El Estado mexicano debe reconocer que las agresiones a periodistas son un problema grave y, por tanto, incluir la defensa de la libertad de expresión en su estrategia de seguridad, dijo Catalina Botero, relatora especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Botero y Frank La Rue, relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, presentaron este lunes el informe sobre los problemas y riesgos para su vida que afrontan los trabajadores de los medios de comunicación en México.
Pero el documento, que es el resultado de la visita conjunta que realizaron en agosto de 2010, lo tuvieron que presentar a través de una videoconferencia desde Washington, debido a que el gobierno del conservador Felipe Calderón se negó a que volvieran al país en estos momentos, argumentando problemas de agenda.
"El gobierno mexicano nos dijo que sí, pero que había que poner fechas, que había otras relatorías pendientes, y pensamos que era mejor no retrasar más la presentación", explicó el funcionario de la ONU (Organización de las Naciones Unidas), quien reiteró el deseo de conversar con Calderón, en vista de que no los recibió durante su visita.
El informe integra una serie de 31 recomendaciones relacionadas con siete temas de libertad de expresión: violencia, impunidad, autocensura, indebida concentración en la propiedad y control de los medios de comunicación, el uso del derecho penal, acceso a la información pública y publicidad oficial.
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Entre ellas están la capacitación de las fuerzas de seguridad del Estado en materia de libertad de expresión y la implementación de un mecanismo nacional de prevención y protección eficaz, que cuente con recursos financieros y personales suficientes, y que garantice la plena participación de los periodistas, sociedad civil y beneficiarios en la implementación y funcionamiento del mecanismo.
Otra de las recomendaciones es reconocer, desde las más altas esferas del Estado, la legitimidad y el valor de la labor periodística y de libertad de expresión.
"La lucha contra la impunidad requiere un plan integral decisivo", dado que "la defensa de la libertad de expresión no puede se un componente menor o residual, sino uno estratégico para la seguridad", señaló Botero.
Los periodistas son "los primeros aliados" en la lucha por el rescate legítimo de la seguridad, aseguró la relatora de la comisión que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
Por eso es fundamental que el Estado reconozca que tiene un problema, y que es grave, en materia de agresiones a periodistas, pues se trata de un grupo en riesgo que merece especial atención, puntualizó.
"Se requiere un discurso que legitime el ejercicio periodístico y que inhiba a quienes estigmatizan a la prensa, pues no es posible que al que critique se lo vea como aliado de los enemigos", insistió.
Sin embargo, hay pocas razones para el optimismo. Desde la visita conjunta que hicieron Botero y La Rue hasta ahora han sido asesinados 13 periodistas, según los registros de las propias relatorías.
Brisa Solís, directora del Centro Nacional de Comunicación Social, una de las entidades que hacen el seguimiento de los ataques a la prensa en México, explicó que no mejoraron las condiciones para ejercer la profesión pese a la visita conjunta y al esfuerzo de organizaciones de la sociedad civil que impulsan la creación de mecanismos efectivos de protección.
"No hemos logrado tampoco que el Estado reconozca que hay funcionarios involucrados en las agresiones y que esta situación tiene que ver con la falta de sanción y la impunidad de los criminales", dijo a IPS.
Según los informes de las organizaciones no gubernamentales, 70 por ciento de los ataques de que son víctimas los y las periodistas así como los medios de comunicación provienen de las autoridades, aunque los más trágicos, como asesinatos y desapariciones forzadas, son responsabilidad de las mafias criminales.
Datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos indican que las agresiones a periodistas se multiplicaron desde la llegada de Calderón a la Presidencia de México, en diciembre de 2006. De los 720 expedientes abiertos desde 2000, más de 500 corresponden al actual mandato.
Además, las organizaciones registran nuevas modalidades de violencia contra la prensa y ataques a la libertad de expresión: atentados contra medios de comunicación, asesinatos y desapariciones de mujeres periodistas y, últimamente, la persecución de usuarios de redes sociales.
"Es muy grave lo que está ocurriendo, los datos que están en el informe de los relatores ya incluso están rebasados", advirtió Javier Sepúlveda, director general del Programa sobre Agresiones a Periodistas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
Un ejemplo de ello es que ninguno de los dos informes considera como foco rojo el sudoriental estado de Veracruz, donde este año fueron asesinados cuatro periodistas, uno fue desaparecido y otros seis abandonaron la zona por la inseguridad. También dos usuarios de Twiter fueron detenidos acusados de terrorismo por difundir información al parecer equivocada sobre ataques a balazos a escuelas.
El problema central, coinciden los expertos, sigue siendo la impunidad que, según el informe, "alienta de manera perversa la reproducción de este tipo de crímenes".
La Rue precisó que México ya es el país más peligroso para ejercer el periodismo de América y el quinto del mundo.
Los relatores de libertad de expresión recomendaron medidas urgentes, además, para evitar que se criminalice la actividad de las radios comunitarias.
"El número (de asesinatos y desapariciones) es escandaloso, mas allá de juzgar los motivos", dijo La Rue, quien lamentó que un año después de la visita conjunta no se haya podido implementar un mecanismo de protección efectivo que incluya a periodistas y autoridades "del más alto nivel".
A pesar de ello, los representantes de la ONU y de la Comisión de la OEA reiteraron su disposición para colaborar con las autoridades mexicanas, a las que pidieron no ver en las recomendaciones una crítica, sino el inicio de un proceso de diálogo.
"Reiteramos el deseo de conversar con el presidente Calderón, pues es muy importante el mensaje que puede dar a la prensa y a los que trabajan en la libertad de expresión", dijo La Rue.
"Nosotros vamos a seguir este trabajo desde México, Washington, Ginebra o donde sea", aclaró Botero.
