María «S» recuesta a su hijo de un año en una de las frías planchas de concreto de su celda en el penal central de Santa María Ixcotel, en la zona conurbada de esta ciudad en el extremo suroeste de México.
Apenas envuelto con una pequeña cobija, el pequeño llora, tal vez de hambre o de tristeza. María «S» (cuyo apellido se mantiene anónimo a su pedido) lo arrulla un poco y finalmente se acuesta en el suelo, mientras la observan sus otras nueve compañeras que comparten el espacio de poco más de 20 metros cuadrados.
Procesada por el delito de narcomenudeo, María «S», de 19 años e indígena zapoteca, es tan solo una de las 234 mujeres presas en los 14 reclusorios que hay en el estado de Oaxaca, con su capital del mismo nombre.
Hacinada y abandonada por sus familiares, ella es un botón de muestra de la situación de maltrato que padecen las mujeres en el sistema penitenciario del estado.
EL HILO MÁS DELGADO
De acuerdo con la estadal Secretaría de Seguridad Pública (SSP), el número de mujeres presas en las cárceles de Oaxaca representa el seis por ciento del total de la población penitenciaria en el estado.
Entre las 234 reclusas están las que se encuentran bajo proceso y las sentenciadas tanto del fuero común como del federal.
Todas ellas están repartidas en las áreas femeniles de los 14 penales estadales, toda vez que no existe una cárcel de mujeres en toda la entidad. La mayoría de ellas son pobres y se encuentran en los reclusorios de Ixcotel, Pochutla y Tehuantepec.
Casi todas tienen hijos e hijas menores de cinco años a su cargo, que cuidan y mantienen sin ayuda de nadie, ni siquiera de las autoridades penitenciarias que no les otorgan ningún alimento específico para las niñas y los niños.
Algunas fueron detenidas por narcomenudeo, otras por homicidio.
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Hay 29 mujeres indígenas, en su mayoría zapotecas de la sierra Sur, pero también hay mixes, mixtecas, triquis , entre otras.
La mayoría delinquió por necesidad económica, porque se declararon culpables o porque quedaron entrampadas en el laberinto jurídico.
Ante la pobreza no hay muchas opciones: quedarse sin comer o el narcotráfico, y se arriesgan como «burreras» o «camelleras». Ellas son el hilo más delgado, son las más vulnerables de la cadena de impunidad, advierte la doctora en sociología Concepción Núñez Miranda.
La autora del libro «Narcotráfico, pobreza, justicia y derechos humanos: mujeres indígenas presas por delitos contra la salud» considera que mientras en México no resuelva el problema de la pobreza extrema, seguirán la migración hacia el norte del país o a Estados Unidos, o el reclutamiento de más personas al narcotráfico.
«Habría que revisar el supuesto combate al narcotráfico en México que no ha dado resultados, y en cambio destinar recursos que podrían emplearse en servicios de salud, educación y en la generación de empleos, y resolver así el problema estructural de la pobreza que lleva a la cárcel a muchas mujeres injustamente», sostiene.
Para Núñez, quien en 2006 obtuvo mención honorífica por su obra en el concurso de tesis Sor Juana Inés de la Cruz, convocado por Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), las indígenas oaxaqueñas «están solas».
«Sus parejas migraron y están olvidadas por sus familiares cercanos debido al gasto que implica desplazarse a los centros urbanos y someterse a la revisiones indignas para ingresar al penal», explica.
La especialista señala que deben protegerse los derechos de las mujeres presas desde una perspectiva de género.
«Cuando hablamos de perspectiva de género en relación a la cárcel, estamos diciendo que justamente el impacto es diferencial (respecto a los hombres) y por eso la atención no puede realizarse desde una visión meramente cuantitativa», explica.
VULNERABILIDAD
De total de internas, el 72 por ciento corresponde a mujeres procesadas, es decir, que aún no han sido sentenciadas, explica en entrevista el estadal subsecretario de Prevención y Reinserción Social, Emmanuel Castillo Ruiz.
Detalla que debido a la sobrepoblación en los penales, las procesadas comparten celdas con las sentenciadas, tanto del fuero común como del federal.
El funcionario precisa que las presas que tienen a sus hijos en el penal deben ceder la custodia a algún familiar o tutor cuando sus hijos cumplen cinco años.
Castillo Ruiz informa que hay siete mujeres embarazadas que en el trabajo de parto serán ingresadas al Hospital Civil de los Servicios de Salud de Oaxaca.
Reconoce que la estancia de niños y niñas en las cárceles implica que también padezcan las limitaciones diarias por el hacinamiento penitenciario.
El subsecretario explica que la SSP del estado gasta 8,60 pesos (0,82 dólares) para la alimentación de cada uno de los hombres y mujeres privados de libertad por delitos comunes, y 50 pesos (4,11 dólares) para los del orden federal.
* Este artículo fue publicado originalmente por la agencia mexicana Comunicación e Información de la Mujer AC (Cimac).
