La huelga en el sector de hidrocarburos, considerada la mayor amenaza al régimen de Kazajstán en 10 años, enciende la protesta social en distintas partes del país, mientras los trabajadores son golpeados por matones al parecer contratados por las empresas. El gobierno, en tanto, ignora los reclamos laborales.
Miles de empleados del gas y del petróleo participan en las protestas, algunos hasta se mutilan, por la explotación a la que han sido sometidos por lo que los activistas llaman proyectos de la industria pesada, financiados en gran parte por capitales extranjeros atraídos en los últimos años por el gobierno.
Pero la movilización terminó adquiriendo un significado social más amplio con el apoyo público dado por la oposición a los huelguistas, lo que, al parecer, inspiró acciones similares en diferentes ciudades. La detención de la abogada Natalia Sokolova, representante de los trabajadores, instala el temor de que las autoridades repriman a los manifestantes y violen los derechos humanos más básicos.
Instituciones no gubernamentales piden a la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y a la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas que presionen al régimen kazajo para que atienda los reclamos de los huelguistas.
"El reclamo más importante de los trabajadores ahora es la liberación de Natalia Sokolova", dijo Lyudmyla Kozlovska, de la Fundación Open Dialog, quien hace campaña para concentrar la atención internacional en el asunto.
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"Tememos que si se ignoran los reclamos de los trabajadores la tensión social se torne violenta", añadió.
Las protestas comenzaron el 11 de mayo, cuando cientos de trabajadores del campo petrolero de Karazhanbas, cerca de Aqtau, comenzaron la huelga. Les siguieron sindicatos de otras compañías y empleados de OzenMunaiGaz, lo que afectó la distribución, y luego otros del gas y la minería.
Actualmente son miles los trabajadores en huelga.
Los huelguistas se quejan de que los trabajadores extranjeros tienen mejores salarios y condiciones laborales que los kazajos por la misma tarea. También denuncian que les negaron el reconocimiento oficial como sindicato independiente, en una clara infracción a las convenciones de la OIT.
La insistencia en no reconocer la existencia de sindicatos independientes es uno de los factores clave detrás de las protestas, dijo un portavoz de la Asociación de Derechos Humanos de Asia Central, con sede en Francia, y de los reclamos a la OIT para que Astaná cumpla con sus obligaciones internacionales.
Representantes de la agencia internacional no respondieron a las consultas de IPS.
El gobierno todavía no dio respuesta a los reclamos de los trabajadores en huelga. Observadores independientes señalan que ellos y sus familias han sufrido acoso y fueron golpeados por matones, quienes, al parecer, reconocieron haber sido contratados por las empresas involucradas.
A los defensores de los derechos laborales también les preocupa que la detención de Sokolova sea una señal de la forma en que autoridades lidiarán con un problema que puede agravarse para el régimen.
La oposición se alineó con los huelguistas cuando falta un año para las elecciones parlamentarias. A medida que se corrió la voz de las protestas, activistas de otros rubros se animaron a salir a la calle a plantear sus reivindicaciones.
En la septentrional ciudad de Kokshetau se enfrentaron policías y manifestantes tras la manifestación de cientos de personas contra la gerencia de una compañía local que, según ellos, los estafó mediante un programa piramidal.
Kazajstán, rica en recursos naturales, está gobernada desde 1991 por el presidente autocrático Nursultan Nazarbayev, criticado durante años por no respetar los derechos humanos. La violación de las libertades fundamentales fue documentada en distintos ámbitos sociales.
Desde hace muchos años no hay movimientos populares masivos contra el régimen. Desaparecieron, en parte, por las mejoras en el nivel de vida, ocurridas por la explotación de las reservas de gas y petróleo que convirtieron a este país en la mayor economía de Asia central.
Es difícil que el gobierno pueda ignorar las protestas que ocurrieron en sectores calve de la economía del país.
"Probablemente entiende que se trata de un problema grave que tendrá que resolver", dijo a IPS una defensora de los derechos humanos que desde hace años trabaja en la región y que pidió reserva de su identidad.
"Puede ser que utilice diversas tácticas para perseguir a los organizadores tal y como lo hicieron contra periodistas y activistas de derechos humanos. Incluso es posible que tome medidas ejemplarizantes", apuntó.
Cualquiera sea el enfoque que adopte Astaná, algunas organizaciones internacionales está preocupadas por el compromiso del régimen con los derechos básicos.
"También genera inquietud que las declaraciones de la asesora legal del sindicato urgiendo a los trabajadores a continuar con la huelga sean utilizadas para sustentar graves cargos en su contra como incitar a la tensión social", dijo Rachel Denber, directora de Human Rights Wacth para Europa y Asia central.
"Si trabajadores que reclaman aumento de sueldo pueden ser considerados delincuentes, el gobierno no parece cumplir con su obligación de proteger a la libertad de expresión y de reunión", añadió.
