Con la promesa de que próximamente divulgará los resultados de una investigación que «hará estremecer a Colombia», el presidente Juan Manuel Santos promulgó el Estatuto Anticorrupción, diseñado para atacar un delito que involucra a dirigentes de distintas tiendas políticas, en especial a seguidores de Álvaro Uribe.
El telón de fondo de esta nueva ley que da vida al Estatuto es un sinnúmero de escándalos que cada día llenan titulares y cubren grandes espacios de los medios de comunicación. Los casos de corrupción perforan el funcionamiento del Estado afectando los servicios de salud, las obras públicas, concesiones mineras, créditos a campesinos, impuestos e incautaciones al narcotráfico.
Entre los investigados por la justicia por el uso indebido de dineros públicos se encuentran ocho exministros, dos ex jefes de la Dirección Nacional de Estupefacientes y otros antiguos colaboradores del gobierno derechista de Uribe (2002-2010), además de legisladores y directores de institutos estatales.
También aparecen en la lista el alcalde de Bogotá, Samuel Moreno, suspendido del cargo hasta que la justicia determine al respecto, y su hermano el senador Iván Moreno, ambos elegidos por el izquierdista Polo Democrático Alternativo, pero que los separó de sus filas debido a los resultados en su contra derivados de las investigaciones preliminares.
Otros 50 de los 1.101 alcaldes y seis de los 32 gobernadores departamentales de Colombia ya fueron suspendidos de sus cargos en los últimos 18 meses por las mismas razones.
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El monto por actos ilegales en investigación superaría los 10 billones de pesos colombianos, equivalentes a 50.000 millones de dólares, 70 por ciento de los cuales corresponden directamente al uso de bienes estatales, según las pesquisas de la Fiscalía General de la Nación, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República.
En estos datos no se incluyen los actos de corrupción derivados de la presión política ejercida en los últimos años por las organizaciones paramilitares de extrema derecha, razón de la investigación sobre 80 parlamentarios, ni las interceptaciones ilegales de teléfonos y de las redes informáticas que afectaron a jueces, periodistas y opositores del gobierno de Uribe.
Rostros de la corrupción favorecidos, según los analistas, por la ausencia de un encargado de la Fiscalía debido a la disputa que mantuvo Uribe con la Corte Suprema de Justicia.
En ese marco, la Contraloría General de la República investiga una nómina paralela de contratos por casi 30 millones de dólares, una camioneta adaptada como oficina ambulante y cerca de 70 por ciento de procesos por responsabilidad fiscal cercanos a la prescripción.
Así, el Estatuto Anticorrupción promulgado este viernes genera expectativas, dudas y llamados de acciones conjuntas.
"El Estatuto contiene avances que deben servir, pero no se puede confiar solo en la ley, porque si la corrupción se diera solo por vacíos legislativos, hace rato que se hubiera controlado", dijo a IPS el abogado constitucionalista Jaime Castro, del Partido Liberal, ministro de Gobierno en los años 80 y exalcalde bogotano a comienzos de los 90.
Esta nueva herramienta legal se concretó para "fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública", señala su texto que abarca 58 páginas, repartidas en ocho capítulos.
De este modo se regula la contratación con el Estado para quienes financian campañas electorales, con el fin de evitar por ejemplo el caso de las empresas ligadas a los negocios públicos y que sostuvieron financieramente la candidatura de Uribe.
También controla la llamada "puerta giratoria" entre los sectores público y privado. Es el caso denunciado por el ministro de Interior, Germán Vargas, sobre la existencia de "varios funcionarios del gobierno de Uribe que trabajan ahora en empresas privadas favorecidas por decisiones de esa administración".
Vargas aludió así a Hernán Martínez, el exministro de Minas y Energía de Uribe que ahora es miembro de la junta directiva de la firma minera Medoro Resources, y también a Luis Guillermo Plata, el extitular de la cartera de Comercio que ocupa actualmente un lugar en la dirección de la empresa cervecera Bavaria.
Esta práctica denunciada por Vargas y otros se da con muchos empleados de menor rango en el sector de la salud estatal.
El Estatuto, además, retira beneficios de excarcelación para procesados por presuntos actos contra los bienes del Estado y crea figuras penales para casos de corrupción privada, administración desleal, utilización indebida de información privilegiada, evasión fiscal, tráfico de influencias de particulares, enfatizando en el caso de los delitos asociados con la salud.
En otro tramo, la nueva normativa amplía las potestades de investigación para la Fiscalía General de la Nación, permite operaciones encubiertas e impone medidas de protección y de beneficio para los denunciantes.
En cuanto a la contratación pública, obliga a tener finalizados los estudios de preinversión al momento de comenzar la obra.
Se pretende de este modo evitar la corrupción en casos como el llamado "carrusel de la contratación en Bogotá", que involucra a los hermanos Moreno y a los empresarios Miguel, Guido y Manuel Nule, con cifras que rondan los 1.250 millones de dólares.
Al igual que en la imposición de sobrecostos, como los denunciados por unos 107 millones de dólares en la construcción del Túnel de la Línea, que atraviesa la cordillera central, una de las más grandes obras actuales.
A estos escándalos se suma el relacionado con el programa Agro Ingreso Seguro, destinado a dotar de préstamos blandos a campesinos pobres, pero cuyos fondos terminaron en manos de terratenientes. El monto en cuestión es de casi 113 millones de dólares e involucra a Andrés Arias, exministro de Agricultura de Uribe.
Entre los procedimientos disciplinarios más expeditos que fija el Estatuto está la regulación de la Comisión Nacional de Moralización y la de Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción. Así se fortalece el Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Trasparencia y Lucha contra la Corrupción.
"Para que el Estatuto Anticorrupción sea efectivo, se requiere de una permanente coordinación entre el gobierno y los tres entes de control, porque será una tarea a largo plazo", indicó Castro.
Pero también es fundamental la colaboración permanente de la ciudadanía, la presentación de pruebas y una muy destacada participación de funcionarios honestos, tanto públicos como privados. Es que en todos los casos de corrupción hay doble vía: uno que propone y otro que acepta", concluyó Castro.
