Rosemary Khumalo, de 66 años, llevó una vida al límite. Fue una sanguinaria delincuente que hacía lo que fuera necesario, hasta matar, para hacerse con el botín, asegura su legajo judicial.
El asesinato de su pretendiente, el empresario Maxwell Sibanda, en 1998, puso fin a su vida delictiva y marcó el comienzo de su historia en el pabellón de la muerte, de la Prisión de Máxima Seguridad Chikurubi, en 2000.
Khumalo fue sentenciada ese año por asesinato y robo a mano armada y condenada a muerte. Diez años en el pabellón de la muerte esperando su ejecución la convirtieron en una pálida y frágil sombra de lo que fue.
"Elevé más de cinco peticiones de clemencia al presidente Robert Mugabe, de la Unión Nacional Africana de Zimbabwe-Frente Patriótico (ZANU-PF). Dos de ellas fueron desestimadas y nunca obtuve respuesta por las otras tres", añadió.
"Estoy débil y tengo problemas de salud. Sufro hipertensión y todo lo que pido es clemencia. La espera y no saber cuándo me van a ejecutar es una tortura peor que la pena de muerte", dijo Khumalo a IPS desde su celda.
[related_articles]
Khumalo es quien hace más tiempo que espera su ejecución, pero hay otras 51 personas en su misma situación.
La última persona en ser ejecutada en este país fue Mandlenkosi Masina Mandha en julio de 2005.
En el marco de la redacción de una nueva ley fundamental, el máximo castigo generó diversas reacciones.
El presidente Mugabe y el profesor Lovemore Madhuku, de la Asamblea Constitucional Nacional coinciden en mantener la pena capital.
El borrador declara que: "la pena de muerte sea abolida en Zimbabwe salvo para los casos graves de asesinato".
"Todo ser humano tiene derecho a la vida y no se lo puede privar de ella de forma intencional. Una ley puede permitir que se imponga la pena de muerte a personas acusadas de asesinato, pero el castigo sólo se llevará a cabo tras un fallo final de un tribunal competente", reza la sección 37 del controvertido borrador de Kariba.
El borrador fue suscrito por las tres partes del gobierno de unidad nacional, integrado por el ZANU-PF, el primer ministro Morgan Tsvangirai, del Movimiento por un Cambio Democrático (MDC-T) y el viceprimer ministro, profesor Arthur Mutambabra, del Movimiento por un Cambio Democrático (MDC-M).
El MDC-T suscribió el texto de Kariba, pero dio marcha atrás y ahora se opone a la pena capital.
Por su parte, la sociedad civil emprendió una campaña en contra de la pena capital.
La Comisión Católica Alouis Chaumba por la Paz y la Justicia llamó al ministro de Justicia y Asuntos Legales, Patrick Chinamasa, a revisar el asunto.
Es hora de que Zimbabwe elimine la "pena incivilizada", señaló el activista de derechos humanos Sanderson Makombe.
"No hay pruebas científicas que sustenten el hecho de que la pena de muerte es mejor para disuadir comportamientos delictivos que otros castigos", explicó.
"Es punitiva y constituye una venganza justificada. El alto costo del litigio supera de lejos las condenas a cadena perpetua", apuntó Makombe.
Si el asunto se somete a referendo, la mayoría de la población estaría a favor de mantener la pena capital, señaló, "porque tenemos tendencia a querer vengarnos. No creemos que los que matan deban ser perdonados y tratados de otro modo", añadió.
"De hecho, la mayoría de la gente diría que los presos no tienen ningún derecho. Los pierden cuando delinquen. Pero los argumentos para derogar el máximo castigo son técnicos, no populistas", remarcó Makombe.
Zimbabwe podría encaminarse hacia la abolición de la pena muerte, señaló Jessie Majome, exviceministra de Justicia y Asuntos Legales, basándose en el tiempo transcurrido desde la última ejecución.
"La última ejecución fue en 2005 y se observa una renuencia de los tribunales a dictar el máximo castigo", observó Majome, quien es, además, integrante del parlamento.
"Creo que muchas de las personas condenadas a muerte por matar a alguien deberían ser sentenciadas a cadena perpetua", señaló el expresidente de un tribunal, Enoch Dumbutshena.
Su sucesor, Antony Gubbay, señaló que lo que "hace unas décadas no era un trato inhumano ni degradante, ahora repugna a las nuevas sensibilidades", indicó.
Gran Bretaña derogó el máximo castigo en 1964, tras probarse que algunas personas habían sido ejecutadas tras procesos con errores, explicó Makombe.
"En Zimbabwe también ocurrieron errores trágicos", recordó. "Sukholuhle Kachipare, quien permaneció varios años en el pabellón de la muerte de la Prisión de Máxima Seguridad de Chikurub, fue liberada en 2001, tras una revisión del caso que concluyó que era inocente", añadió Makombe.
Más de 96 países derogaron el máximo castigo, ocho sólo para delitos comunes y 43 lo abolieron de hecho al no usarlo en por lo menos 10 años.
En África lo derogaron 15 estados, en tanto 21 se comprometieron a no usarlo.
