Las matanzas de los carteles de la droga en Guatemala reafirman las alertas de organismos de seguridad sobre la «invasión» del crimen organizado en América Central, y obligan a los gobiernos del área a dejar de lado sus diferencias y armonizar su lucha contra el flagelo, plantean expertos.
El 22 de mayo los presidentes centroamericanos confirmaron en Managua su decisión de abordar conjuntamente la situación , en un encuentro realizado con el impacto aún vivo de la matanza de 27 campesinos en el departamento guatemalteco de Petén, el día 15, ejecutada por el cartel de Los Zetas, que opera en México y el istmo.
La oportunidad para establecer una respuesta conjunta de los países del área será la Primera Conferencia Internacional de Apoyo a la Estrategia de Seguridad en Centroamérica, que se realizará en Ciudad de Guatemala entre el 22 y 24 de junio y en que participarán los siete mandatarios del istmo.
Allí las autoridades de seguridad de cada nación presentarán planes de acciones contra las mafias trasnacionales, que puedan ser articulados en la región, explicó el presidente de El Salvador, Mauricio Funes, en la capital de su país.
Funes detalló que los presidentes abordarán los problemas del narcotráfico, el tráfico ilegal de armas, la trata de personas, lavado de dinero y delitos derivados, que "afectan a la población y socavan la estabilidad política, la institucionalidad democrática y la gestión de los gobiernos de la región".
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El anfitrión de la conferencia, el presidente guatemalteco Álvaro Colom, ha anticipado que espera que de la cita salga un plan regional contra el narcotráfico y el crimen organizado, con énfasis en el triángulo norte del istmo por ser el más atosigado por estos delitos.
El nicaragüense Francisco Bautista Lara, consultor de temas de seguridad para agencias de las Naciones Unidas, dijo a IPS que la firma de un acuerdo que homologue los planes de combate al crimen organizado, es el primer paso de la región para alcanzar la postergada integración centroamericana frente a delitos globales.
En ese sentido, detalló que el Sistema de Integración de Centroamérica, el foro que aglutina a los siete países de la zona, busca movilizar a la cooperación internacional en apoyo a la estrategia de seguridad centroamericana, ante la creciente amenaza y actuación de los narcotraficantes.
Para ello, los países miembros deben superar diferencias de todo tipo que persisten en las relaciones comunes, dijo Bautista, exsubdirector de la Policía Nacional de Nicaragua.
"Más que un acuerdo de seguridad regional, Centroamérica requiere un nuevo pacto social, un nuevo acuerdo de paz, porque ahora se enfrenta un conflicto armado de nuevo tipo, no convencional, irregular y difuso que genera tantas o más muertes que las registradas durante los años del conflicto bélico", observó el experto.
Ello implica, a criterio de Batista, que los gobiernos fortalezcan la precaria institucionalidad en sus países para reducir la vulnerabilidad frente a la amenaza del crimen organizado.
Además, los gobiernos deben promover un crecimiento económico equitativo, mejorar el destino de recursos a proyectos de desarrollo humano, así como impulsar la depuración y profesionalización de las entidades de la seguridad pública como policía, penitenciaria, ejércitos y la justicia penal.
Bautista participó como consultor en el Informe sobre Desarrollo Humano para América Central 2009-2010, con el subtítulo "Abrir espacio a la seguridad ciudadana y el desarrollo humano", elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
Ese informe develó que América Central es la región más violenta del mundo, con aproximadamente 79.000 personas asesinadas entre 2003 y 2008 a consecuencia de la violencia criminal.
Eduardo Stein, exvicepresidente de Guatemala (2004-2008) y coordinador de la Red Centroamericana de Centros de Pensamiento e Incidencia, dijo a IPS que la situación de la seguridad ciudadana ha empeorado en el istmo en forma evidente.
Stein, quien en mayo presentó en Managua el estudio "Seguridad y Crimen Organizado Transnacional", aseguró que sus investigaciones permitieron comprobar que la región dejo de ser una ruta de transito y almacenamiento de drogas ilegales, para convertirse en "estación de servicios" múltiples de las mafias que manejan el delito.
"El crimen organizado presenta desafíos en materia de narcotráfico, porque están usando la región para gerenciar otros tipos de ilegalidad, de donde obtienen ganancias ilegítimas pero importantes: redes de contrabando de armas, de vehículos robados, de bienes culturales, de mercaderías piratas, tráfico de inmigrantes, trata de personas", dijo.
Para Stein, más allá de la lucha armada que implica frenar a los carteles del narcotráfico, uno de los mayores desafíos de los gobiernos de la región para enfrentarlos es el priorizar la atención social a las zonas vulnerables al asedio de estas mafias.
El combate efectivo contra el narcotráfico también requiere, subrayó, el fortalecer los sistemas de fiscalización institucional, mejorar la transparencia y reformar y homologar los órganos de seguridad y vigilancia de cada país para convertirlos en un sistema integrado de cooperación extrafronteriza.
América Central se ubica en la zona media del continente americano. Sus países, de sur a norte, son Panamá, Costa Rica, Nicaragua, Honduras, El Salvador, Guatemala y Belice. Está habitada por 45 millones de personas, de las cuales 22 millones viven en pobreza.
La región limita al sur con Colombia, principal productor de cocaína del mundo, y al norte con México, sede de los carteles de la droga más violentos del planeta, según la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que es el mayor consumidor mundial de drogas ilegales.
Roberto Orozco, investigador de temas de seguridad del no gubernamental Instituto de Estudios Estratégicos de Políticas Públicas, de Nicaragua, aseguró a IPS que el narcotráfico es para América Central un "enemigo común" al que solo podrá enfrentar con unidad de esfuerzos.
Para ello, la región debe superar las viejas desconfianzas ideológicas heredadas de la llamada Guerra Fría, que tuvo uno de sus epicentros en América Central en la década de los 80, e incluso trascender los acuerdos comerciales que signaron la relación de sus países en los años 90, una vez consolidada la pacificación del istmo.
Todo con un fin a su juicio prioritario ante la amenaza de los narcos: implementar un tratado único que fortaleza a la región en materia de seguridad ciudadana.
Bajo esa premisa, su instituto propone la creación e instrumentación de un "Tratado Único Centroamericano para la Prevención, Control, Combate y Erradicación del Crimen Organizado", que reúna entre otros instrumentos regionales, un acuerdo de cooperación para combatir el terrorismo, la narcoactividad y actividades conexas.
"Sin un instrumento jurídico de consenso, que establezca claramente los alcances de la región en la lucha contra el crimen organizado, los esfuerzos individuales de cada país no servirán de nada para frenar a un crimen organizado que amenaza a una región desorganizada", planteó Orozco.
