticas alimentarias, y otras experiencias de Brasil, como el programa Hambre Cero, que en los últimos ocho años disminuyó la desnutrición infantil en 61 por ciento.
El diputado federal brasileño Nazareno Fonteles, del gobernante Partido de los Trabajadores, dijo a IPS que la formación de frentes parlamentarios nacionales contribuyó con esas políticas, así como el Consejo Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional (Consea) que hoy quiere avanzar en otros desafíos, como la mala calidad nutricional y problemas sanitarios como la obesidad.
"Si tuvimos éxito, ¿por qué no vamos a expandir nuestras experiencias positivas a nuestros hermanos latinoamericanos?", se preguntó.
La legisladora hondureña Yadira Bendaña explicó que en su país acaba de constituirse un frente parlamentario.
En El Salvador se están discutiendo ocho proyectos vinculados a la seguridad alimentaria, mientras que en Argentina el frente avanza en la dirección de "territorializar" su dominio, es decir extenderse a provincias y municipios, según expuso la diputada Liliana Parada.
El año pasado, Brasil incluyó en la Constitución el derecho a la alimentación. En otros países, como República Dominicana y Colombia, la discusión comienza.
"Quien decide erradicar el hambre es la sociedad, representada por sus parlamentarios", sintetizó el director electo de la FAO, el brasileño José Graziano da Silva.
Con el intercambio de experiencias se "pueden lograr atajos" en el proceso legislativo, agregó.
"En Brasil, para consolidar avances, conquistas de la sociedad, fue necesario tener leyes que las convirtieran en políticas de Estado", señaló.
El FPH fue lanzado en el 2009, en Panamá. Tras un primer foro en la brasileña São Paulo, en marzo del 2010, se estableció una comisión coordinadora.
Desde su inicio, el FPH acordó trabajar en la sensibilización de los parlamentos para incorporar el derecho a la alimentación a las legislaciones.
También se acordó promover medidas concretas para vincular las compras de programas de alimentación escolar con la pequeña agricultura, y la incorporación de representantes de la sociedad civil a los procesos.
Miryam Gorban, que se define como "una activista argentina en la lucha por la soberanía alimentaria", destacó la necesidad de que los parlamentos legislen para limitar la desnacionalización de tierras. En su país y en Brasil avanza la compra de tierras por parte de empresas extranjeras e inclusive de gobiernos.
"Tenemos que legislar para proteger nuestros recursos naturales ya vaciaron África y ahora vienen por nosotros, América Latina", dijo a IPS.
Según la FAO, 52,5 millones de personas pasan hambre en América Latina y el Caribe. Otros problemas que enfrenta la región son los elevados precios de los alimentos, más caros que el promedio de las últimas tres décadas y cerca de 40 por ciento más elevados que cuatro años atrás.
De la reunión participaron representantes de Argentina, Brasil, Colombia, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Paraguay y República Dominicana. Se espera la incorporación de Haití.
