Argentina cuenta desde este miércoles con una ley de producción pública de medicamentos y vacunas que apunta a abaratar los costos en beneficio de la población y a promover el diseño y la fabricación de estos insumos en laboratorios estatales.
El Senado transformó en ley un proyecto en el que se declara que el medicamento es "un bien social", que su producción en laboratorios estatales es "de interés nacional" y que por eso debe ser promovida a fin de proveer a hospitales y centros de salud públicos.
En diálogo con IPS, el doctor Claudio Capuano, coordinador de la cátedra de Derechos Humanos y Salud de la estatal Universidad de Buenos Aires, explicó que se trata de "una ley marco estratégica porque promueve el desarrollo y la investigación".
En Argentina hay 39 laboratorios estatales de producción de medicamentos, vacunas e insumos médicos en 13 provincias. Desde 2006, esas instituciones armaron una Red Nacional de Laboratorios Públicos (Relap), de articulación voluntaria.
Sin embargo, no existía entre ellos una coordinación para una producción y distribución más eficiente de lo que cada uno fabrica. Algunos de esos laboratorios tienen un gran desarrollo y exportan sus productos.
Es el caso de Laboratorios Puntanos, en la occidental provincia de San Luis, donde se producen 100.000 comprimidos diarios de diversos medicamentos para ese distrito, pero también para el de Buenos Aires, la norteña provincia de La Rioja y para el mismo Ministerio de Salud nacional.
Esta cartera de salud tiene desde 2002 el Programa Remediar, por el cual se abastecen de medicamentos y vacunas gratuitas unas 15 millones de personas que consumen alrededor de 500 millones de comprimidos al año provistos por hospitales y centros sanitarios.
Pero el Programa Remediar se financia con créditos del Banco Interamericano de Desarrollo y del Banco Mundial y está obligado a convocar licitaciones para proveerse. Laboratorios Puntanos puede participar, pero otros no tienen su producción certificada como para hacerlo.
Con la flamante ley, los laboratorios públicos "serán un soporte para la cobertura de necesidades sociales", dijo a IPS el médico Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología.
Isturiz, quien es además investigador del Instituto de Investigaciones Hematológicas de la Academia Nacional de Medicina, dijo que prácticamente 85 por ciento del vademécum puede ser cubierto por la producción de los laboratorios de Relap.
Añadió que, por el momento, los laboratorios fabrican medicamentos de patentes ya vencidas. No elaboran nuevos principios activos, como tampoco lo hacen en Argentina las empresas privadas.
Pero no descartó que a partir de esta nueva normativa, que prevé convenios entre los laboratorios las universidades y organismos de ciencia, todos del ámbito estatal, se puedan generar nuevas moléculas. De hecho, en Brasil se están elaborando principios activos, aseguró.
Brasil fue puesto como ejemplo por Isturiz de una política de desarrollo en materia de industria farmacéutica de control público. Allí se fabrican múltiples medicamentos, algunos claves, como los que de destinan al tratamiento del virus de inmunodeficiencia humana, causante del síndrome de inmunodeficiencia adquirida.
En Argentina hay laboratorios que se dedican a satisfacer la demanda de centros de atención locales de salud o dirigidos a necesidades específicas de cada región. Según Capuano, estas instituciones tuvieron un papel relevante en momentos de crisis, como la sufrida por el país a fines de 2001, cuando no se podían pagar los costos de importación de medicamentos imprescindibles y fueron fabricados localmente.
Hemoderivados de la estatal Universidad Nacional de Córdoba es otro de los laboratorios más avanzados. Elabora un medicamento derivado del plasma humano para tratar la hemofilia, el Factor VIII. No sólo provee la demanda local sino que exporta.
Por su parte el Laboratorio Provincial de Medicamentos de Río Negro, una provincia del sur del país. Allí provee la demanda estatal de remedios para erradicar la hidatidosis, una enfermedad que es transmitida por el perro.
Capuano aseguró que la nueva norma va a representar un ahorro para el Estado. Hoy, dijo, se estima en más de 7.000 millones de pesos (unos 1.700 millones de dólares) el gasto en medicamentos, 1.000 (318 millones de dólares) de los cuáles solventa el Estado mediante endeudamiento externo.
Con la compra de productos a los laboratorios estatales, se va a gastar un monto mucho menor en esos insumos.
