Más allá del impacto que pueda tener en las elecciones de octubre, pocos dudan de que el gobierno argentino de Cristina Fernández se verá afectado por el escándalo por fraude que involucra al exapoderado de la Fundación Madres de Plaza de Mayo, beneficiaria de subsidios para construir viviendas sociales.
La última encuesta difundida por Enrique Zuleta Puceiro indicó que casi 53 por ciento de los entrevistados creen que el tema "reviste trascendencia y gravedad institucional y política" y no está circunscrito sólo a la Fundación, creada por la organización de mujeres conformada hace 34 años en plena dictadura para reclamar por la vida de sus hijos detenidos ilegalmente.
La Asociación Madres de Plaza de Mayo decidió a comienzos de este mes separar de la Fundación al apoderado Sergio Schoklender y a otros colaboradores suyos luego de que la justicia les iniciara una causa por presuntos fraude y lavado de dinero en relación con fondos cedidos por el gobierno para construir viviendas con destino a erradicar asentamientos irregulares.
La denuncia fue elevada por la Unidad Fiscal para la Investigación de los Delitos de Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo, que tomó las actuaciones contra Schoklender a instancias de una presentación realizada por dos legisladores de la oposición hace un año. Asociación Madres pidió luego al juez ser considerada querellante en la causa.
Por el momento, la pesquisa se centra en el apoderado de la fundación, en su hermano, Pablo Schoklender, y en varios socios, pero ya está operando también la Auditoria General de la Nación, dependiente del Congreso legislativo, y hay otra investigación para determinar si hubo funcionarios públicos involucrados.
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Sergio Schoklender se relacionó con Madres de Plaza de Mayo tras dejar en 1995 la cárcel donde cumplió una condena por asesinar en 1981 a su padre y a su madre, en complicidad con su hermano. En cautiverio se recibió de abogado y psicólogo.
La policía allanó por orden de la justicia la sede de la Fundación donde tenían las oficinas los hermanos Schoklender y otros ámbitos.
La justicia investiga el destino de unos 765 millones de pesos (unos 185 millones de dólares) transferidos por el Ministerio de Planificación Federal a los gobiernos comunales para pagar, contra la certificación de obra, las viviendas populares levantadas por la Fundación a través del programa Sueños Compartidos.
El acercamiento
Este proceso judicial, que podría incluir la citación de la histórica presidenta de Madres, Hebe de Bonafini, salpica al gobierno de Fernández, que subsidia los proyectos humanitarios y sociales de la Asociación Madres de Plaza de Mayo.
Fernández develará la próxima semana si se presenta o no como candidata a la reelección en los comicios del 23 de octubre, para los cuales las encuestas la ubican como favorita y a una distancia considerable de sus competidores de oposición. La crisis en una organización humanitaria afín al gobierno podría debilitar su postulación, según analistas.
El acercamiento de Madres al gobierno del Frente para la Victoria, el sector centroizquierdista del Partido Justicialista (peronista), comenzó con la presidencia del hoy fallecido Néstor Kirchner (2003-2007), esposo y antecesor de Fernández, a partir de su política a favor del esclarecimiento de los crímenes de la dictadura en línea con los reclamos históricos de la organización.
La agrupación Madres de Plaza de Mayo nació pocos meses después del golpe de Estado de 1976 que instauró una sangrienta dictadura de siete años, que pobló las cárceles de opositores, torturó y practicó un sistemático plan desaparición forzada de detenidos ilegales, que organizaciones de derechos humanos calculan en 30.000.
Las Madres se dieron a conocer en el país y luego en el mundo a partir de sus reclamos públicos de aparición con vida de sus hijos con las rondas que cada jueves realizan desde entonces en torno al obelisco existente en la Plaza de Mayo, el paseo ubicado frente a la Casa Rosada, sede del gobierno.
Con sus pañuelos blancos en la cabeza, las mujeres, hoy todas mayores de 80 años, se convirtieron en símbolo de la lucha contra la dictadura primero y, tras la recuperación de la democracia en 1983, contra la impunidad de los represores que habían sido amparados por dos leyes e indultos. Estas normas fueron anuladas a instancias del gobierno de Kirchner.
Simultáneamente y del mismo entorno de mujeres en lucha surge la asociación Abuelas de Plaza de Mayo, dedicada especialmente a la búsqueda de los niños y niñas secuestrados por la represión dictatorial y de los nacidos durante el cautiverio de sus padres en los campos de concentración.
No obstante, con el tiempo hubo diferencias entre las madres. En 1986 se produce una división de la que nace Madres de Plaza de Mayo, Línea Fundadora.
Las alianzas
Kirchner asumió el gobierno en 2003 con apenas 22 por ciento de los votos obtenidos en las elecciones generales a raíz de que la segunda ronda presidencial, requerida al no tener ningún candidato la adhesión requerida, no se realizó. Su competidor, el expresidente Carlos Menem (1989-1999) resolvió no presentarse porque las encuestas le auguraban un inevitable fracaso.
Con ese escaso apoyo y su Partido Justicialista fragmentado, Kirchner amplió los márgenes de su gobernanza impulsando el acercamiento a sectores sociales. Entre los atraídos se contaron las organizaciones defensoras de los derechos humanos, por la coincidencia en la mirada sobre la revisión de lo sucedido durante la dictadura y la postura de reabrir los juicios a los represores.
Esta estrategia, que ahora ofrece una grieta, resultó efectiva. Nunca antes estas organizaciones no gubernamentales habían estado tan cerca de un gobierno. Lo habitual era que estuvieran en la vereda de enfrente.
Ahora, el sondeo de Zuleta Puceiro señala que apenas 21 por ciento de los encuestados considera que el escándalo en la Fundación "no compromete" al gobierno y 67 por ciento considera que sí.
Politólogos consultados por IPS llamaron la atención sobre los límites que tiene esta forma de construcción política del kirchnerismo, que, según ellos, no difiere del armado informal al que apeló siempre el peronismo.
Carla Carrizo, licenciada en Ciencias Políticas de la Universidad Católica Argentina, sostuvo que es ya "un lugar común" decir que el Partido Justicialista genera capacidad de gobierno mediante coaliciones sociales, más que electorales.
"No construyen gobernabilidad fortaleciendo mecanismos y actores propios de la arena electoral y de la democracia de partidos, sino debilitándolos y, en su lugar, robustecen a los actores sociales de su coalición", sostuvo.
Añadió que en el Partido Justicialista "las reglas formales no cuentan", porque se caracteriza por "una alta institucionalización informal". El problema es cuando esa práctica, útil al interior de la agrupación, pasa al resto del sistema político.
Esta construcción se expresa entonces en "la creación de instancias no estatales de gestión" como la fundación de las Madres y la asociación Tupac Amaru, liderada por otra mujer, Milagro Salas, que también construye viviendas.
Por su parte, el sociólogo Marcos Novaro, del Centro de Investigaciones Políticas, consideró que la crisis en las Madres, más allá de que tenga o no repercusiones electorales, "tendrá un impacto simbólico muy corrosivo sobre la legitimidad construida por el gobierno".
"Resulta terriblemente tóxico para Fernández no poder desprenderse de su relación con Bonafini", remarcó.
Para Novaro, contribuir a que las Madres de Plaza de Mayo se conviertan en una organización social con fines múltiples y, de paso, legitimarse con las banderas y el prestigio de la asociación, no era, en sí misma, una mala estrategia.
"El problema es que lo hicieron mal, le dieron mucho aire a Bonafini y a Schoklender, y no controlaron lo que pasaba con esos fondos", puntualizó.
