Hacia agosto de 2007, dos mexicanos trataron de que su hermano se radicara ilegalmente en Estados Unidos mediante la contratación de un traficante de personas o «coyote», a un costo de 2.500 dólares el viaje. Pero el potencial emigrante nunca cruzó la frontera y el dinero desapareció.
Cuando el viajero estaba en la norteña ciudad de Tijuana, fronteriza con Estados Unidos, sus hermanos, uno de ellos radicado en la occidental ciudad estadounidense de San Francisco, le giraron 2.500 dólares al "coyote" o "pollero" vía Western Union para pagar el cruce, aunque no entregaron los códigos de la operación, para evitar un engaño.
Sin embargo, el dinero fue recogido sin que el candidato a indocumentado llegase a Estados Unidos y sin que sus hermanos lo recuperasen, a pesar de su queja ante la compañía estadounidense, en una historia relatada en la página electrónica Apestan.com (http://www.apestan.com), creada para denunciar el comportamiento empresarial.
Por eso, la firma transnacional estadounidense de envío de dinero Western Union Company es blanco de críticas de defensores de los derechos de los inmigrantes por ser el canal de transferencia del pago de rescates de indocumentados secuestrados en México.
Y por ello, piden que la empresa, con sede en la central ciudad estadounidense de Greenwich, y las autoridades mexicanas apliquen una mayor vigilancia sobre esos movimientos financieros.
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"No hay otra forma de cobrar los rescates que no sea por Western Union, por su presencia en las comunidades. Necesariamente debe haber una forma de cobrarlos para que no salte el sistema y detecte transferencias sospechosas", dijo a IPS el sacerdote mexicano Luis Nieto, fundador de la organización no gubernamental Nuestros Lazos de Sangre y promotor desde hace más de diez años de los derechos de los inmigrantes.
Nieto ha construido una base de datos de salvadoreños y hondureños desaparecidos en el territorio mexicano, con nombres, fechas, lugares y números telefónicos.
Unos 500.000 latinoamericanos atraviesan anualmente México en camino hacia Estados Unidos, según organizaciones no gubernamentales y expertos. Su periplo está marcado por abusos y otros actos violentos a manos de policías y organizaciones criminales.
Esa ruta pasa especialmente por los estados de Tabasco, Chiapas, Oaxaca, Veracruz y Tamaulipas, en una franja que del sudeste al nordeste mexicano, escenarios donde hay muchas extensiones de Western Union. El gobierno de este país ha identificado entre las fronteras sur y norte 25 municipios peligrosos para los viajeros irregulares.
En el último año, el secuestro de personas indocumentadas se ha disparado, con consecuencias nefastas. En agosto pasado, 72 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, aparecieron muertos en el oriental estado de Tamaulipas, ejecutados por miembros de la organización delictiva Los Zetas, que regenta el secuestro de personas sin papeles.
En diciembre, otros 40 indocumentados fueron secuestrados en el sureño estado de Oaxaca, sin que aún haya indicios sobre su paradero.
Otro grupo de al menos 80 inmigrantes, en su mayoría centroamericanos, fue secuestrado el viernes 24 de este mes en el sudoriental estado de Veracruz, sin hasta ahora rastros de su ubicación.
La estatal pero autónoma Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene un recuento de unos 20.000 inmigrantes secuestrados en 2010. Generalmente, el rescate oscila entre los 1.500 y los 5.000 dólares, según esa investigación.
"Hemos tenido quejas en contra de Western Union, indicando que ha hecho cosas que indican que han estado involucrados en transferencias por tráfico de inmigrantes", señaló a IPS Joshua Hoyt, director ejecutivo de la estadounidense Coalición de Illinois por los Derechos de Inmigrantes y Refugiados (ICRR, por sus siglas inglesas).
"La empresa es supersensible a ese tipo de temas. Por eso, las peticiones en ambos países a que investiguen la complicidad en este tipo de crímenes les va a afectar mucho", puntualizó.
Esta organización no gubernamental se enfrentó con Western Union por la confiscación de por lo menos 17 millones de dólares en trasferencias entre México y Estados Unidos, debido a la presunción de estar vinculados con el tráfico de personas, fondos que no han sido devueltos a sus dueños.
En febrero de 2010, la fiscalía del Estado de Arizona, fronterizo con México, llegó a un acuerdo con la compañía en relación con esas operaciones. La transnacional se comprometió a pagarle al gobierno estadual 94 millones para resolver el pleito legal.
En 2002, la fiscalía empezó a inquirir sobre movimientos superiores a 750 dólares, ante lo cual Western Union entregó listas con nombres de remitentes y receptores de los despachos de cantidades entre 800 y 1.200 dólares.
En 2003, un aviso de congelamiento de fondos de la fiscalía incluyó 142 nombres de personas que recibieron miles de dólares en docenas de transferencias, algunas de las cuales recogieron entre 400.000 y 883.000 dólares.
En 2010, la empresa efectuó 214 millones de transacciones entre usuarios, por 76.000 millones de dólares.
Esta corporación, que tiene distribuidos en el mundo unos 445.000 agentes en negocios como bancos y cadenas de tiendas, no respondió a la consulta de IPS.
El gobierno estadounidense entregó en el primer trimestre de este año información de esa pesquisa a sus pares mexicanos con nombres, fechas y montos de rescates transferidos por familiares de las víctimas y sitios de cobro.
"Puede haber complicidad de funcionarios en la transferencia y cobro de los rescates. Los familiares aseguran haber transferido el dinero, les piden que depositen vía Western Union y que manden el código de la transferencia. La empresa sí puede identificar las transferencias irregulares", dijo Nieto, cuyo trabajo se ha extendido desde Estados Unidos hasta América Central.
Los activistas consideraron viable que los parientes de los secuestrados demanden a la empresa por no vigilar adecuadamente esos movimientos financieros.
"Si hubiera una demanda de familiares, podría tener mucho éxito, por lo menos forzar una negociación", indicó Hoyt.
