Mientras siguen las multitudinarias protestas de alumnos y profesores por una reforma educativa en Chile, una de las caras más extremas de los reclamos es la huelga de hambre de 28 jóvenes en diferentes escuelas secundarias, cuatro de ellos desde hace casi 40 días.
El ayuno obligó a hospitalizar de urgencia el martes a una adolescente en el sur de Chile, debido a descompensaciones en su salud, la semana pasada también fue asistida por médicos otra joven en Santiago y varios de los que siguen ya han perdido 10 a más kilogramos de peso.
Con la huelga de hambre y las manifestaciones callejeras continuadas como fuerte presión, el gobierno del derechista Sebastián Piñera trata de pasarle la responsabilidad de la solución de la crisis al parlamento. Sus planteos hasta ahora fueron calificados de insuficientes por los maestros y estudiantes que están en pie de lucha por cambios drásticos en el sistema de enseñanza.
Para agregar más aprietos a Piñera, la protesta social se amplió más allá de las aulas y este jueves 25 se cumple el segundo y último día de paro general de actividades en todo Chile convocado por la Central Unitaria de Trabajadores, al que se adhirieron otras 80 organizaciones sociales y partidos de oposición. El reclamo es por un cambio estructural del sistema político y económico.
En concreto, la protesta estudiantil lleva más de tres meses, en lo que ya es la más extensa desde 1990, cuando finalizó la dictadura de 17 años, que en su tramo final impuso el criticado esquema educacional y que la democracia aún no modificó.
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El ministro de Educación, Felipe Bulnes, cuestionó especialmente el ayuno, porque entiende que "no soluciona ninguno de los problemas que tenemos, sino que, por el contrario, no hace más que complicar la situación".
Francia Gárate, de 18 años, quien cursa el último año de educación secundaria y se sumó al ayuno hace más de una semana, dijo a IPS que esta medida es para "que nos tomen en serio".
"Yo le pediría (a Piñera) que tome conciencia, que no estamos jugando, que despierte, pues lo que estamos haciendo no es un juego, sino que estamos dispuestos a dar la vida por la educación", añadió con énfasis.
Esta adolescente ni siquiera quiere pensar ahora qué hará cuando finalice la escuela. "Salgo este año de cuarto y quiero seguir estudiando, obvio, pero si no están los medios, ¿cómo hago?, si vivimos con lo justo", indicó la joven que solo tiene a su padre, un obrero de una fábrica de la periferia de Santiago que gana el equivalente a menos de 400 dólares mensuales.
Un estudio universitario cuesta como mínimo 450 dólares por mes en Chile.
Frente a la nula respuesta del gobierno, "las huelgas de hambre no se depondrán" y cualquier consecuencia en la salud de los participantes "es total responsabilidad del presidente Piñera", señaló a IPS el representante del Liceo Experimental Artístico de Santiago, Miguel Rebolledo.
A pesar de que seis estudiantes abandonaron esta protesta extrema el miércoles 24, aún siguen firmes otros 28 colegas en distintas sedes educativas del país. Para José Horacio Wood, director de la Fundación Apoyo a la Niñez y sus Derechos (Anide), "la huelga de hambre no es cualquier medida de protesta", y es aun más complejo cuando se trata de niños, niñas o adolescentes, como son la mayoría en este caso.
La preocupación, por un lado, debe estar en el riesgo de salud y hasta de vida que conlleva la protesta. Pero, además, hay que preguntarse por qué menores de 18 años ven necesario el ayuno como presión.
Wood entiende que el sistema democrático en Chile está cojeando y pone en evidencia "la actitud de un gobierno que no ha dado señales de tomar en serio los planteamientos que formulan los estudiantes secundarios y universitarios".
"La culpa es del Estado, pues hace que se tomen estas medidas extremas para hacer que se escuche nuestra voz", dijo a IPS María José Zúñiga, portavoz de los estudiantes del Liceo A-131 del municipio de Buin, contiguo a la capital del país.
A los 28 estudiantes que mantienen el ayuno se plegaron últimamente tres apoderados y 22 alumnos universitarios.
Las autoridades insisten en que los estudiantes puedan pasar de grado escolar, pese a los días de ausencia de las aulas, y lo pretenden hacer a través del plan "Salvemos al año".
Para ello llamaron a los dirigentes del movimiento estudiantil a revisar con cuidado las propuestas planteadas la semana pasada sobre los proyectos de ley que enviará al parlamento.
"Si hay puntos que todavía no están suficientemente claros, van a tener todas las instancias, y nos vamos a asegurar de que así sea, para que puedan hacer valer esas inquietudes", dijo el ministro Bulnes.
El funcionario explicó que las iniciativas incluyen una reforma constitucional que garantice el derecho a una educación de calidad, y aumentar las becas para los alumnos pertenecientes a 40 por ciento más vulnerable de la sociedad.
También se debe asegurar un sistema combinado de becas y créditos para alcanzar a cubrir hasta 60 por ciento el costo de los cursos, rebajar la tasa de interés del préstamo con aval del Estado de 5,6 a dos por ciento, y la estricta fiscalización de la ley que prohíbe el lucro en las universidades, agregó.
La propuesta oficial contempla, además, la creación de una Superintendencia de Educación Superior y el envío de un proyecto de ley para quitar de la jurisdicción de los municipios a la educación pública, una de las mayores críticas a la forma de administración del sistema en las áreas primaria y secundaria sustentado en las alcaldías.
"Por lo tanto, respecto de la voluntad del gobierno, eso ha estado siempre sobre de la mesa. Lo que falta es que la intransigencia de otros sectores también se abandone", increpó Bulnes.
Pero para los dirigentes estudiantiles y de los profesores, las medidas gubernamentales no son suficientes ni ofrecen las garantías necesarias.
Camila Vallejo, la principal portavoz de la Confederación de Estudiantes Universitarios de Chile, consideró que hay "muchos vacíos" en la propuesta del gobierno, y que hablar de cobertura de becas no es responder a lo que "nosotros hemos planteado, que es avanzar hacia la gratuidad".
Zúñiga amplió al respecto. "A nosotros no nos sirven más becas, no nos sirven más créditos, pues de ese modo la gente, los estudiantes, se van a seguir endeudando con los créditos, nosotros de verdad pedimos que la educación sea de calidad, estatal y gratis para todos", argumentó.
Por su parte, el presidente del Colegio de Profesores, Jaime Gajardo, indicó que el planteo del gobierno "es más bien un requerimiento al parlamento y no a los actores sociales", Cuestionó, además, la falta de claridad sobre cómo el Estado adquirirá un rol más activo en la educación.
Se valora que el gobierno hable de fiscalizar las ganancias en educación universitaria, pero hay dudas de cómo se controlará en las escuelas, ya que "los sostenedores lucran con plata que es de todos los chilenos y, al respecto, no hay ni una sola palabra", observó Gajardo.
