La aprobación en diciembre de 2007 por la Asamblea General de las Naciones Unidas de la Resolución para la Moratoria Universal de las ejecuciones capitales ha sido una etapa fundamental no sólo de la campaña contra la pena de muerte sino también en la afirmación del estado de derecho y de los derechos naturales históricamente adquiridos aunque a menudo no respetados.
Los habituales cultores de la realpolitik han intentado disminuir el alcance la votación diciendo que de todos modos no sirve para nada. Es verdad que las Naciones Unidas no pueden imponer a país miembro alguno la abolición de las ejecuciones pero también es innegable el valor moral del texto aprobado. Por primera vez las Naciones Unidas han establecido que la cuestión de la pena capital pertenece a la esfera de los derechos de la persona y no de la justicia interna, y que su eliminación implica un importante progreso en el sistema de los derechos humanos.
Transcurridos tres años y medio, los efectos concretos de las resoluciones de la ONU se han visto en numerosos países, como lo documenta el último informe de Nadie toque a Caín.
Las aboliciones legales establecidas en estos años en Estados Unidos donde en 2010 se han registrado 46 ejecuciones contra las 52 del 2009- o su disminución de hecho, como parece que esté sucediendo en China, así como la reducción de los delitos pasibles de pena de muerte también en China y Vietnam o los miles de conmutaciones de sentencias decididas en Pakistán, Kenia, Etiopía y Birmania, no son datos irrelevantes. Quizás no sean el preludio de la abolición inmediata, pero van en la dirección indicada por las Naciones Unidas.
Además, es significativo que numerosas aboliciones de los últimos años hayan ocurrido en África y, en particular, en países como Ruanda y Burundi, símbolos de un continente que en la historia reciente ha sido el más golpeado por tragedias terribles como genocidios, mutilaciones y violaciones masivas, ejecuciones sumarias y deportaciones.
El mandato de arresto librado en 2009 por la Corte Penal Internacional contra el presidente sudanés Omar Al Bashir por las masacres en Darfur ha sido el preludio en clave judicial de lo sucedido a nivel político y social tiempo después en muchos países árabes: el fin del mito de la invencibilidad de los dictadores en el poder desde decenios.
En enero último, después de 23 años de gobierno dictatorial, de Ben Alí, el gobierno interino anunció la ratificación de los más importantes tratados internacionales, incluida la abolición de la pena capital. En Egipto, Hosni Mubarak corre el riesgo de ser sometido a la pena de muerte que él mismo había querido extender hasta a 40 delitos.
Alí Abdala Saleh en Yemen y Bashar al-Asad en Siria resisten aún, al precio de una guerra contra sus propios pueblos. Muamar Gadafi ha sido acusado de crímenes contra la humanidad por la Corte Penal Internacional. En Marruecos, el rey Mohamed decidió transformar en constitucional una monarquía de derecho divino, concedió la gracia a 92 prisioneros políticos y conmutó las condenas a muerte de otros cinco. En Jordania, la pena capital no es practicada desde el 2006. También en Líbano rige la moratoria de hecho de las ejecuciones desde 2004, mientras que Yibuti introdujo la abolición de la pena capital en la Constitución. Por su parte, Argelia no sólo votó a favor de la moratoria sino que también la patrocinó.
Para poner de verdad fin al aberrante principio de que la vida se debe defender infligiendo la muerte, es necesario que los países sostenedores de la moratoria la hagan respetar en todas las circunstancias.
Pero no es todo color de rosa. Del informe surge que Irán, que en los últimos años ha ostentado el horrible primado de los países-verdugos, ha festejado el comienzo del nuevo año con una orgía de ejecuciones. En Corea del Norte, las ejecuciones se han triplicado con respecto a los años precedentes. En Irak no se han detenido jamás, ni siquiera bajo el democrático gobierno de Nouri al-Maliki.
Tanto en China como en Irán, Corea del Norte e Irak, según es habitual, será la diplomacia paralela del partido Radical la que deberá sustituir a las carencias de los poderes oficiales del mundo considerado libre, civil, abolicionista. En efecto, ha sido el líder radical italiano Marco Pannella quien ha comenzado, después del anuncio de la condena a muerte en Irak de Tarek Aziz, una huelga de hambre para obtener una moratoria de la pena de muerte también para Aziz. Para romper la trágica continuidad con lo que estaba en boga en la época de Sadam Husein, pero también para salvar a un testigo clave para la reconstrucción de la verdad histórica sobre los sucesos que han caracterizado a la historia iraquí hasta la guerra. Guerra que ya está claro y documentado de muchos modos-, fue hecha estallar improvisamente por George W. Bush y Tony Blair precisamente para impedir que estallara la paz y se concretara nuestro objetivo de un Irak libre por medio del exilio de Husein y de una administración fiduciaria de la ONU. (FIN/COPYRIGHT IPS)
(*) Emma Bonino, dirigente radical y vicepresidente del Senado Italiano.
