El sucidio es una herramienta de protesta para muchos rumanos, cuyo gobierno adoptó algunas de las medidas de austeridad más severas de Europa central y oriental a raíz de la crisis económica.
La respuesta del gobierno centroderechista al colapso económico se centró en un préstamo de unos 20.000 millones de euros (27,3 millones de dólares) del Fondo Monetario Internacional e instituciones europeas en 2009, y en una serie de medidas de austeridad adoptadas en 2010 para mantener el déficit presupuestario por debajo de siete por ciento del producto interno bruto (PIB).
El gobierno también buscó mantener el endeudamiento en alrededor de 35 por ciento del PIB ese año. Rumania tiene una de las deudas públicas más bajas de la Unión Europea (UE). Solamente tres países tienen mejor desempeño en este rubro.
Pero las medidas incluyeron un recorte de 25 por ciento en los salarios públicos, otro de 15 por ciento en la asistencia social, afectando beneficios por discapacidad y asignaciones a la infancia, y recortes en subsidios a tratamientos médicos, que dañaron especialmente a quienes padecen enfermedades crónicas, como sida (síndrome de inmunodeficiencia adquirida) y dolencias mentales.
Según datos de 2008 de Eurostat (la oficina de estadísticas de la UE), Rumania, junto con Letonia, destina el menor porcentaje de su PIB a seguridad social (14 por ciento, en comparación con el 26 por ciento que invierte, en promedio, el bloque).
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Sin embargo, las autoridades arremetieron el año pasado contra los beneficios sociales que, argumentaron, representaban una seria carga para el presupuesto nacional.
El año pasado se cancelaron o suspendieron los beneficios a casi la cuarta parte de la población que contaba con apoyo a sus ingresos mínimos, y a miles de personas que disponían de pensiones por discapacidad, a causa de irregularidades burocráticas recién descubiertas.
Según el Banco Mundial, el país experimentó una contracción de 1,3 por ciento en su PIB en 2010, y se espera una tenue recuperación para este año, si todo va bien.
Aunque el PIB presenta un panorama bastante calmo, los efectos sociales de las medidas de austeridad son otra historia. Según el Instituto para la Investigación sobre la Calidad de Vida, con sede en Bucarest, la calidad de vida se deterioró en 2010 a registros rara vez vistos luego de 1989 (año en que cayó el régimen comunista rumano). La tercera parte de los ciudadanos dijeron no poder pagar ni siquiera los productos básicos, y más de 50 por ciento dijeron que esperaban que su vida empeoraría en la próxima década.
Miles de médicos abandonaron el país por las reducciones salariales, cientos de padres de familias de acogida devolvieron a los niños de cuyo cuidado se encargaban, y muchos jubilados pasan habitualmente las noches haciendo fila para conseguir el pan que las municipalidades ofrecen gratuitamente.
Y entonces aparecieron los suicidios.
Según el Instituto Nacional de Medicina Forense, la proporción de suicidios aumentó desde 2008, llegando a 14 por cada 100.000 habitantes en 2010.
Un estudio publicado en julio de este año por la revista médica británica The Lancet confirmó que la reciente crisis hizo que se dispararan los suicidios en Europa. Los aumentos más agudos se registraron en los estados de mayor antigüedad en el bloque, tendencia que se explica, principalmente, por el efecto del creciente desempleo sobre la salud mental.
Pero lo más notable de Rumani es que varios suicidas vincularon explícitamente su decisión con la situación económica del país y con el hecho de que el gobierno no protegiera a los más vulnerables.
En diciembre, pocos días antes de Navidad, Adrian Sobaru, un técnico de 43 años que trabajaba para la televisión nacional, saltó de un balcón del parlamento mientras éste se encontraba sesionando.
"¡Ustedes mataron nuestro futuro! ¡Ustedes quitaron el pan de las bocas de mis hijos!", gritó antes de saltar.
Sobaru, que ganaba unos 300 euros (410 dólares) mensuales, tenía dos hijos. Uno de ellos padecía autismo. El dinero asignado para los cuidados de personas discapacitadas, que Sobaru cobraba, se redujo. Esto, sumado a los recortes salariales, le impidió a la familia brindarle al niño la atención adecuada.
En junio de este año, el jubilado Petre Morjan se prendió fuego frente al palacio presidencial, en Bucarest. El hombre, que sobrevivió a las quemaduras, dijo a los medios de comunicación nacionales que le habían bajado la jubilación y que sus protestas eran ignoradas. Incluso le pidieron que pagara un soborno para que le aumentaran la jubilación, afirmó.
"En Rumania todavía no entendemos qué significa la dignidad humana, la ley y la democracia. Todavía estamos esperando una democracia real, pero todo tiene un límite", declaró Morjan.
Según la politóloga Victoria Stoiciu, de la Friedrich Ebert Foundation, la democracia rumana "es estrictamente electoral".
"Es decir que aquí ejercer los derechos democráticos significa solamente ir a votar. No hay canales de comunicación efectiva entre el electorado y sus representantes, no hay movilización cívica, no hay grupos de presión en funcionamiento", declaró.
"Tal entorno es terreno fértil para los gestos extremos. Y aún más: los gestos de protesta solamente pueden ser extremos porque, como el individuo no puede hacer uso de la fortaleza y visibilidad que le darían el ser parte de un grupo, entonces siente la necesidad de recurrir a gestos desesperados a fin de llamar la atención hacia su situación personal", dijo a IPS.
El sociólogo Bogdan Voicu, del Instituto para la Investigación sobre la Calidad de Vida, coincidió en que esos gestos individuales son causados por el fracaso de las prácticas democráticas en Rumania.
"Nuestra sociedad carece de una cultura de debate y negociación pública. Esto se explica por el largo periodo de comunismo" en un país donde, incluso en tiempos del "florecimiento moderno", solamente hubo "liderazgos autoritarios". "No se permitió que la democracia se desarrollara hasta 1989 y, según algunos, ni siquiera después", planteó.
"Los ciudadanos no confían y tampoco usan las instituciones oficiales que podrían mediar entre ellos y las autoridades o las organizaciones civiles en las que podrían reunirse y crear modelos públicos de acción", continuó.
"En esta situación, lo que queda son gestos desesperados que pueden atraer a los medios y, por eso, garantizar cierta atención", agregó.
