«Los encuentro muy afectados» emocionalmente. «Les han matado al papá, a la mamá y a los dos hermanos. Manifestaron el deseo de irse del país», dijo el vicepresidente de Colombia, Angelino Garzón, tras reunirse este martes con los hijos de Ana Fabricia Córdoba, la líder social asesinada el 7 de este mes.
Se marchan del país Diana, de 27 años, Carlos Arturo, de 18, y Carolina Ospina Córdoba, de 12. El crimen perpetrado en Medellín, capital industrial de Colombia, fue otra gota que rebasó la copa en la guerra sucia más larga de América Latina.
Defensores de derechos humanos y líderes sociales, indígenas y afrodescendientes suspendieron el lunes el diálogo con el gobierno ante "los persistentes ataques" en su contra.
La denominada Mesa Nacional de Garantías, creada en abril de 2009 para proteger su labor, quedó en veremos por iniciativa de centenares de organizaciones étnicas y de la sociedad civil.
El mecanismo tripartito tiene acompañamiento permanente de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y los gobiernos de Suecia y de España.
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Apenas el viernes, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, se reunió en Bogotá con la sociedad civil y respaldó su accionar.
"Siguen muriendo personas simplemente por defender sus derechos. Esto es insostenible", dijo Ban ese día en la ceremonia donde el presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, promulgó la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
Córdoba, de 51 años, sobrevivió al exterminio del izquierdista partido Unión Patriótica (UP), surgido en 1985 de los acuerdos de paz con las insurgentes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
En 2001 no pudo más y se vio obligada a desplazarse de su hogar y huir a Medellín, donde fue testigo, y denunció, la toma de los barrios populares iniciada en 2002 por parte de grupos paramilitares de ultraderecha comandados por narcotraficantes, y su connivencia con la fuerza pública de seguridad.
Córdoba fue asesinada con un arma con silenciador en un bus urbano.
"Vi matar a mi madre, a mi padre y a todos mis hermanos", decía Córdoba, como en una historia que da vueltas en redondo. Así perdió a 11 familiares, incluyendo dos hijos.
Atribuyó el asesinato en 2010 de uno de ellos a oficiales de la Policía de Medellín. También los sindicó de apoyar la estructura paramilitar local. Por eso rechazó que esa fuerza de seguridad adelantara un "estudio de riesgo", como prescribe el programa estatal de protección.
"A mí me van a matar, pero lo que yo quiero es justicia", decía. Hace cuatro meses arreciaron las amenazas.
"A nosotros nos hace falta un poquito de valentía. No con fusiles", subrayaba Córdoba, para enfrentar "en red", colectivamente, la persecución que es pan de cada día para líderes cívicos y sociales: desde los carcelazos arbitrarios uno le tocó a ella dos meses en 2004— hasta el desplazamiento y la desaparición forzadas.
Pero Ana Fabricia Córdoba solo hace la punta actual del iceberg.
En 2011 han sido asesinados en Colombia 18 hombres y mujeres defensores de los derechos humanos, según la no gubernamental Reiniciar, que lleva el caso colectivo de la UP ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Van 102 en los últimos cuatro años.
Córdoba pertenecía a la Ruta Pacífica de las Mujeres, movimiento feminista objeto recurrente de amenazas, la última el 2 de este mes.
El panfleto está firmado por supuestos "comandos urbanos" de la estructura armada narcotraficante "Los Rastrojos". Declara "objetivo militar" al PNUD y a la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, a 17 organizaciones de derechos humanos (seis de mujeres) y a 16 personas, de ellas 12 mujeres.
"Todas trabajamos con víctimas y, sobre todo, en protección de las mujeres", explicó a IPS Pilar Rueda, Defensora del Pueblo (Ombudsman) delegada para la niñez, la juventud y las mujeres y quien aparece en la lista.
"Es decir, toma forma cada vez más que el objetivo son mujeres víctimas y defensoras de derechos humanos", consideró, y destacó que "nuestra agenda es hacer que el gobierno cumpla con políticas públicas de protección".
Aunque el panfleto invoca que empezarán "a exterminar a cada uno de ellos sin piedad" y agrega "que no permitiremos que dañen la política de nuestro presidente (sic)", Rueda señala que los autores no tienen que ver con Santos.
Más bien, "con una institucionalidad local muy posicionada, con unas estructuras (armadas) que no han sido totalmente desarticuladas y con la disputa del poder concreto contra la gente", afirmó.
"¿Qué han hecho las autoridades para investigar las amenazas que se habían hecho antes? ¿No es tiempo de que el Estado revise los esquemas de protección para los defensores y defensoras?", planteó Christian Salazar-Volkmann, director de OACNUDH en Colombia, al reaccionar por la muerte de Córdoba.
En esencia, esa misma exigencia llevó a suspender la Mesa de Garantías.
Las medidas de protección de los líderes sociales y defensores fueron reducidas desde mayo de 2010 por el entonces presidente Álvaro Uribe (2002-2010).
El presupuesto para transporte y reubicación de los amenazados disminuyó drásticamente.
Además, el servicio de escoltas pasó a una empresa privada, agravando la crisis de confianza generada por la evidencia documental de que los custodias estatales espían a sus escoltados.
"El Estado colombiano no ha entregado aún resultados en las investigaciones de los crímenes contra defensores y líderes sociales ni sobre las numerosas amenazas", dice el comunicado que anuncia la suspensión de la Mesa.
La impunidad aumenta, mientras que, paradójicamente, se enjuician sin fundamento muchos defensores.
El lunes, el vicepresidente Garzón llamó a las organizaciones a retomar el diálogo con el gobierno.
La Defensoría del Pueblo hace parte de la Mesa de Garantías. "Estamos muy preocupados por la ruptura", dijo Rueda. "Lo fundamental es que tiene haber una investigación que aclare quiénes son los autores de las amenazas", apuntó.
