El proyecto de presupuesto para 2012, que presentó el Ejecutivo de México a la Cámara de Diputados, disminuye en 64 por ciento los recursos para atender la salud sexual y reproductiva de las adolescentes.
El presidente conservador Felipe Calderón también pasó la tijera a programas para combatir la muerte materna y hacer frente al incremento de los casos de VIH-Sida entre las mexicanas.
De aprobarse esos recortes por la Cámara de Diputados, se afectaría «gravemente» a la población femenina, alertan organizaciones de la sociedad civil.
En materia de salud de las mujeres se mantienen puntos pendientes que requieren de recursos suficientes para afrontarlos de manera adecuada, advierten activistas.
Ponen como ejemplo que mientras el promedio nacional de cobertura anticonceptiva en mujeres es de 72,5 por ciento, para las menores de 20 años es de solo 44,7 por ciento.
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La necesidad insatisfecha de anticonceptivos en adolescentes es de 24,6 por ciento, superior a la media en el país, que se sitúa en 9,8 por ciento. Este indicador solo se redujo 2,1 por ciento de 1997 a 2009, según la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica.
La baja cobertura anticonceptiva se traduce en el aumento de embarazos en las adolescentes mexicanas.
La proporción de nacimientos en menores de 20 años registrados en el sistema nacional de salud creció de 17,2 por ciento en 2006 a 18,4 por ciento en 2009.
En el caso de los alumbramientos reportados por la Secretaría de Salud en ese grupo de edad aumentaron de 25,6 por ciento a 27,7 por ciento, según Ipas-México.
El hecho es preocupante porque embarazarse a edades tempranas limita las oportunidades de desarrollo de las mujeres y aumenta 60 por ciento el riesgo de que mueran por causas relacionadas a la gestación, parto o puerperio, apunta Esperanza Delgado, responsable de la Unidad de Evaluación e Incidencia Política en la Fundación Mexicana para la Planeación Familiar.
En tanto, la razón de muerte materna es de 53,5 decesos de mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, muy por arriba de la meta planteada en los Objetivos del Desarrollo del Milenio.
Según ellos, para el 2015 la cifra de fallecimientos tendría que reducirse a 22 por cada 100.000 nacidos vivos. Una meta que no se alcanzará, según reconoció la propia Seguridad Social.
En 2010 se registraron mil 30 muertes de mexicanas por padecimientos vinculados al embarazo, parto y puerperio, solo 136 fallecimientos menos que los reportados en 2006, según datos oficiales.
En materia de VIH-Sida hay un incremento «paulatino y continuo» de mujeres con el padecimiento, observa Tamil Kendall, asesora de VIH en la organización Balance. Según cálculos de la Organización de las Naciones Unidas, en México hay 60.000 mujeres con el virus y la mayoría desconoce su diagnóstico.
Menos dinero
Ante la disminución de recursos para programas de salud sexual y reproductiva, la Coalición por la Salud de las Mujeres demanda una ampliación presupuestal y propone montos mínimos que deben sumarse a los propuestos por Calderón en el presupuesto 2012.
En el caso de mortalidad materna, el Ejecutivo restó 21,5 por ciento de los recursos aprobados para 2011 para su reducción, pese a que persisten «serias dificultades» para abatir la problemática, denunció Lina Rosa Berrio, directora de Kinal Antzetik.
Al programa Prevención y atención de VIH-Sida y otras infecciones de transmisión sexual en mujeres se le disminuyó el presupuesto en 32,61 por ciento.
Daniela Díaz, investigadora del área de Presupuestos y Políticas Públicas de Fundar Centro de Análisis e Investigación, señala que para el rubro Atención de la Salud Reproductiva y la Igualdad de Género en Salud (reducido en 64,47 por ciento) deben sumarse al menos el equivalente a 14,9 millones de dólares.
Esa partida pasó de 104 millones de dólares en 2010 a tan solo 37 millones. La disminución afecta los programas de planificación familiar y de atención a la salud sexual y reproductiva de adolescentes.
Con el recorte al combate de la mortalidad materna recurso pasaría de 23 millones de dólares a 18 millones, los cuales son insuficientes para atender el problema, sobre todo porque para 2012 la estrategia de disminución de decesos de mujeres por esa causa se ampliará de los 10 estados donde se concentra el fenómeno a las 32 entidades federativas del país.
Las organizaciones de la sociedad civil proponen como mínimo 11,5 millones de dólares adicionales adicionales para ese fin, aclara Lina Berrio.
Para subsanar la reducción de fondos en la atención de VIH en mujeres las activistas dicen que se requiere un aumento mínimo de 1,3 millones de dólares, porque los programas para atender y prevenir la propagación del virus se concentran en poblaciones con prevalencia más alta, como los hombres que tienen sexo con hombres.
La propuesta de ampliación presupuestal fue acogida por la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, que ya se la entregó a la Comisión de Presupuesto para su análisis, informa la diputada del opositor e izquierdista Partido de la Revolución Democrática, Teresa Incháustegui.
Etiqueta positiva pero incompleta
La presión social y la organización de grupos civiles por los derechos de las mujeres, en conjunto con la Comisión de Equidad y Género de la Cámara de Diputados, permitió que en 2008 se estipulara en la ley la obligación del Ejecutivo de etiquetar recursos para mejorar la situación de las mexicanas.
Así, con la finalidad de alcanzar la equidad de género en materia presupuestal, ese año se creó el Anexo 9 del Presupuesto de Egresos de la Federación , que entonces se llamó Anexo 9 A y en 2010 adoptó su nombre vigente: Anexo 10 «Erogaciones para la igualdad entre Mujeres y Hombres».
Tal partida presupuestal se asigna para que diversas instituciones lleven a cabo programas desde una perspectiva de género.
Desde su aprobación los recursos para atender a la población femenina han ido en aumento, pero en los hechos hay una disminución de programas y acciones encaminadas a lograr la igualdad entre mujeres y hombres.
Mientras que en 2009 hubo 73 programas operados por 27 dependencias, para 2010 hubo 67 programas instrumentados por 23 instituciones públicas, refiere un análisis del Anexo 10 «Erogaciones para la Igualdad entre Mujeres y Hombres», elaborado por la organización Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia.
En 2009, la Cámara de Diputados aprobó 667,6 millones de dólares para ese anexo, en 2010 811,9 millones y en 2011 se etiquetaron 1.108,9 millones.
Actualmente el Anexo 10 carece de «candados» que protejan los montos para mujeres, por lo que su ampliación queda a voluntad de las y los legisladores.
Ello se debe a que el Senado no ha aprobado la reforma que avaló la Cámara de Diputados el 31 de marzo, con la que se incluyó el Anexo 10 al presupuesto, junto con seis anexos más, como montos irreductibles y permanentes a los programas destinados a las mexicanas.
*Este artículo fue publicado originalmente por la agencia de noticias mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac
