Los países miembros y adherentes del Tratado Antártico se proponen imponer normas más estrictas para regular el turismo en la zona, atender la situación derivada del recalentamiento global, frenar el ingreso de especies no autóctonas y contar con un sistema de alerta temprana de tsunamis.
La preocupación por la posible llegada de grandes olas resultantes de terremotos, aunque parece extraño por lo poco probable, fue justificada porque la mayor parte de las bases instaladas en la zona están en la costa y es donde se realiza un amplio espectro de actividades científicas, logísticas e incluso turísticas.
El compromiso sobre estos asuntos fue asumido en el encuentro realizado en Buenos Aires, que convocó a unos 300 representantes de países vinculados al tratado que entró en vigor hace 50 años, más expertos y activistas ambientales. En las deliberaciones que se extendieron del 20 de junio al 1 de julio analizaron viejos y nuevos retos para un continente que debe permanecer prístino.
En diálogo con IPS, el subsecretario ejecutivo del Tratado Antártico, José María Acero, informó que el balance de las deliberaciones fue "absolutamente positivo" en todos los temas.
Los asistentes a la XXXIV Reunión Consultiva del Tratado Antártico, que se prolongó del 20 de junio al 1º de julio, discutieron una propuesta para revisar las normas existentes sobre turismo a la Antártida a fin de determinar si son suficientes y con qué estrategia seguir.
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Las visitas a esa área comenzaron en los años 50, pero desde la década del 90 se incrementaron "dramáticamente", indicó la Secretaría, que registra una llegada de unos 46.000 turistas al año.
Ese total era 10 veces menor hace sólo 20 años. Acero explicó que a raíz de la disolución de la Unión Soviética muchos buques con capacidad polar fueron reconvertidos en cruceros turísticos hacia la Antártica y eso disparó las visitas.
De todos modos reveló que, según la Asociación Internacional de Operadores Turísticos a la Antártida, el año pasado se registró una merma de 25 por ciento en la presencia de cruceros hacia esta región, debido a la crisis financiera global, y para la próxima temporada se prevé una caída similar, apuntó.
Acero agregó que los delegados también se hicieron eco de la preocupación por el cambio climático o aumento global de la temperatura que afecta particularmente a la península antártica.
El IPCC, como se conoce por sus siglas en inglés al Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, indica que en los últimos años en esa región la temperatura promedio aumentó cuatro veces más que en el resto del planeta.
Los representantes de los 28 países miembros plenos del Tratado y los delegados de los 20 estados adherentes también se propusieron elaborar normas más estrictas para frenar la introducción accidental de especies no autóctonas.
"No se trata de controlar la llegada de perros o gallinas que, por supuesto, no está permitida, sino de extremar las medidas para evitar la contaminación por microorganismos que llegan en las suelas de los zapatos", explicó Acero.
La Antártida es un ecosistema único, pero extremadamente frágil, y los países miembros del Tratado están comprometidos a mantener allí las condiciones para la mejor preservación del ambiente, la reserva del agua dulce y sus especies únicas. En total hay 71 áreas protegidas en ese continente que por sus valores naturales, planes de investigación o razones de patrimonio histórico-cultural son zonas de especial cuidado y están vedadas a las visitas turísticas.
También están las bases científicas que mantienen allí los países, y que reciben las constantes inspecciones del Tratado para evaluar si se cumplen las normas de prevención de derrames y control de residuos.
El último informe, realizado por Japón y Australia y presentado en Buenos Aires, indicó que las bases operan con respeto a las normas de cuidado, aunque en algunos casos las medidas podrían mejorar para extremar las precauciones.
En la cumbre, Argentina presentó una propuesta para contar con un sistema de alerta temprano sobre la llegada de tsunamis provocados por terremotos.
La iniciativa sostiene que los modelos que prevén el arribo de grandes olas tras un sismo se hacen sobre planisferios que no muestran a la Antártida, "probablemente porque se considera que allí hay muy baja densidad de población costera".
Los expertos que presentaron la propuesta recordaron que, si bien la Antártida no es una zona sísmica, en los últimos años se registró un terremoto de gran magnitud con hipocentro en el lecho marino dentro de esa región.
Uno de esos movimientos telúricos se registró en 2007 en las islas Orcadas y otro en marzo de este año en las islas Sándwich del Sur.
Frente a este panorama, se planteó contactar a las instituciones que producen los modelos para solicitarles que extiendan la información a las costas antárticas, y elaborar un informe sobre riesgos del impacto de tsunamis en la zona. La cita finalizó con la firma de la Declaración de Buenos Aires en la que los asistentes reafirmaron todos sus compromisos de cooperación, de estar atentos a los nuevos desafíos y a trabajar articuladamente con organizaciones de la sociedad civil.
La próxima reunión consultiva se realizará en junio de 2012 en Hobart, Australia.
