«Lamentablemente se constituyó en un patrón sistemático la agresión de la policía a la prensa», denunció el presidente de la Asociación de Corresponsales en Chile, Mauricio Weibel, en la presentación de una querella por secuestro y violencia contra el fotógrafo colaborador de IPS Fernando Fiedler.
Uno de los últimos hechos de violencia policial contra la prensa extranjera fue el sufrido por Fiedler el 6 de este mes, cuando cubría las protestas estudiantiles duramente reprimidas por fuerzas especiales o antimotines de Carabineros, la policía militarizada, en el centro de Santiago.
La agresión directa hacia el fotógrafo fue perpetrada luego de que registró con su cámara el momento en que carabineros disparaban con escopetas y tiraban bombas lacrimógenas directamente al cuerpo de los jóvenes.
"Me llevaron a una comisaría y entre varios policías me agredieron y me quitaron la cámara fotográfica", relató Fiedler, agregando que borraron todas las imágenes que evidenciaban el proceder policial.
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"Cuando le pregunté por qué, me dijo que tenía que cuidar mi seguridad, usted lo sabe mejor que yo", reconociendo que su arma no estaba en posición reglamentaria al disparar", relató el reportero que fue lo expresado textualmente por su agresor, de apellido Andrade según advirtió en la identificación de su uniforme.
Para denunciar ese episodio y que se sancione a los responsables, este viernes Fiedler y la Asociación de Corresponsales interpusieron una querella en el Centro de Justicia de Santiago.
La presentación judicial denuncia secuestro, incumplimiento de deberes, daños contra archivo fotográfico y vejación de parte de la policía chilena.
El abogado Cristian Cruz sostuvo que, "aparentemente, lo hicieron con el afán de destruir evidencia que los podría complicar en su proceder en las manifestaciones estudiantiles".
"Agentes del Estado suben (al fotógrafo) a un vehículo sin mediar orden de detención ni un procedimiento policial pertinente y, sin indicarle motivos, lo trasladan a un cuartel policial donde es agredido, es víctima de tormentos y aislado", lo cual configuraría el delito de secuestro, explicó Cruz a IPS.
En la misma jornada también fue atacado un fotógrafo de la agencia española EFE.
Los corresponsales denunciaron, además, que no se trata de hechos aislados, sino que otros profesionales de las agencias DPA, Reuters y Xinhua, así como de medios locales fueron agredidos durante 2010.
Weibel manifestó su preocupación ante estos hechos, ya que "todo ataque a periodistas es siempre un atentado a la libertad de expresión y eso es lo que hoy día está en cuestión".
Añadió que "lo que ocurre en Chile no tiene ninguna consistencia con el nivel de desarrollo e institucionalidad del país, por lo tanto hay que ponerle atajo inmediatamente, no puede ser que esta situación perdure o se incremente", enfatizó.
Otro aspecto criticado es que los delitos en que aparecen involucrados funcionarios policiales son investigados por la justicia militar, lo cual no da garantías para un proceso justo, y en este caso tampoco reconoce "un bien superior el cual es la libertad de prensa y el derecho de la comunidad de ser informada", indicó Cruz.
Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, recordó que en todos los países debe respetarse a los trabajadores de la prensa, no sólo donde existen conflictos armados.
"La ONU (Organización de las Naciones Unidas) tiene reglamentos para el uso de la fuerza pública, tanto militar como civil ( ), hay normas, tampoco se trata que la policía pueda reprimir cualquier acción" observó el funcionario, quien estuvo en Chile esta semana, pero aclaró que no puede referirse en particular a los hechos denunciados por encontrarse en visita privada.
Agregó que ante desórdenes callejeros o disturbios, la policía "no puede agredir a la prensa "ni decomisar material periodístico", así como se debe también garantizar "el acceso a los lugares de los hechos, a la información pública".
La Rue sostuvo que la única excepción para poder requisar material audiovisual o de registro de la prensa "es por una orden judicial, en el marco de una investigación penal", y con la obligación de ser entregado a un juez, normas que según indicó "se deben aplicar a todos los países".
