Las organizaciones de derechos humanos y campesinas se mantendrán vigilantes en Colombia para controlar que se cumpla la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada este viernes, y para tratar de mejorar e incorporar derechos que no se han atendido esta vez.
En su texto se define que en 10 años como máximo se deberá cumplir con la restitución de derechos de más de cinco millones de víctimas y la devolución de casi siete millones de hectáreas de tierras despojadas o abandonadas.
En la implementación de la Ley de Víctimas "hay riesgos, porque la oferta de los servicios sociales y subsidios de vivienda, a los que tenemos derecho el común de colombianos, no puede considerarse como reparación", advierte Marco Romero, presidente de la no gubernamental Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento (Codhes).
"Hay que garantizar la reparación integral", dijo a IPS el también secretario de la Comisión de Seguimiento a la Política Pública de Desplazamiento.
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IPS: ¿Qué se resalta de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras?
MARCO ROMERO: Primero es el reconocimiento de las responsabilidades del Estado frente a las víctimas de la guerrilla, los paramilitares y agentes estatales.
Ese es un gran logro en un país que tiende al cinismo, donde los derechos se reivindican a medias o se niega la realidad como hizo el expresidente (Álvaro) Uribe, para quien el objetivo fue combatir la subversión desconociendo a las víctimas, negando la observancia del Derecho Internacional Humanitario y el desplazamiento forzado de personas, llamándolas apenas emigrantes.
La restitución de tierras también es importante. El Estado reconoce que hubo despojo masivo de 6,6 millones de hectáreas, y es ésta la magnitud del desafío.
IPS: ¿Y las principales carencias?
MR: Que en su concepción la ley se quedó corta frente a tratados y principios internacionales.
Además, en la implementación hay riesgos, porque la oferta de los servicios sociales y subsidios de vivienda a los que tenemos derecho el común de colombianos no puede considerarse como reparación. Hay que garantizar la reparación integral.
Según nuestros cálculos, esta reparación representaría una suma equivalente a 40 millones de dólares, sin contar el daño moral.
Es cierto que casi ninguna sociedad puede pagarlo todo, pero hay que acercarse lo más posible, porque las víctimas merecen, para ellas y sus hijos, educación, incluida la superior, vivienda e ingresos dignos, como oportunidades para aportar a la sociedad trascendiendo la economía informal.
IPS: ¿Cuáles son a su entender las limitaciones de la norma que se deberían superar?
MR: Se requiere aislar a su principal enemigo, que es el uribismo, y lograr el compromiso de otros partidos políticos. También que la sociedad colombiana, que a veces es autista, adquiera responsabilidad, conociendo del tema, sin afirmar alegremente que las víctimas piden demasiado.
También hay que acompañar a las víctimas, en especial en zonas rurales, porque la restitución de tierras se adelanta en medio de las balas.
IPS: ¿Existe la posibilidad de que las víctimas puedan recibir la reparación más de una vez?
MR: Sí. Este es un dilema porque la restitución en medio del conflicto armado interno no garantiza la no repetición. Mientras haya conflicto, la violación de derechos siempre es posible.
IPS: ¿La Corte Constitucional se pronunciará ante estos puntos y otros, incluidas las recomendaciones de la Organización de las Naciones Unidas?
MR: Por ser una ley ordinaria, el presidente de Colombia tiene facultades para formular decretos reglamentarios en los próximos seis meses sobre 15 temas, entre ellos, el esquema de participación de poblaciones desplazadas, el programa de indemnizaciones y la actualización de la (gubernamental) Defensoría del Pueblo, que deberá aumentar su capacidad para el acompañamiento de víctimas.
La Corte Constitucional participaría sobre posibles demandas. Por eso, en estos seis meses debemos hacer un estricto seguimiento de su cumplimiento, para lo cual la participación y movilización social serán cruciales.
Pero sí creo que cualquier pronunciamiento será positivo, porque la Corte en 20 años ha demostrado salvaguardar los derechos y su protección.
IPS: ¿Cuál es la exigencia al gobierno de las organizaciones humanitarias frente a la sostenibilidad fiscal para la reparación?
MR: Pedimos que el tema se discuta con expertos de mentalidad abierta, porque los neoliberales, incluido el ministro de Hacienda y Crédito Público, Juan Carlos Echeverri, dicen que no hay dinero, pero mantienen generosos subsidios a productores de etanol y exportadores de flores, entre otros.
Colombia, comparativamente, es un paraíso fiscal. Por lo que es posible captar recursos del capital financiero y de quienes insisten en los tratados de libre comercio, que deberían de contribuir con los costos de la reparación.
En los informes de desarrollo humano siempre ocupamos entre el segundo y tercer lugar de inequidad en la lista de países de América. Entonces preguntamos, por qué tanta generosidad con los ricos y no con las víctimas.
IPS: ¿Diez años serán suficientes y efectivos, o primero llegará el olvido?
MR: Es otro desafío. Porque tenemos la experiencia de la Ley 387 de 1997 (de prevención de desplazamiento forzado), que ocupó siete años en procesos judiciales que motivaron la expedición de la sentencia 025 de la Corte Constitucional por el incumplimiento sistemático de una ley votada por el Estado.
Es un riesgo. Pero una consideración de tipo humanitario es que las víctimas que se encuentran en condición de indigencia no pueden esperar 10 años, porque sería indigno.
Si el Estado no cumple, la vulnerabilidad de las víctimas será su responsabilidad.
