Si Palestina no logra la membresía plena en la ONU, la alternativa sería solicitar el estatus de «estado observador no miembro» en la Asamblea General. Pero incluso esto preocupa a los israelíes.
Ese estatus les permitiría a los palestinos, por ejemplo, acusar a Israel ante la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, por crímenes de guerra.
"Si Israel no va a cometer crímenes de guerra ni violar el derecho humanitario internacional, no tiene absolutamente ninguna razón para temer nuestra membresía en la CPI", dijo Nabeel Shaath, alto funcionario de la Autoridad Nacional Palestina (ANP) y ex canciller.
La CPI es una de las instituciones creadas por la ONU (Organización de las Naciones Unidas) para juzgar a quienes cometen delitos, señaló.
"Si no cometen ninguna violación, ¿por qué deberían preocuparse?", preguntó Shaath, uno de los funcionarios palestinos más elocuentes y quien posee un doctorado de la estadounidense Universidad de Pensilvania, donde fue profesor de finanzas y economía.
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"Por supuesto, Shaath está retóricamente en lo cierto", dijo Richard Falk, ex reportero especial de la ONU sobre los derechos humanos en Palestina. "Pero la respuesta de Israel será que no podrá impedir que la ANP haga acusaciones irresponsables".
"De hecho, yo dudaría que la ANP emplee su estatus de observador para hacer acusaciones sobre pasados crímenes de Israel, pero podría usarlo para presentar nuevos cargos por el futuro comportamiento israelí", dijo a IPS.
Es una cuestión más política que legal, señaló Falk, profesor emérito de derecho internacional en la Universidad de Princeton.
Por su parte, Medea Benjamin, co-fundadora de Code Pink, movimiento creado por mujeres por la paz y la justicia social, dijo a IPS: "Sí, si el gobierno israelí siente que sus acciones están justificadas bajo el derecho internacional, no tiene nada que temer del ingreso de Palestina a la CPI".
Pero, "evidentemente, ellos entienden que la continua construcción de asentamientos en tierra palestina, el bloqueo a Gaza y la brutal invasión a la franja (Operación Plomo Fundido) son graves violaciones al derecho internacional", señaló.
Seguramente no quieren someterse a un intenso examen que termine en la CPI, dijo Benjamin, también co-fundadora de la organización internacional por los derechos humanos Global Exchange.
Palestina tiene dos claros escollos políticos para ser reconocida como estado miembro pleno de la ONU: obtener nueve de los 15 votos en el Consejo de Seguridad y escapar de un veto de Estados Unidos.
Es poco probable que supere ambos obstáculos, por la cual los palestinos tendrían solo una alternativa: solicitar el estatus de estado observador no miembro en la Asamblea General.
Para esto último necesitan una mayoría simple (97 de los 193 miembros), y ya contarían con el respaldo de entre 125 y 130 países.
Con el estatus de estado observador no miembro, como posee el Vaticano, Palestina podría integrar las agencias de la ONU y también la CPI, creada para juzgar crímenes de guerra y contra la humanidad.
Actualmente, los palestinos están representados en la ONU a través de la Organización para la Liberación de Palestina (OLP), entidad a la que en 1974 el foro mundial le otorgó rango de observador permanente.
Pero la nueva iniciativa le permitiría a Palestina ser reconocida como estado, lo cual constituye un avance diplomático.
"Seríamos aceptados como estado, pero no con membresía plena, que solo el Consejo de Seguridad puede conceder", explicó Shaath a periodistas la semana pasada.
No obstante, Mouin Rabbani, del Instituto para Estudios Palestinos, dijo a IPS que aún no estaba claro si la ANP procuraría el estatus de observador no miembro en la Asamblea General.
Pero "creo que los temores de los estadounidenses-israelíes de que la OLP pueda acceder al Estatuto de Roma (que creó a la CPI) y que se presenten casos en su contra son precisamente las razones por las cuales los palestinos deberían hacer un esfuerzo concertado para procurar esa ruta", opinó.
El tribunal en La Haya sólo puede realizar investigaciones en estados firmantes del Estatuto de Roma. Israel no adhirió a ese tratado internacional, aprobado en 1998 en la capital italiana.
Pero el desconocimiento de la CPI por parte de Israel no debería impedir una eventual investigación por crímenes de guerra, pues el único factor pertinente es si las supuestas transgresiones ocurrieron en el territorio de un estado, como pasaría a ser Palestina.
Se ha vuelto cada vez más claro en el curso de las últimas dos décadas, y particularmente desde que Barack Obama asumió la Presidencia de Estados Unidos en 2009, que los palestinos necesitan romper definitivamente con el marco de los acuerdos de Oslo para desarrollar estrategias alternativas que desafíen las políticas de Washington.
Los acuerdos firmados entre la OLP e Israel en 1993 permitieron la creación de la ANP, llamaron a un repliegue de las fuerzas israelíes de los territorios palestinos y establecieron lineamentos para las futuras relaciones entre las dos partes.
Rabbani señaló que la historia demostraba que la mediación estadounidense se había identificado casi invariablemente con las políticas del Estado judío, lo que había permitido la consolidación de la ocupación israelí en los territorios palestinos.
