En medio de un fuerte debate con sectores que se sienten excluidos, el gobierno de Bolivia lanzó un modelo de producción agrícola que apunta a la independencia alimentaria, impulsa la labor de los pequeños productores y puede generar excedentes para eludir las oscilaciones de los precios internacionales.
La Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria conjuga el rigor de las normas y procedimientos modernos en el sector con antiguas costumbres indígenas orientadas a producir y almacenar alimentos para tiempos de adversidad climatológica.
Esta herramienta deposita su fortaleza en la comunidad, una expresión que en Bolivia es sinónimo de vida y actividad económica en las zonas rurales habitadas por pueblos indígenas.
Pero estas declaraciones consignadas en el cuerpo legal promulgado este mes por el presidente izquierdista Evo Morales desataron los temores de empresarios agroindustriales vinculados a las exportaciones. También levanta fuertes críticas de ambientalistas y de líderes indígenas la utilización de organismos genéticamente modificados en parte de la producción alimentaria.
El director general de Producción Agropecuaria y Soberanía Alimentaria, Germán Gallardo, uno de los que diseñó la iniciativa, defendió, ante la consulta de IPS, la "política inclusiva que reconoce a los productores privados, mixtos, individuales y colectivos".
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A comienzos de este año, la persistente sequía, heladas reiteradas, el contrabando y políticas gubernamentales de restricción a las exportaciones hicieron que grandes empresarios desatendieran inversiones, se afectara la producción de alimentos y obligaron al gobierno a concretar importaciones encaminadas a evitar el desabastecimiento.
Gallardo aseguró que la producción alimentaria de Bolivia no presenta déficit. Sin embargo, el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (Ifpri, por sus siglas en inglés) ubicó a este país entre los países con "serio problemas" de alimentación y le asignó 10,9 puntos en su escala de 100 del Índice Global del Hambre.
También un informe del Comité Técnico del Consejo Nacional de Alimentación y Nutrición, presentado en 2010 en el Primer Encuentro de Soberanía Alimentaria, indicó que 26,8 por ciento de los bolivianos sufre desnutrición crónica, el mayor nivel en la región, seguido por Ecuador, con 26,4 por ciento, Perú con 25,4, Colombia con 15,5 y Paraguay con 14 por ciento.
Según ese estudio, la población afectada por desnutrición afronta condiciones de anemia nutricional, déficit de micro nutrientes (vitamina A, zinc, yodo), obesidad y enfermedades crónicas no transmisibles.
Los resultados a plenitud de la nueva política alimentaria se verán en cinco años, comentó Gallardo, quien destacó el papel que cumplirán las comunidades para las cuales reclama el reconocimiento como unidad productiva de 80 por ciento de alimentos destinados al consumo interno.
"No afectamos al empresariado agroindustrial sino que fortalecemos a los pequeños productores, pero no en detrimento del grande", remarcó el impulsor de la ley. Cree, además, que la igualdad de oportunidades de acceso al crédito bancario, a la tecnología y a las semillas convertirá a Bolivia en una zona de reserva de alimentos.
Uno de los panes de consumo habitual en la mesa de las familias bolivianas es elaborado con harina importada. En 2010, la producción nacional de trigo sólo alcanzó a 271.330 toneladas, mientras el consumo llegó a 631.000 toneladas, según el Ministerio de Desarrollo Rural.
"Fuimos digitados por proyectos aislados y olvidamos a nuestros productores. La ley revolucionaria se construyó entre agricultores y los intelectuales que trabajan para el Estado", afirmó Gallardo para resaltar que el modelo no responde a estrategias extranjeras.
"Las agencias internacionales señalaron la dirección de las políticas alimentarias que no administrábamos", se queja y refuerza la identidad del proyecto con un ejemplo de la ruptura de la dependencia externa en la fase de preparación de la ley al afirmar que "los sándwiches (emparedados) los hemos pagado nosotros".
Pero la tesis orientada a crear la seguridad alimentaria para los 10,4 millones de bolivianos debe traducirse en un sistema de préstamos bancarios a productores que ahora no pueden ofrecer sus pequeñas parcelas como instrumento de garantía.
Vencidos esos obstáculos, el gobierno de Morales anuncia planes de incorporación de tecnología en la actividad agrícola y luego la construcción de una red de almacenaje de alimentos, bajo un esquema inspirado en la ancestral "pirwa", un depósito elaborado con materiales de cada región y capaz de conservar los productos en su estado natural por prolongadas temporadas.
Pero la popularidad ganada por el presidente Morales entre productores de pequeña escala y comunidades campesinas contrasta con la demanda del influyente Consejo Nacional de Marcas y Ayllus del Qollasuyu (Conamaq) para eliminar el uso de organismos genéticamente modificados en la producción de alimentos.
"Los transgénicos tendrán impacto social en la salud porque producen trastornos y cáncer", dijo el líder indígena del Conamaq, Rafael Quispe, un abierto opositor a la importación de semillas de este tipo, que la comunidad científica no se ha puesto de acuerdo aún sobre los efectos en los humanos.
Quispe interpreta que la utilización de transgénicos será el medio para generar dependencia de las empresas transnacionales asociadas a su producción.
El portavoz de la Liga de Defensa del Medio Ambiente (Lidema), Edwin Alvarado, explicó a IPS que el artículo 15 de la legislación protege el patrimonio genético de productos de origen boliviano como la papa y la quinua, pero en su interpretación, se permite el ingreso de otras variedades como la caña y el algodón.
Con una reafirmación del principio fundamental de Lidema por el rechazo a la introducción de organismos genéticamente modificados, Alvarado reclamó una legislación específica que proteja las variedades alimentarias nacionales que se adaptan al cambio climatológico y podrían transformar al país en modelo para la "agrobiodiversidad".
Explicó, además, que 86 por ciento de la soja producida en Bolivia es un producto modificado y admitió que ese proceso es irreversible, pero insistió en preservar al resto de alimentos en su estado natural.
Gallardo coincidió con Alvarado en considerar estos temas en una legislación específica y declaró la imposibilidad de erradicar la soja transgénica, porque posee el respaldo de una resolución "multiministerial", aprobada durante el gobierno de Carlos Mesa (2003-2005).
