Los países centroamericanos tendrían que adoptar el modelo de seguridad comunitario para enfrentar al crimen organizado, coincidieron expertos de la región en reflexiones previas a la cumbre del SICA, que se realizará el 22 y 23 de este mes en la capital guatemalteca.
Esta estrategia fue lanzada en 2009 por el sureño estado brasileño de Río de Janeiro mediante la implementación de las Unidades de Policía Pacificadora (UPP), cuyo principal desafío ha sido bajar los niveles de violencia en las "favelas", como les llaman a los barrios hacinados en Brasil, mediante el acercamiento con los habitantes del lugar.
Así, en vez de realizar incursiones violentas con las consecuentes pérdidas de vidas humanas, las UPP mantienen presencia permanente en estos sitios, mientras que en paralelo el Estado amentó su presencia con obras sociales en materia de salud, vivienda, saneamiento y otros servicios.
Con el fin de plantear una estrategia regional de seguridad y solicitar los recursos para financiarla, el SICA (Sistema de Integración Centroamericano), conformado por Belice, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Panamá, más República Dominicana como estado asociado, hará su asamblea en Guatemala.
"El modelo de seguridad comunitaria es bien interesante por su integralidad, que se puede estudiar y adaptar a la región", dijo a IPS Verónica Godoy de la no gubernamental Instancia de Monitoreo y Apoyo a la Seguridad Pública de Guatemala.
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La experta recordó que este país ha intentado hacer esfuerzos similares como la comisaría modelo de Villa Nueva, en el sur de la capital, que con el apoyo del gobierno estadounidense logró reducir los índices de criminalidad en la zona desde 2006.
Con presencia permanente en la comunidad, la estación policial contaba con agentes capacitados, una línea telefónica para recibir denuncias, una unidad para contrarrestar a las pandillas y una estrecha comunicación con el Ministerio Público (fiscalía), encargado de la persecución penal.
Pero cuatro años más tarde el esfuerzo había caído en el abandono. Falta de patrullas, armas, personal y menos denuncias telefónicas transformaron a esa comisaría en "otra más", mientras que la experiencia tampoco se logró masificar.
"No se ha podido sostener esa intervención por falta de recursos y porque no hay suficiente fortaleza en las instituciones del estado para mantenerla", sin apoyo externo, explicó.
Godoy cree que un esfuerzo como el realizado por Río de Janeiro "es posible" en América Central, pero solo si es una decisión de Estado.
Esta región, principalmente su triángulo norte compuesto por El Salvador, Honduras y Guatemala, se encuentra inmersa en una lucha sangrienta contra las mafias de la droga, exasperada por la incursión del grupo narcoterrorista mexicano Los Zetas.
De hecho, el Informe de Desarrollo Humano para América Central 2009-2010 presentado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, catalogó al triángulo norte centroamericano como la región "más violenta del mundo".
Honduras registró 58 homicidios por cada 100.000 habitantes en 2008, seguido por El Salvador, con 52 y por Guatemala con 48, mientras que la media mundial es de nueve y la de América Latina de 25 homicidios por cada 100.000 personas, según el informe.
Algunos expertos creen que el acercamiento de la comunidad y la policía es fundamental. Jeannette Aguilar, del Instituto Universitario de Opinión Pública de la salvadoreña Universidad Centroamericana José Simeón Cañas, señaló a IPS que los modelos de seguridad comunitaria permiten mejorar la imagen de la policía, mayor participación ciudadana y propician la rendición de cuentas.
Pero en la región esta estrategia "sería factible sólo si los países centroamericanos deciden transitar de enfoques de seguridad autoritarios a democráticos e integren esfuerzos de prevención, persecución penal, rehabilitación y de reforma institucional", advirtió.
Aguilar cree necesaria una reforma policial que contemple la profesionalización, depuración y mejoramiento de las condiciones laborales de los agentes, mientras que, a su vez, se desarrollen programas gubernamentales en materia económica y social.
En El Salvador hasta ahora no se ha impulsado una iniciativa de policía comunitaria, según la experta. "Han sido programas más orientados a militarizar y ejercer un mayor control territorial como el que se desarrolló en el Distrito Italia", dijo.
En ese lugar, ubicado en el noreste de San Salvador, el gobierno aumentó la presencia militar en 2010 para contrarrestar la delincuencia y las pandillas, y promovió un acercamiento con la comunidad.
Sin embargo, Aguilar considera que se trata de "enfoques represivos y de militarización de la seguridad interna, que han predominado, sobretodo en el triángulo norte de América Central, y que han mostrado ser inefectivos".
Al final, entiende inútil el combate al crimen organizado en la región mientras no se aborde el problema de la gran demanda de droga de Estados Unidos y la regulación de la venta de armas.
David Martínez-Amador, catedrático del curso sobre Crimen Organizado Transnacional, dijo a IPS que hasta ahora ningún país centroamericano ha emprendido modelos de policía comunitaria al estilo de Río de Janeiro.
"Todo lo contrario, se copia la política de militarización mexicana en la cual hay desplazamientos reactivo del elemento militar operando de manera tardía en extensiones muy amplias de terreno", señaló.
Este profesor cree que la medida reactiva "es la más fácil", mientras que "en países como Guatemala hay un fascinación por los ejércitos y una tendencia a satanizar de comunismo todo esfuerzo de política social, a la vez que no hay una política pública sobre la temática de narcoactividad".
Por su parte, Alfredo Landaverde, experto hondureño en seguridad, indicó a IPS que las medidas de prevención y represión de la violencia, en caso necesario, deben ir acompañadas de la promoción del desarrollo social en la región.
Landaverde sostuvo que en América se suelen hacer experimentos en atención de seguridad ciudadana, pero no a gran escala ni permanentes. "Lo hacen en un barrio o ciudad y en poco tiempo cambian a otro tipo de proyectos y eso debe ser permanente, masivo e integral", dijo.
La cumbre del SICA podría ser una oportunidad para replantear la atención de la inseguridad regional, reconoció Landavarede, aunque "no se ve que lleven un planteamiento novedoso e integral".
