En América Central no hay ni una ley que erradique la arraigada costumbre de erigir viviendas en laderas de montañas y orillas de ríos.
La última tragedia vino con la depresión tropical 12-E: al cierre de esta edición se contaban 91 personas muertas y más de un millón de damnificadas en El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica y Guatemala, sin enumerar los daños a la agricultura y la infraestructura, que llevará más tiempo contabilizar.
El ciclón llegó a la región el 12 de octubre y desde entonces no cesan las situaciones de emergencia por crecida de ríos, derrumbes y deslizamientos de tierra.
Los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Nicaragua declararon el estado de calamidad, que les permite disponer más rápidamente de fondos para labores de emergencia.
[related_articles]
Según Williams De León, del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Guatemala, el miedo que dejó el mortífero huracán Mitch (1998) y el trabajo de coordinación entre instituciones dieron pie a un cambio de actitud frente a los riesgos.
"Muchas personas se dieron cuenta de que Guatemala es muy vulnerable al clima y ahora están más organizadas", dijo a Tierramérica.
A partir de 2004, se crearon comités de desastres en los ámbitos regional, departamental y local, en los que están representados todos los niveles de gobierno, el sector privado y entidades de sociedad civil concernidas en socorro y prevención.
Una norma de 2010 establece criterios básicos de construcción, y en julio se establecieron estándares de seguridad para edificios públicos.
Según los bomberos, hay más solicitudes de evaluaciones de riesgo en instituciones públicas y privadas, sobre todo para aspirar a certificaciones internacionales como la ISO 31000:2009, dedicada al manejo de riesgo.
Aunque "hace falta todavía normas de seguridad, la asignación de más recursos para riesgos y llevar el tema a las aulas: se trata de una cultura de prevención que debe generalizarse", dijo De León.
La apuesta es "dar mayor importancia a lo más barato, que es la prevención, pero no lo hemos logrado", dijo a Tierramérica el activista Guido Calderón, de la no gubernamental Convergencia Ciudadana para la Gestión de Riesgos de Guatemala.
Para muestra, un botón.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres, con un presupuesto anual de cinco millones de dólares, no pudo siquiera pagar los salarios de sus 238 empleados, mucho menos atender con "eficiencia" las emergencias recientes, denunció su secretario, Alejandro Maldonado.
En los últimos 12 años, desde Mitch, pasando por los ciclones Stan (2005) y Agatha (2010), quedaron en la región miles de muertos, cientos de miles de afectados y daños económicos que empeoraron las perspectivas de poblaciones empobrecidas, sobre todo en El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala.
Ya no hay dudas de que la causa de la meteorología enloquecida es el calentamiento global.
"La variabilidad natural del clima se ha incrementado en frecuencia e intensidad", dijo a Tierramérica el director del Centro de Investigación y Transferencia Tecnológica de Cambio Climático de la Universidad de Ciencias Comerciales de Nicaragua, José Milán.
"En los últimos 30 años, la temperatura en este país ha aumentado un grado, mientras el planeta se calentó 0,7 grados en un siglo; las precipitaciones han disminuido entre seis y 10 por ciento en el Pacífico, y en el Caribe han aumentado 25 por ciento", explicó.
¿Qué se puede esperar? "Daños en los cultivos de maíz, frijol, arroz y café, muy importantes para la seguridad alimentaria; menos disponibilidad de agua; significativos daños a la biodiversidad e infraestructura, y un aumento de enfermedades como leptospirosis y dengue", contestó.
Milán cree que es urgente fortalecer las instituciones regionales de gestión de riesgos y generar capacidad en la sociedad civil para responder a desastres.
Pero América Central debe también hablar con una sola voz en el debate sobre cambio climático.
La región "contribuye con menos de 0,5 por ciento del total de las emisiones de gases de efecto invernadero", señala el estudio "La economía del cambio climático en América Latina y el Caribe 2009".
Pero siente los peores castigos, y se espera que los eventos extremos aumenten entre cinco y 10 por ciento su intensidad en este siglo, según el informe publicado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe.
René Ramos, coordinador del no gubernamental Programa de Fortalecimiento de Capacidades en Gestión de Riesgo de Centroamérica, con sede en El Salvador, cree que prevenir es "lo mejor" que pueden hacer los gobiernos después de atender las emergencias.
Gestionar los riesgos debe ser "un tema integral, que involucre a todos los sectores de la sociedad", pues no es un problema de los ministerios de "ambiente u obras públicas", agregó.
Algo se ha hecho. El plan operativo 2010-2013 del Centro de Coordinación para la Prevención de Desastres en América Central incluye desde fortalecer el conocimiento técnico y científico hasta crear una red de albergues para desplazados.
Los gobiernos también aprobaron la Política Centroamericana de Gestión Integral de Riesgos en 2010.
Pero en la práctica, pocas cosas cambian. En esta región de 43 millones de habitantes no hay ni una ley de ordenamiento territorial que erradique la arraigada costumbre de erigir viviendas en laderas de montañas y orillas de ríos.
Peor aun. En Guatemala, según el activista Calderón, los desastres se ven como fuente de ingresos para una reconstrucción en la que funcionarios y empresarios encuentran "jugosos" negocios.
* El autor es corresponsal de IPS. Publicado originalmente el 22 de octubre por la red latinoamericana de diarios de Tierramérica.
