En el Día por la Despenalización del Aborto en América Latina y el Caribe, las mujeres del subcontinente tuvieron muy poco que celebrar y mucho por lo que luchar. El procedimiento está totalmente penado en tres países, en 28 es restringido y solo en dos se permite.
Hace 21 años, las organizaciones latinoamericanas que promueven los derechos de las mujeres instituyeron el 28 de septiembre para luchar por el derecho a decidir de las mujeres, en una región donde la despenalización del aborto es una gran deuda legal.
El Grupo de Información en Reproducción Elegida (Gire) detalla en su reporte «Las leyes del aborto en el mundo» que en la mayoría de los países de la región está restringido a solo cuatro causales.
Así, el aborto está totalmente prohibido en Chile, El Salvador y Nicaragua. Se admite el aborto por «estado de necesidad» pero es muy difícil de obtener, refiere el estudio.
Hay 12 países de la región donde el aborto es legal cuando peligre la vida de las mujeres: Antigua y Barbuda, Brasil, Dominica, Guatemala, Haití, Honduras, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana, Suriname y Venezuela.
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Brasil además permite el aborto legal en caso de violación sexual, al igual que México y Panamá. En estos dos últimos países la interrupción del embarazo también es legal cuando el producto padece alguna malformación congénita.
La legislación panameña puntualiza que en caso de las menores de edad se requiere la autorización de sus padres.
Las naciones que permiten el aborto cuando esté en riesgo la salud física de las mujeres son: Argentina, Bahamas, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, Granada, Perú y Uruguay.
Argentina y Ecuador también garantizan ese derecho en caso de violación sexual cuando las gestantes son mujeres con discapacidad mental.
Bolivia, a su vez, permite la interrupción cuando el embarazo es producto de violación sexual y en caso de incesto.
En Colombia, Jamaica, San Cristóbal y Nevis, Santa Lucía y Trinidad y Tobago el aborto es legal cuando peligra la salud mental de las mujeres.
Además, en Colombia la interrupción del embarazo es permisible por violencia sexual, en caso de incesto y de malformación fetal. En Santa Lucía el aborto también es legal por violencia sexual y en caso de incesto.
La legislación jamaiquina señala que cuando las gestantes sean menores de edad se requiere la autorización de sus padres.
En Barbados, Belice y San Vicente y las Granadinas el aborto es legal por razones económicas.
Barbados y San Vicente y las Granadinas además permiten la interrupción del embarazo por violación sexual, incesto y por malformación del producto.
Al igual que otros países de la región, en Barbados las menores de edad requieren la autorización de sus padres.
Belice también permite el aborto cuando el producto tiene alguna malformación genética o congénita.
En todo el continente americano solo Cuba y Guyana la legislación permite el aborto sin restricciones a solicitud de las mujeres, además de Canadá, Estados Unidos y Puerto Rico.
En Canadá la ley no contempla límite gestacional. En Puerto Rico el aborto es legal hasta antes de la viabilidad del producto, mientras que en Guyana la legislación indica que la interrupción es permitida antes de los 90 días de gestación.
La legislación estadounidense plantea que para las menores de edad el aborto es permitido con la autorización de sus padres.
México, una gran luz y muchas sombras
Desde 2007, México se convirtió en un caso particular dentro de América Latina, donde organizaciones civiles han abierto camino para lograr que la población femenina acceda a la interrupción legal y segura de un embarazo.
Sin embargo aún «queda mucho por recorrer», señaló Raffaela Schiavon, directora en México de Ipas, una red internacional dedicada a promover los derechos de la salud sexual de las mujeres en todo el mundo.
El camino emprendido por las activistas para evitar la mortalidad de las mujeres por abortos inseguros, considerado un grave problema de salud pública, ha «rendido frutos», destaca.
Ella y otras activistas consideran que el avance «más grande» es que desde abril de 2007 las ciudadanas en el Distrito Federal, asiento de la capital, pueden abortar con tan solo solicitarlo dentro de las primeras 12 semanas de gestación.
La llamada «Ley Robles», iniciativa presentada por Rosario Robles, entonces jefa de gobierno del Distrito Federal, amplió las causales no punibles de aborto en la entidad que desde 2000 lo permitían cuando peligrase la salud de la mujer o por malformaciones genéticas graves del producto.
La interrupción legal del embarazo y la «Ley Robles» fueron impugnadas en su momento ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación por dependencias federales y legisladores opositores del Distrito Federal, respectivamente, con el argumento de que atentaban contra «el derecho a la vida».
El Distrito Federal, con más de 10 millones de habitantes y donde se concentran los poderes nacionales, está gobernado por el izquierdista Partido de la Revolución Democrática, mientras la Presidencia del país está en manos del derechista Partido Acción Nacional desde diciembre del año 2000.
En ambas demandas la Suprema Corte determinó que la protección al derecho a la vida desde la fecundación violenta los derechos reproductivos de las mujeres.
De 2007 a la fecha se han realizado más de 65.000 abortos en servicios públicos y privados de la capital del país y ninguna mujer ha muerto.
Al establecer la interrupción legal del embarazo, el Distrito Federal se sumó al 40 por ciento de los países del mundo con tasas «casi nulas» de muertes por su práctica. En esas naciones las mujeres abortan de manera legal y en condiciones adecuadas.
«Desafortunadamente» al logro obtenido en el Distrito Federal le siguieron «graves retrocesos» para los derechos reproductivos de las mexicanas en otras entidades del país, lamentó Adriana Jiménez, coordinadora nacional de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos en México.
Entre 2008 y 2010 se modificaron las constituciones de 17 de los 32 estados del país para proteger la vida desde la fecundación y, de ese modo, penalizar el aborto, destacó.
Y la andanada contra el derecho de las mexicanas a la interrupción voluntaria del embarazo continúa, advierten las activistas.
*Una versión de este articulo fue publicado originalmente por la agencia noticiosa mexicana de Comunicación e Información de la Mujer AC, Cimac.
