Una declaración del opositor Polo Democrático Alternativo (PDA), en la que advierte que habrá «fraude» en las elecciones locales y regionales de este domingo 30 en Colombia, provocó burlas en la red social Twitter porque su candidato a alcalde de la capital aparece último en las encuestas.
Es que el PDA, que agrupa a partidos e independientes de izquierda y centro izquierda, pareciera estar no ya dividido sino diezmado tras una disputa por el caso de corrupción en la alcaldía de Bogotá, que gobernó durante ocho años.
Este año se apartó de esa fuerza política el exsenador y otrora candidato presidencial Gustavo Petro, cuya trayectoria se remonta a su participación en el Movimiento 19 de Abril (M-19), guerrilla nacionalista que se acogió en 1990 a un pacto de paz para constituirse en la Alianza Democrática M-19, de donde proceden muchos de los dirigentes y militantes del PDA.
Las últimas encuestas muestran a Petro al frente en la intención de voto en la competencia por el gobierno de Bogotá, por encima de Gina Parodi, aliada del exalcalde Antanas Mockus (1995-1997 y 2001-2003), quien en las elecciones nacionales de 2010 perdió frente al actual presidente Juan Manuel Santos.
Petro también supera en los sondeos al exalcalde capitalino Enrique Peñalosa (1998-2000), apoyado por el expresidente derechista Álvaro Uribe (2002-2010).
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En caso de confirmarse en las urnas estas proyecciones, sería la segunda vez que pierde Uribe en Bogotá a través de su aspirante Peñalosa.
Las candidaturas respaldadas por Uribe arriesgan la derrota también en la propia patria chica del exmandatario: la gobernación del noroccidental departamento de Antioquia y la alcaldía de su capital, Medellín.
La verdad sea dicha, en la confusa coyuntura es arriesgado comprometerse con cualquier predicción. Burlas aparte, los informes de la no gubernamental Misión de Observación Electoral (MOE) confirman para el ámbito nacional la advertencia del PDA sobre la posibilidad de fraude. La razón es que la longeva confrontación armada interna y la corrupción se entremezclan.
Santos accedió a la Presidencia de Colombia con el apoyo de Uribe. Pero tan pronto resultó elegido, comenzó a desmarcarse sutilmente de su antecesor, quien satanizó cualquier acercamiento de paz con las guerrillas de izquierda, a las que solo proponía su rendición.
Uribe llevó a Colombia al borde de la guerra con Venezuela, contrariando la lógica militar que evitaría enfrentar un conflicto interfronterizo al mismo tiempo que a un enemigo interno, como las guerrillas, que pudiese jugar como potencial aliado del mandatario del vecino país, Hugo Chávez.
Santos ha sido más conciliador. Fue elogiado por hacer las paces con Chávez, pero necesita afianzarse en contravía de la ultraderecha en su propia coalición, encarnada por Uribe, para adelantar cualquier medida seria hacia una solución política del conflicto armado interno.
En ese marco, el presidente necesita que no salgan elegidos los candidatos cuestionados por su cercanía con el proyecto paramilitar de ultraderecha, que busca continuar cooptando el Estado y evitar la restitución de tierras a millones de despojados de sus hogares en el enfrentamiento bélico.
Las elecciones de este domingo 30 definen si Santos sale fortalecido o no. Las perspectivas no parecen halagüeñas.
A pesar de la acción de la justicia y de denuncias con nombre propio avaladas por el gobierno, los partidos de la coalición oficialista no depuraron sus listas de postulantes potencialmente partícipes de la llamada "parapolítica".
En la era Uribe, la parapolítica se legalizó en lo local y lo regional, poder que a esos niveles sigue intocado.
El Segundo Informe Elecciones 2011 en Colombia, emitido este mes por la no gubernamental Corporación Nuevo Arco Iris, concluyó que el paramilitarismo tiene capacidad de financiar y promover candidatos propios y lo estaría haciendo en ciudades intermedias e incluso en capitales departamentales. Además, domina ampliamente la contratación de obras públicas.
Las bandas paramilitares, remanentes de una desmovilización parcial pactada con Uribe, mantienen o toman posiciones en sitios estratégicos por su riqueza o ubicación, lideran el narcotráfico y, en muchas regiones, continúan sirviendo para amenazar comunidades y asesinar a líderes populares.
En algunas zonas, dependiendo de la correlación de fuerzas, se alían con el ejército o sostienen, como mínimo, pactos de no agresión con la insurgencia de izquierda.
También las guerrillas mantienen amenazas contra candidatos de la coalición oficialista. Nuevo Arco Iris afirmó haber detectado apoyo insurgente a candidatos en un municipio en el sur, en el departamento del Meta, y en varios del sudeste, en el departamento de Arauca.
Los municipios con ríos que sirven para sacar droga o entrar armas, o que tienen costa sobre el océano Atlántico, en el norte del país, o sobre el océano Pacífico, en el occidente, son objetivos electorales de alto valor, aunque no tan vistosos como Bogotá.
En esas zonas apetecidas por el tráfico de drogas y armas, los resultados de los comicios están definidos incluso desde el año pasado, afirmó en ese entonces "off the record" (extraoficialmente) a IPS una analista de la MOE. La Fiscalía General de la Nación no tiene una unidad de delitos electorales.
Así, la apuesta en los comicios regionales y locales del próximo domingo va más allá de acceder al jugoso cóctel de presupuesto y corrupción. Tiene que ver con la mismísima continuación de la guerra interna, porque esta es funcional al narcotráfico, al generar caos y mantener a raya a la justicia.
