La economía argentina crece de modo constante de 2003 y se construyen cientos de miles de viviendas. Sin embargo, recurrentemente estallan conflictos sociales que revelan que el problema habitacional corre más rápido que las soluciones.
El Ministerio de Planificación Federal asegura que de 2003 hasta ahora se levantaron 617.660 viviendas en todo el país, otras 223.434 están en ejecución y más de 22.000 a punto de iniciarse las obras. Todo para beneficio de casi cuatro millones de personas.
No obstante, esa cantidad no alcanza a cubrir la creciente demanda. El déficit no es solo de viviendas sino también de servicios urbanos indispensables como el acceso al agua potable de red, cloacas, provisión de gas o descargas pluviales.
"Se construyen viviendas, pero no se da abasto con la propia dinámica demográfica", explicó a IPS Dan Adaszko, experto en temas habitacionales del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
Adaszko es autor del trabajo titulado "Las condiciones habitacionales y de acceso a bienes y servicios en la Argentina 2010" que acaba de publicar el Observatorio, en el cual señala que el crecimiento económico no garantiza, a su vez, el acceso a la vivienda.
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Según su investigación, en este país con 40 millones de habitantes hay 20,5 por ciento de hogares donde se manifiesta el déficit habitacional por tenencia irregular de la tierra, hacinamiento, falta de acceso a servicios y malas condiciones de la unidad.
Ese universo deficitario se compone de 11,8 por ciento de hogares asentados sobre tenencia irregular del lote o de la unidad misma, a los que se suman viviendas inapropiadas por hacinamiento, falta de mantenimiento o de servicios básicos.
El problema es estructural, remarcó Adaszko. Hace 10 años, la población era de 36 millones de habitantes y el porcentaje de hogares con déficit habitacional era similar. Hay una brecha entre la oferta y la demanda que no se acorta con el paso del tiempo.
El informe revela que, además de requerirse en la actualidad un estimado de tres millones de viviendas para cubrir la demanda, hay otros "indicadores irrefutables de atraso" en el acceso a servicios urbanos, en los que hubo solo "una leve mejoría" en la última década.
Alude así a la falta de agua de la red potable, que afecta a 12,4 por ciento de los hogares urbanos, y de cloacas en 34,6 por ciento de hogares, la ausencia de pluviales en 32,3 por ciento y de gas de red en 26,8 por ciento de las unidades.
Esos porcentajes, que son promedios nacionales, se acentúan cuando se trata de hogares pobres, donde se suman además otros déficit como la mayor exposición a industrias contaminantes y a basurales a cielo abierto.
"La carencia de vivienda no es el único aspecto que debe ser tomado en cuenta al analizar los problemas habitacionales de un país", destaca el trabajo.
Argentina lleva más de un siglo y medio de urbanización. Se estima que 92 por ciento de su población vive en ciudades. En ese marco, el experto considera "inaceptable" la persistente falta de vivienda y servicios adecuados.
El estudio añade que, si bien a partir de 2002 se retomó la inversión pública en infraestructura urbana y en construcción de viviendas, "los niveles de déficit siguen siendo sumamente elevados".
"Falta un programa más amplio, a una escala más importante para compensar cuatro décadas de atraso en el problema habitacional que se concentra en los alrededores de Buenos Aires y en las provincias pobres del norte del país", precisó Adaszko.
En esas regiones más vulnerables es donde estallaron serios conflictos últimamente, con ocupaciones de terrenos o de viviendas sin terminar, y desalojos violentos.
La expulsión de una comunidad indígena en noviembre en Formosa, en el noreste del país, se saldó con dos muertos. Los pobladores exigían la entrega de tierras y fueron violentamente reprimidos por la policía provincial.
En diciembre de ese mismo año, la crisis estalló en la ciudad de Buenos Aires y distritos de sus alrededores con tomas, protestas y represión, todo lo cual derivó en la muerte de dos manifestantes.
En este marco, el episodio más grave ocurrió hace dos semanas en la noroccidental provincia de Jujuy. Unas 700 familias instalaron tiendas de campaña en radio de unas 15 hectáreas del privado y tradicional ingenio azucarero Ledesma, en la localidad de Libertador General San Martín.
Los ocupantes fueron brutalmente reprimidos por policías provinciales, que quemaron sus pertenencias y provocaron la muerte de cuatro personas e hirieron a otras 67.
A raíz de este episodio, la legislatura provincial expropió de urgencia 40 hectáreas de las inmensas propiedades de Ledesma.
Pero la ola de asentamientos ya se había propagado a otras ocho localidades jujeñas, poniéndose así de manifiesto el grave déficit que existe en ese distrito en materia de viviendas. Uno de los predios fue tomado por mujeres de policías.
"El déficit se concentra en las provincias del norte de Argentina y en la zona metropolitana de la ciudad de Buenos Aires, donde también faltan cloacas, agua, gas y pavimento", detalló Adaszko. Es que no basta con hacer casas, sino desarrollo urbano completo", explicó.
Los periódicos estallidos revelan que, aun con un crecimiento sostenido de la economía y un gobierno nacional proclive a impulsar la obra pública, hay deficiencias que se arrastran y un ritmo de construcción que no es siempre el adecuado.
El producto argentino mantiene un ritmo de expansión superior a siete por ciento anual desde 2003, cuando asumió el gobierno el hoy fallecido Néstor Kirchner, y que se mantuvo con la administración de su esposa, la también centroizquierdista Cristina Fernández, salvo el freno abrupto de 2009 como consecuencia de la crisis global nacida el año anterior en Estados Unidos.
Para Adaszko, en las diversas provincias hay una gama de soluciones de política que en algunos casos resultó exitoso como en Córdoba, Mendoza o San Luis. En éste último distrito, el Estado provincial entrega viviendas nuevas a cambio de una módica cuota.
Pero en otras provincias se combinan factores más estructurales, como la concentración de la tierra unida a una pobreza estructural y falta de desarrollo.
Por ejemplo en Jujuy, una de las provincias más pobres del país, la tierra está mayoritariamente en manos de grandes empresas, como la firma agroindustrial Ledesma.
"En algunos distritos uno encuentra que hay funcionarios que dicen que tienen dinero para construir, pero que no tienen lugar para hacerlo", aseguró.
Las tierras fiscales están muchas veces lejos de las ciudades y por lo tanto distantes también de las fuentes laborales, el transporte y de la infraestructura urbana necesaria para el establecimiento de familias, incluyendo servicios de educación y salud.
"A veces la solución es avanzar con una ley de expropiación", dijo Adaszko, y exhortó a pasar de una política de vivienda a una política urbana, que garantice el derecho no solo a gozar de un techo, sino de la ciudad en su conjunto.
